Un reporte publicado por el periódico digital El Faro, en septiembre de 2020, afirma que el poder ejecutivo salvadoreño hizo negociaciones de gobernabilidad con líderes encarcelados de la MS-13 desde junio de 2019, el año que comenzó la presidencia de Nayib Bukele.
Los gobiernos anteriores también habían hecho lo mismo, de manera extra judicial, para poder mantener los niveles de inseguridad ciudadana bajo control.
Los periodistas Carlos Martínez, Óscar Martínez, Sergio Arauz y Efren Lemus constataron que Bukele pactó la reducción de homicidios a cambio de beneficios carcelarios, aunque oficialmente esa versión fue negada.
El Faro divulgó informes de inteligencia penitenciaria y libros de novedades de dos cárceles de Máxima Seguridad salvadoreñas, que prueban encuentros de funcionarios públicos con líderes pandilleros.
Sin embargo, en los primeros días de abril de 2022 ese presunto acuerdo se rompió cuando los homicidios subieron casi a 100 en dos días, un hecho que sólo había ocurrido hace 30 años. Entonces, el presidente Bukele culpó a los tatuados y pidió a la asamblea legislativa el endurecimiento de penas y un estado de excepción que permite a la policía y al ejército su captura masiva.
A esta fecha, la cifra de pandilleros detenidos y encarcelados sobrepasa las 6,500, a quienes el sistema de prisiones raciona la comida, les mantiene enjaulados en espacios reducidos y les impide absolutamente la luz del sol.
En otras partes del mundo, hay discusión sobre las consecuencias de esos hechos en materia de respeto a los derechos humanos. En Estados Unidos, los adversarios políticos de Bukele aprovechan la situación para cobrarse el alineamiento del “pulgarcito de América” con China. En Honduras, la discusión es si las medidas de Bukele lanzarán la MS-13 salvatrucha hacia el territorio nacional. Y no faltan tampoco los discapacitados políticos que desearían que la popularidad del presidente salvadoreño se quiebre en esa guerra, por envidia.
Lo cierto es que Honduras tiene su propio problema con las maras, que hace tiempos dejaron de ser los grupos de jóvenes consumidores de pitillos armados de chimbas para convertirse en la mano de obra calificada del crimen organizado, con conexiones al más alto nivel de la dictadura Hernández.
De hecho, la extorsión que asoló territorios completos obligando a numerosas familias a emigrar dentro y fuera del país, ha sido conducida por policías y oficiales que han servido a la dictadura en el tráfico de drogas y a la vez en el cobro de extorsiones a los grupos rivales, así como en la gerencia del terror que favorece los negocios ilícitos.
Con la extradición del líder de la manada, como se autonombró Hernández, un tema fundamental de discusión es quién o quiénes asumirán el relevo del crimen organizado en Honduras. Es una discusión central porque de ahí depende la seguridad o inseguridad de la población en los próximos días y en los próximos años.
La estructura criminal que se constituyó dentro de las instituciones del Estado no ha sido desmontada; por ejemplo, de la secretaría de seguridad, de defensa o del transporte o del instituto de la propiedad y de la Corte Suprema de Justicia. Ahí continúan.
La reestructuración y aprobación del nuevo presupuesto, sorprendentemente pasado por unanimidad, es un buen paso para recuperar la soberanía financiera y desamarrar los tamales que dejaron hechos esos canallas. Pero no es suficiente.
La salida del jefe narco obliga a una recomposición del mundo criminal en el que están las maras, los bancos, el partido nacional, el partido liberal, el cohep, las iglesias fundamentalistas y las fuerzas armadas. Son demasiados actores cómplices, parte fundamental del problema.
El reciente paro del transporte, que ha sido la base organizada del partido liberal y nacional, es sin duda el primer pulso contra el pueblo que abraza a su presidenta Xiomara Castro. Ha sido un testeo del crimen organizado que acecha las fuerzas y debilidades del nuevo escenario político del país. Incluso, como bien se dijo, el paro de buses y taxis ha sido una acción solidaria del crimen organizado con su ex jefe. Una especie de despedida y anuncio.
En este escenario, los medios de comunicación tradicionales – constituidos en el cartel de soporte ideológico de la narco dictadura – también salieron esta semana a enseñar sus dientes. El primer comunicado de las tres asociaciones de medios creadas en el régimen de la dictadura y el comunicado individual de la AMC coinciden en meter la libertad de expresión como pretexto de su conocida estrategia de chantaje para morder el pastel del presupuesto público.
La diputada Claudia Ramírez, con la sana intención de cortar la promoción cultural de narcocorridos y narconovelas, que fomentan en la sociedad una serie de comportamientos tontos y de estupideces, propuso al Congreso despedir a Juan Orlando con un decreto ley que prohíba las bases de esa empresa criminal. Pero los medios desinformativos de los enemigos de Honduras saltaron a defender las narco novelas.
Al defender la producción basura, o eso que el Perro Feliz llama “telecacá”, la sociedad interamericana de periódicos y televisoras ha realizado en verdad una defensa del monopolio de la verdad y de la mentira que han utilizado para promover negocios de armas, de seguridad privada, etc etc
Todos estos factores contribuyen a mover las pasiones básicas de la población, ya sea para darle bienvenida a la confrontación social y política o para retornar a la agenda del miedo y de la inseguridad, que hizo huir a millares de familias del territorio nacional para producir remesas que han inflado la panza de los bancos privados. Eso no podemos permitirlo así pasivamente.
Por eso preguntamos, ¿quién asume el reemplazo del Chapo en México y de JOH en Honduras? Es una pregunta que hacemos a la DEA, al departamento de Estado y al Comando Sur de los Estados Unidos en primera instancia, y en definitiva a los republicanos y demócratas.
El modelo narco que impusieron a Honduras ha dejado en 20 años más muertes violentas que en la guerra de la OTAN contra Rusia utilizando el territorio de Ucrania. El modelo narco llevó el índice de homicidios en Honduras a 95 por cien mil habitantes, índice que sólo ocurre en una guerra convencional.
Honduras no quiere volver a ese cuadro en el que el ejército, la policía y las maras son los actores de la seguridad y de la inseguridad, ya sea pactada al margen de la ley en las prisiones o convenida amistosamente en Casa Presidencial. El pueblo rechaza contundentemente ese modelo.
La policía comunitaria es una buena idea para comenzar a reemplazar el viejo modelo, pero debe ser formada rápidamente con valores de la cultura democrática, entre ellos el respeto a las diferencias, la tolerancia, la solidaridad, la escucha activa, la dignidad humana sobre todas las cosas. No puede seguir en la policía esa formación chafarótica y las fuerzas armadas no pueden continuar como facilitadoras del narcotráfico.
La priorización de la educación, la salud y los derechos humanos es un excelente mensaje de la Presidenta Castro en el presupuesto nacional reciente, es un telegrama directo a los mercaderes del templo, a los vendedores de fideicomisos y de armas, que ocupan la Ahiba, el Cohep, los medios de comunicación y las otras sucursales de la dictadura moribunda.
Nos gusta la firmeza del Congreso Nacional ocupándose con transparencia de estas reclamaciones de la sociedad. Y nos gusta que Estados Unidos finalmente retome la embajada en Tegucigalpa, no para dirigir nuestra política interior y exterior, sino para respetar nuestras decisiones soberanas.
Honduras no quiere un policía imperial en Los Próceres, queremos que Estados Unidos a través de la nueva embajadora pida perdón por haber avalado electoral y políticamente una dictadura de narcos, cuyos operadores debe llevárselos todos. El modelo narco impuesto ha costado muy caro en vidas y rupturas de historias en Honduras. Es una responsabilidad pendiente, señora Laura Dogu. Pida perdón y ponga las cartas sobre la mesa, sin agendas escondidas.
Por las situaciones vividas esta semana con el paro de buseros, la entrega definitiva del líder del cartel de Lempira y la arrestación del periodista César Silva, es un deber pedir a la población mantenerse atenta frente a las amenazas y salir con decisión cuando el liderazgo ciudadano lo decida. Desde la Convergencia contra el Continuismo y la Coalición contra la Impunidad, el Estado de Honduras tendrá siempre orientación para las mejores decisiones por el bien de las generaciones presentes y futuras. Y tendrá la crítica constructiva cuando las circunstancias lo demanden.
¡Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 9 de abril de 2022
