Por Andrea Trigoso
Asesora jurídica cooperante en Honduras
Ángel Pacheco León fue asesinado el 23 de noviembre de 2001 en la puerta de su casa, que era también sede de su movimiento político, en Nacaome, frente a su hijo. Él era un candidato a diputado del Partido Nacional y su asesinato ocurrió dos días antes de las elecciones generales de 2001. Previo a su muerte, Angel Pacheco León había sido acosado constantemente y había recibido todo tipo de amenazas, incluidas amenazas de muerte provenientes de figuras políticas importantes en el país, que se concretizaron finalmente aquel 23 de noviembre.
Desde entonces la familia de Angel Pacheco León busca justicia. En el fuero nacional, a nivel judicial, hubo una serie de irregularidades que no permitieron la justiciabilidad del caso. Las investigaciones se vieron entorpecidas permanentemente, y ante esta situación, el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC) llevaron como co-peticionarios el caso ante el Sistema Interamericano. El 15 de noviembre de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió sentencia sobre el caso en donde determinó, entre otras cosas, que no se había llevado a cabo una investigación diligente, y que el Estado de Honduras tenía responsabilidad internacional por haber vulnerado los derechos a las garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de la esposa, hijas e hijos, así como de su madre, hermanas y hermanos.
Así mismo, en dicha sentencia la Corte IDH señaló como medidas a cumplir para el Estado la adopción de las medidas necesarias para la investigación, juicio y sanción de los responsables del asesinato, en un plazo razonable, así como la investigación y sanción administrativa, disciplinaria, o penal de los funcionarios. Incluyó también en las medidas, la publicación de la sentencia, el establecimiento de un protocolo diligente conforme a estándares internacionales que incluya aspectos relacionados con homicidios cometidos por motivaciones políticas, el establecimiento de un programa de capacitación en derechos humanos que incluya estándares de una investigación diligente y aspectos técnicos en casos de homicidio por motivación política, y el pago de una indemnización.
Después de cuatro años y medio de la sentencia de la Corte IDH, se citó al Estado de Honduras, a los representantes de las víctimas, y a la CIDH a una audiencia de cumplimiento de sentencia el 25 de mayo de este año. ASFC acompañó a COFADEH en la preparación y desarrollo de la audiencia. En la tarea de revisar el cumplimiento de los puntos resolutivos con COFADEH, era evidente que varias de las medidas dictadas por la Corte IDH en los puntos resolutivos de la sentencia no habían sido cumplidas hasta el momento actual. Dentro de estos incumplimientos, el que parece impactar y doler más a las víctimas es el de la falta de investigación, enjuiciamiento, y sanción a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Angel Pacheco León, cuya acción penal además está a punto de prescribir de no ser impulsada pronto por la fiscalía.
Como asesora jurídica cooperante, tuve la oportunidad de acompañar a COFADEH en la preparación de la audiencia, y de participar oralmente brevemente en la misma. Dentro del marco de tal preparación, también estuve presente en las reuniones de COFADEH con la Procuraduría General de la República de Honduras, y pude conocer a uno de los hermanos de Ángel Pacheco León, a José, quien asumiera como diputado en lugar de Ángel, que ganó las elecciones de manera póstuma. José sigue luchando por lograr justicia para su hermano, y tendría que haber participado en la audiencia, pero su madre, madre de Angel también, falleció pocos días antes de la misma, yéndose sin saber que los responsables de la muerte de uno de sus hijos han sido condenados.
Casi 21 años después, los deudos del candidato a diputado del Partido Nacional, y la sociedad hondureña en su conjunto, no saben qué pasó aquel 23 de noviembre de 2001, no saben cuáles fueron los móviles políticos de la comisión del crimen, y no saben cómo ni dónde se gestó el asesinato. Hay una denegación activa en el derecho a la verdad que tiene la familia Pacheco León, y que tienen todos los hondureños. Esta situación tiene como consecuencia la constante revictimización de los familiares, que después de un largo litigio que ha incluido instancias internacionales, no ven la materialización de su derecho a la justicia a través de la condena a los responsables.
Esta ausencia de condena penal no solo afecta a la familia Pacheco León, afecta también a toda la sociedad hondureña, pues las sentencias penales tienen un contenido simbólico de reconocimiento de los hechos para las víctimas directas, y de reconocimiento judicial de un problema estructural que afecta la sociedad, y previene el negacionismo y la continuidad de los crímenes.
Una prueba latente de la necesidad imperante para la sociedad hondureña de verdad y justicia en el caso Pacheco León, es que, en las últimas elecciones generales de noviembre de 2021, 33 candidatas y candidatos fueron asesinados por motivaciones políticas. De forma que veinte años después se revivió en Honduras 33 veces, en 33 familias, la noche de 23 de noviembre de 2001 en Nacaome. Lamentablemente, sin verdad y justicia, Honduras seguirá viviendo incesante y cíclicamente asesinatos masivos por motivaciones políticas, porque quien no conoce su historia, está condenado a repetirla.
