Choluteca.- La jueza del Juzgado de Ejecución de Choluteca, Melissa Auxiliadora Ponce, se abstuvo de aplicar decreto de amnistía a favor de dos defensores de la tierra y territorio de la península de Zacate Grande, y envía a consulta a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el expediente judicial.
La defensa de los defensores Santos Hernández y Abel Pérez, constituidos por el Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH) y la Red de Abogadas del sur, habían solicitado al Tribunal de Ejecución se celebrara audiencia Ad-hoc para aplicación del decreto de amnistía a sus representados, misma que se desarrolló el 11 de agosto.
Hoy, la jueza ha dado a conocer su resolución en la que se abstiene de aplicar el decreto de amnistía 004-22 contemplado en la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, publicada en el diario oficial La Gaceta el 4 de febrero de 2022, y envía a consulta a la Sala de los Constitucional el expediente judicial.
Los defensores de la península de Zacate Grande, Abel y Santos, quienes fueron condenados a dos años de prisión por el delito de usurpación y amenazas en prejuicio de Jorge Luis Cassis Leyva, continuarán privados de su libertad en el Centro Penal de Nacaome, Valle.
Los delitos por los que los dos defensores guardan prisión, de usurpación y amenazas, están contemplados en el catálogo de delitos del decreto de Amnistía.
“No compartimos ésta resolución en vista que el decreto de Amnistía es claro al establecer la obligación que tienen los jueces y magistrados de aplicarlo de manera inmediata”, expresó la abogada Karol Cárdenas, del área de Acceso a la Justicia del Cofadeh.
Indicó que lo que procedía aquí era aplicar el decreto de Amnistía, haber extinguido la acción penal y haber extendido y ordenado la inmediata libertad.
“Ahora tenemos que esperar que sea trasladado a la Sala de lo Constitucional y que sea esta sala que resuelva la presente solicitud, mientras nuestros representados continuarían cumpliendo una pena privativa injusta a la libertad”, finalizó diciendo la procuradora de los derechos humanos del Cofadeh.
