Colón, Honduras.- La jueza Zoe Guifarro, del Juzgado de Letras de Tocoa, departamento de Colón, negó las medidas cautelares para ocho defensores del agua del río Guapinol y río San Pedro, presos políticos desde hace 15 y 24 meses.
Por lo que el equipo de defensa legal del los ochos presos políticos ambientalistas de Guapinol, presentará un Recurso de Reposición, y la jueza Zoé Guifarro tiene 24 horas para rectificar su decisión.
La Jueza Zoé Guifarro consolida pacto de criminalización con el Ministerio Público de Tocoa a favor de Inversiones Los Pinares; Ignora sus obligaciones judiciales y mantiene a los defensores de Guapinol privados de libertad en las cárceles de Olanchito y La Ceiba, desde agosto de 2019 y diciembre de 2018, respectivamente, denunció el Comité Ambiental para la defensa de los bienes comunes de Guapinol.
Ayer viernes se llevó a cabo la Audiencia de Revisión de Medidas para exigir la libertad de ocho presos políticos defensores del río Guapinol y río San Pedro en Tocoa, departamento de Colón. Y en horas de la tarde se informó que la decisión se daría a conocer via teléfono, WhatsApp o correo electrónico hasta el sábado, por lo que se instaló un campamento solidario hasta conocer el resultado.
Sin argumentos
No hubo argumentos sólidos para que los ocho detenidos continúen en prisión preventiva, se ofreció una fianza suficiente para sustituir la prisión, pero el comportamiento del Ministerio Público es deplorable, con el avasallamiento del uso del poder acusando como y a quien se le dé la gana, declaró Omar Menjivar, abogado del equipo de defensa.
La jueza que les impuso prisión preventiva dijo que existía peligro de reintegrarse al grupo delictivo que se les asociaba, y ella misma los sobreseyó de ese supuesto delito de asociación ilícita, agregó Menjivar, en el campamento fuera del juzgado de Tocoa.
Continuarán presos políticos los defensores Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kevin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahúm Hernández, Arnold Javier Alemán en la cárcel de Olanchito, departamento de Yoro y Jeremías Martínez de 65 años y enfermo en la cárcel de La Ceiba, departamento de Atlántida.
Por su parte, Edy Tábora, también el equipo de Defensa, afirmó que «nosotros tenemos la razón desde el primer momento que nos presentamos ante un juez en febrero de 2018, hay compañeros enlibertad, pero esta es una decisión política no jurídica».
No queremos comparar los casos de corruptos que se les dicta libertad y deberían estar en prisión, por que nuestros compañeros son inocentes, ellos son castigados por defender derechos colectivos cómo el agua, aclaró el abogado Tábora.
Son 32 defensores de los bienes comunes fueron acusados por Inversiones Los Pinares y el Ministerio Público en 2018, después de instalar un campamento en defensa de la vida en agosto de ese año. En octubre fueron brutalmente desalojados y se emprendió la persuasión incluso contra don Marco Ramos, que falleció en 2015.
Diferentes entidades y defensores de derechos humanos denuncian un pacto de impunidad entre el Ministerio Público Poder Judicial para continuar con la criminalización para quienes se oponen al proyecto extractivista de la empresa Inversiones Los Pinares, en Tocoa y que contamina el agua de los ríos Guapinol y San Pedro.
