Tegucigalpa.- El 12 de agosto de 2009 un grupo de personas que se encontraba en una movilización pacífica en contra del golpe de estado de 2009, que había derrocado al presidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales, fueron víctimas de graves violaciones a derechos humanos, siendo golpeados salvajemente por los cuerpos represores del Estado, dejándoles consecuencias de por vida.
Además, después de ser brutalmente atacados, los agentes policiales los llevaron al cuartel del comando especial “COBRAS”, dirigido en ese entonces por el Policía Elder Madrid Guerra, siendo ésta una cárcel ilegal, donde continuaron las graves violaciones a derechos humanos, para después ser criminalizados durante años, por estar en contra del golpe militar de Estado.
Los y las afectadas iniciaron una larga lucha por justicia y castigo a los responsables de las graves violaciones a derechos humanos de las que fueron víctimas, junto al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
13 años después ésta lucha sigue vigente, ya que no se ha logrado la misma, porque los que continúan ejerciendo la justicia en el país son los mismos que solo obedecen sus intereses y la de sus aliados.
A finales de enero e inicios de febrero se desarrolló, después de 13 años de espera, el juicio oral y público contra los agentes policiales José Ventura Ramos, Carlos Isaías Polanco, Suyapa Marina Elvir, Juana María Alvarado y Esther Esperanza Ramos, por ejercer violencia contra 24 ciudadanos y ciudadanas que habían participado en una movilización pacífica contra el golpe de estado de 2009.
El resultado de este juicio, pese a todas las pruebas que demostraban las graves violaciones a derechos humanos, tortura, tratos crueles y degradantes que fueron víctimas, la juez unipersonal Sara Rodríguez, quién es jueza de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, absolvió a los agentes y solo condenando a Suyapa Marina Elvir, pero solamente por vejámenes, que en el nuevo Código Penal, el “Código de la impunidad”, no está contemplado como delito, sino como una falta.
“En aquel momento se presentó un requerimiento fiscal por los delitos de detención ilegal, torturas, faltas a los deberes de los funcionarios, sin embargo, la Corte de Apelaciones modifica el auto de prisión y califica estás graves violaciones de derechos humanos como vejámenes”, expresó la abogada Karol Cárdenas del área de Acceso a la Justicia del COFADEH, quien junto con la abogada Dora Oliva, también del comité, forman parte del equipo de defensa de las víctimas del violaciones a derechos humanos.
Añadió que la jueza de sentencias manifestó en su resolución que absuelve a estos tres agentes de la policía en virtud que no se logró acreditar la individualización de su participación, no así por el delito de vejámenes en perjuicio solamente de 2 víctimas en este caso de Alba Ochoa y de Mabel López”.
Está sentencia actualmente no está apegada a derecho, podríamos considerar una aberración jurídica, dejan una total indefensión a las víctimas y manda un mensaje claro de apoyo a todos estos agentes que vestidos de autoridad cometieron este hecho y que lo sigan haciendo, es un grado de impunidad y es lamentable que después de 13 años las víctimas no hayan logrado obtener justicia, agregó.
Cárdenas señaló que abonado a ello que el delito por el que se les está acusando es un delito menor, menos grave como el código lo establece, un delito cuya pena es de tres a cinco años.
“Y que todavía sean absueltos en el caso del sub comisionado José Ventura Flores en su condición de garante, que aunque él no participó en los hechos, no hizo nada para detener a sus subalternos, en el caso de Isaías Polanco fue la persona que trasladó a las víctimas junto a los agentes a los comandos Cobras, en un centro de detención no autorizado; en el caso de Suyapa Elvir se acreditó su participación en la audiencia, se acreditó el que ella golpeó a Mabel López, se acreditó que José Ventura se encontraba en el lugar y que todo estas acciones cometidas en contra de 24 de las víctimas, fue a su vista y paciencia”.
Además añadió que “se acredita mediante los dictámenes médicos legales que efectivamente las víctimas presentaban golpes como ser fracturas, golpes contusos, hematomas en sus diferentes partes del cuerpo y que estas lesiones eran concordantes con lo manifestado por las víctimas y todos estos elementos fueron acreditados en el juicio, por lo cual consideramos que es una aberración jurídica y que crea más impunidad y que deja puesto el paso libre para que esas personas puedan ejercer sus funciones, comentan violaciones a derechos humanos y qué esas acciones se vayan al manto de la impunidad”.
“Procede interponer un recurso de casación en este caso sería contra la sentencia absolutoria que se le otorgó a los tres agentes de policía, y también contra la resolución de Juana Barahona porque la jueza condena por faltas y no por los demás delitos que se acreditaron en el juicio”.
Oslin Daniel George Cantillano, una de las victimas de este caso señaló que la sentencia que la Corte Suprema dio en el caso 12 de agosto del 2009, es una muestra más del control de los grupos de poder con la justicia.
“Consideramos que es una muestra más del control que tiene los grupos de poder y las fuerzas de seguridad. Sobre el actuar de la Corte Suprema de Justicia creo que la vulneración del derecho de las víctimas y seguir mostrando que el respeto a los derechos es lo que menos les interesa, queda evidenciado justamente en esa sentencia que emiten donde libera a todos los policías y solo sentencian a una cuando podemos demostrar que hay una gran cantidad de pruebas que evidencian los abusos y los vejámenes, las torturas y las detenciones ilegales que cometieron, y que eso lo están obviando justamente para beneficiar a los militares y los policías de ese momento”.
Agregó que “creo que el actuar de la corte 13 años después de estar exigiendo justicia solo muestra que no ha cambiado un céntimo desde el golpe de estado, siguen teniendo las élites el control de este país y los evidenciado justamente en el momento de la sentencia del juicio 12 de agosto”.
Ojalá que con este nuevo gobierno y esta nueva elección de la corte podemos ir superando toda la coaptación que tiene de la institucionalidad de justicia, para poder perseguir la justicia que no se ha logrado durante esos 13 años.
Añadió que es una pena obtener una sentencia de absolución de los victimarios cuando las evidencian demuestra todo lo contrario y es un atropello al derecho de justicia que tiene las víctimas después de tantos años de lucha de exigencia de violaciones.
Alba Ochoa, otra de las víctimas dijo a defensoresenlinea.com que “llevamos 13 años esperando que se haga justicia, todos los compañeros nos sentimos muy defraudadas con la justicia hondureña, nos encontramos, aunque le voy a decir que esta era una situación que ya la esperábamos, después de que se aprobó el Código de la Impunidad, estas eran las cosas que ya se veían venir”.
Nosotros habíamos denunciado y habíamos acusado a los policías que nos golpearon por varios delitos: torturas, detención ilegal, golpes, violación a los derechos humanos, y todos esos no fueron considerados, a pesar de todas las pruebas que nosotros presentamos, no fueron considerados por los jueces y solamente dejaron el delito de vejámenes, y eso lo hicieron ya con premeditación porque el delito de vejámenes no aparece en el Código de la Impunidad.
Añadió además que el juicio continuó gracias a las abogadas de COFADEH, que siempre están velando por nuestros intereses, hicieron ver que ellos habían incumplido con los deberes a los funcionarios, porque nos golpearon, nos trataron muy mal y por eso fue que el juicio se desarrolló.
Ochoa señaló que “estamos muy defraudados, creemos que esta corte de injusticia, porque realmente no hace nada de justicia, es la misma del golpe de estado, es la misma de la narco dictadura y que realmente lo que hacen es proteger a los corruptos, proteger a los narcotraficantes y a los violadores de derechos humanos”.
Nosotros dimos pruebas, y no solamente está mi testimonio de que ella me estaba golpeando si no que está el testimonio de varias personas, y hay incluso fotografías, hay videos en el cual a ella la identifican plenamente, sin embargo, esto no fue considerado por los jueces y al final le dieron solamente la cuestión de faltas, que estas faltas son delitos memores, que en realidad se considera una falta menor, que puede ser conmutable”.
Las víctimas son Gerardo Arturo Flores Valeriano, Mabel Carolina López, Nelson Gustavo Rivera López, José Natividad Pérez Lorenzo, Oscar Manuel Murillo, Santos Ricardo Peña Pavón, Darwin Isaac Amaya Alvarado, Alba Leticia Ochoa Camacho, Sergio Raúl Jerezano, Darwin Said Hernández Carbajal, Oslin George Cantillano.
También Rosario Vásquez, Emerson Rosicler Barahona y Daniel Ángel Cárcamo Sánchez y otras nueve personas más, sumando en total 24 personas.
