Por: Sandra Rodríguez
La Paz, La Paz.- Pese a que es un delito con pena menor a cinco años, esta tarde el juez de Letras de La Paz, Hugo Danilo Torres Pérez, dictaminó prisión preventiva al presidente del grupo campesino 09 de julio, de Tutule, La Paz, Samuel Edgardo Martínez López (33), y su compañero de lucha Carlos Eduardo López (35), acusados de usurpación.
Los defensores por el acceso a la tierra, fueron denunciados por el terrateniente Carlos Arriaga en la comunidad de Las Huertas, Tutule, donde el grupo campesino permanece desde hace siete años cultivando sus alimentos, y en más de 25 ocasiones han sido víctimas de desalojos violentos.
Arriaga declaró hoy en la audiencia inicial, que vio a los imputados en los predios, declaró la abogada de la defensa Karol Cárdenas. Por lo que se consideró que con dicha acción los campesinos violentaron una de las medidas sustitutivas a la prisión, impuestas por dicho Juzgado, cuando Carlos y Samuel fueron llevados a audiencia de presentación de imputado en el mes de mayo, pero distintas fechas, tras ser arrestados.
El expediente 231-3-2010, libra orden de captura contra un grupo de personas señaladas como usurpadoras de tierra, el 20 de julio del 2010.
Ambos dirigentes de la empresa campesina 09 de julio, fueron llevados a cárcel, pese a que el delito tiene una pena menor a cinco años, por lo tanto, se debe aplicar medidas sustitutivas a la prisión, según los artículos 227 del Código Penal hondureño y el 445 del Código Procesal Penal, explicó Cárdenas.
El equipo de defensa está compuesto por las abogadas Karla Alegría, de La Vía Campesina; y Karol Cárdenas, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), quienes realizan el procedimiento correspondiente para que se actúe conforme a Ley, explicó Alegría.
Hasta el día de hoy tenían las medidas sustitutivas a la prisión de presentarse ante un juez cada semana; no salir del país; no acercarse al lugar en litigio y prohibición de comunicarse con el ofendido.
La defensa considera que, con el hecho de presentarse a las audiencias manifiestan la voluntad de someterse al proceso, pero el juez no consideró eso, y los envió a prisión.
Carlos fue capturado en su vivienda tras un allanamiento policial en su vivienda, la madrugada del viernes 28 de abril reciente, y por varios días permaneció privado de libertad, hasta el 05 de mayo.
Mientras que Samuel fue detenido por agentes policiales la mañana del domingo 25 de junio en el centro de Tutule, cuando este se encontraba en el velorio de una pariente. Los uniformados fueron directamente a él y lo exhibieron en una patrulla, declaró la víctima.
Esta situación obliga a los líderes campesinos de la empresa que coordina Samuel, a estar huyendo, pues no se sabe a quién persigue las autoridades o quiénes tienen órdenes de captura.
En Honduras, más de 300 mil familias campesinas no tienen acceso a tierra, y unas 5,200 han sido criminalizadas por exigir este derecho, esas al menos 20 han sido recluídas en diferentes centros penales a nivel nacional.
Reiteradas violaciones
El COFADEH condena este tipo de actuaciones judiciales que violentan los derechos fundamentales de los defensores por el derecho a la tierra, y el trato que ha sometido a la impotencia a miembros de la empresa campesina 09 de julio, que aglutina a más de 60 personas, víctimas de reiterados desalojos violentos, allanamientos policiales y militares, golpes, torturas, detenciones ilegales incluso a personas de la tercera edad y niños, una mujer abortó a su hijo producto de la tensión generada por la acción violenta y la inhalación de gases tóxicos de las bombas lacrimógenas, lanzadas por las fuerzas policiales el 11 de mayo del 2016.
En el último desalojo, el 13 de enero pasado, resultó herido de bala en su rodilla derecha el presidente del consejo indígena Lenca de Simpinula, y miembro del Movimiento Indígena Lenca de La Paz-Honduras (MILPAH), Víctor Vásquez, cuando hacia labores de observación en el hecho violento.
En el departamento de La Paz, se cree que hay unos 700 campesinos criminalizados por estar en procesos de recuperación y defensa del territorito. En su mayoría pertenecen al pueblo indígena Lenca, y los ampara el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que trata sobre los derechos de los pueblos indígenas y Tribales.
