Choluteca.- Los jueces que conocen las solicitudes de aplicación del decreto de amnistía contenida en la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, siguen dilatando este proceso, principalmente contra las personas que luchan por la defensa de la tierra y territorio.
El juez del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Ramón Francisco Videa Talavera, no celebró la audiencia ad-hoc solicitada por el Comité de familiares de Detenidos Desaparecidos en Hondoras (Cofadeh), en favor de la Cooperativa Campesina Cerro Escondido, la que estaba prevista realizarse el 8 de septiembre del año en curso.
“La secretaria del juez Ramón Videa nos informó que la audiencia iba ser suspendida en virtud que se había llevado a cabo una audiencia inicial, y que el juez se encontraba en ese momento elaborando la resolución”, señaló la procuradora de derechos humanos del área de Acceso a la Justicia del Cofadeh, Karol Cárdenas.
Indicó que la audiencia fue reprogramada para el día martes 17 de octubre de 2023, a la 1:30 de la tarde.
La abogada Cárdenas señaló que la suspensión de la audiencia y reprogramada para otra fecha, “ocasiona perjuicio tanto a esta representación como a nuestros representados, quienes tienen que trasladarse desde sus comunidades, ocasionándoles un perjuicio económico”.
Añadió que ya son varias las ocasiones en las cuales los jueces suspenden este tipo de audiencias cuando ya nos encontramos en sede judicial, esto pues ocasiona perjuicios y dilata tanto la aplicación de amnistía, la cual está plasmada en referido decreto.
Finalmente señaló que espera que se lleve a cabo la audiencia para la fecha que está siendo señalada y así se le pueda aplicar a sus representados la amnistía como así en derecho corresponde.
Los miembros de la Cooperativa Cerro Escondido están han sido acusados del delito de usurpación en perjuicio de Inversiones Agroindustriales S. de R. L. y Empresas Inversiones y Servicios del Sur S.A. de C.V.
La Cooperativa Cerro Escondido está conformada por 63 familias y está ubicada en Mojarás, Marcovia, Choluteca, y desde el 2017 iniciaron el proceso de recuperación de tierra en el sector conocido como Las Salinas.
Esto ha traído a los socios persecución, amenazas, criminalización y, por supuesto, la muerte violenta de la líder Iris Argentina Álvarez, hecho ocurrido el 2 de abril de 2020.
