Giorgio Trucchi | Rel UITA
El pasado 31 de mayo se cumplió un año de la injusta detención de Rommel Herrera Portillo. El joven fue víctima del falso positivo de la quema de unas llantas en la entrada de la embajada estadounidense en Tegucigalpa, en el marco de una movilización de médicos y maestros contra la privatización de salud y educación.
Después de pasar casi 5 meses encerrado injustificadamente en una cárcel de máxima seguridad, en octubre pasado, Rommel fue trasladado al hospital psiquiátrico “Mario Mendoza”.
La decisión fue tomada por el juez a raíz del dictamen de Medicina Forense, donde se evidenciaba “daño psiquiátrico condicionado por el aparecimiento de trastorno mixto de ansiedad y depresión”.
En diferentes ocasiones, el equipo de defensa, integrado por Cofadeh y el abogado Omar Menjivar, solicitó una revisión de medidas cautelares para que Rommel pudiese defenderse en libertad.
También pidió procedimiento abreviado para que el tribunal recalificara los delitos por el cual estaba acusado.
Hasta el momento todos los intentos han fracasado, el joven maestro sigue encerrado y su condición continúa deteriorándose.
“Desde que se decretó emergencia sanitaria no hemos podido comunicarnos con él. El mes pasado hasta restringieron la posibilidad de entregarle comida casera”, dijo a La Rel, Juan Carlos Herrera, papá de Rommel.
“La pocas noticias que tenemos nos llegan a través del personal de seguridad del hospital. Rommel está cada vez más aislado, más triste y deprimido. Estamos muy preocupados”, agregó.
La audiencia inicial estaba prevista para el 16 de abril, pero fue suspendida a raíz de la pandemia. De momento no se conoce la nueva fecha.
Un año difícil
“La fiscalía se ha negado a acercar posiciones y ha sobredimensionado las acusaciones contra Rommel.
Vivimos en zozobra por no saber qué va a pasar con el cipote. La única esperanza que tenemos es que en el juicio se demuestre lo absurdo de todo esto”, manifestó Herrera.
Para él no hay dudas de que el caso de Rommel y demás presos políticos están siendo usados por el gobierno para engendrar miedo en todas aquellas personas que protestan y luchan en defensa de los derechos.
Asimismo condenó la complicidad de Estados Unidos en el caso, y el servilismo del gobierno de Juan Orlando Hernández y del Ministerio Público.
“Cada vez es más evidente que este régimen se está ensañando con mi hijo con el objetivo de generar terror entre quienes estamos comprometidos con la lucha.
El mensaje es claro: tengan cuidado porque esto es lo que les puede pasar si siguen con protestas y luchas populares”, concluyó Juan Carlos Herrera.
