Choluteca, Choluteca. – Joseph Castillo Quiroz, es un joven albañil de 23 años que se ha manifestado contra la dictadura de Juan Orlando Hernández, situación que lo mantiene privado de libertad desde hace año y medio.
Es padre de una niña de cinco años, pero esta situación le destruyó el hogar. Fue acusado de tener armas, situación que es falsa, asimismo, de atentar contra la vida de un ciudadano durante las celebraciones navideñas en diciembre de 2019, en la ciudad de Choluteca, al sur del país.
Permanece en el centro penal de Choluteca, con la esperanza de salir pronto, confiando en su inocencia y en el trabajo de las defensoras legales del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
“Por tu cabeza hay dinero”, fue parte de las amenazas que recibió el joven, compartió su mamá, quien no ha dejado de luchar para que se haga justicia.
Joseph es un muchacho educado y trabajador, es lamentable que ya ni a su hija pueda ver, porque además en este tiempo de pandemia se ha restringido las visitas al centro penal, agregó doña Luz Idalia Quiroz, en un encuentro que sostuvo con procuradoras de derechos humanos del COFADEH.
Castillo es un joven que suma a la lista de presos políticos en el marco de la dictadura nacionalista. En este caso también estuvo privado de libertad Antonio Felipe Esquivel, de 45 años, compañero de hogar de Aleyda Huete, otra perseguida política por liderar el grupo de oposición “Bastión del Sur”, que fue absuelta en marzo de 2020, tras una fuerte persecución.
Ambos fueron remitidos a un centro penal que alberga 1050 hombres y mujeres, pero solo tienen capacidad para 600 personas, según dato ofrecido por una guardia de la penitenciaria, ubicada a cinco kilómetros al sur del centro de la ciudad.
Otro de los criminalizados en este contexto fue Carlos Daniel Tinoco de 17 años y enviado al centro de adopción social Jalteva. Pero en marzo de 2020 salió con sobreseimiento definitivo. “Calín” como es conocido en su natal Choluteca, ha sido el preso político más joven criminalizado por denunciar al régimen Hernández.
Fue acusado injustamente supuestamente por atacar a un joven, a quien supuestamente un artefacto explosivo le dañó el rostro cuando trabajaba en la gubernamental “Villa Navideña”, en la ciudad sureña.
Aleyda Huete, afirmó que Calín es un joven que lucha por los sueños que él no pudo alcanzar, pero que, si cree que los merecen otros niños y jóvenes, como la educación y salud pública y gratuita.
El Comité por la Liberación de los Presos Políticos en Honduras, registra más de 178 criminalizados y presos por manifestarse contra la dictadura desde el 26 de noviembre del 2017, cuando se Hernández se apoderó de la presidencia mediante un fraude electoral.
El COFADEH, organización que representa legalmente y acompaña psicológicamente a víctimas de encarcelamiento y persecución política, como ser el caso de Joseph Castillo, en su informe “Criminalización” recomienda al Estado que debe abstenerse de usar las medidas cautelares de prisión preventiva contra manifestantes que ejercen su derecho a expresión reunión y asociación en las protestas político-sociales.
Cuando se ha solicitado revisión de medidas para Castillo, han sido denegadas, por lo que se insiste en la revisión del expediente tomada por el COFADEH en una etapa avanzada.
