Giorgio Trucchi | Rel UITA
Un nutrido grupo de organizaciones sociales, populares y sindicales han venido insistiendo en la necesidad de una reforma sustancial del nuevo código penal, que fue aprobado el año pasado y que entrará en vigor el próximo 25 de junio.
Según las tres confederaciones obreras hondureñas, el nuevo código crea más de 50 nuevos tipos penales y varios de sus artículos atentan contra la libertad sindical, de expresión, de asociación, reunión y de manifestación.
Asimismo ataca el derecho a la protesta social pacífica y reduce las penas por delitos de corrupción y de violencia contra la mujer.
Joel Almendares, secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), explicó a La Rel que, ante la creación de nuevas figuras delictivas, están pidiendo la derogación de diferentes artículos.
Se trata de los artículos 553 (reuniones y manifestaciones ilícitas), 554 (asociación para delinquir), 573 (desórdenes públicos), 574 (perturbación del orden) y 587, 588, 589 (asociación terrorista, colaboración sin pertenencia a la asociación terrorista, delitos de terrorismo).
También los artículos 102 y 103 donde se define que las organizaciones sociales serán penalmente responsables por delitos dolosos cometidos por sus representantes y sus miembros.
Según Almendares, estas figuras penales sirven para intimidar, criminalizar y judicializar a trabajadores y trabajadoras, organizaciones sociales y populares, medios de comunicación independientes, defensores y defensoras de derechos humanos, entre otros.
“En estos artículos está la esencia del plan que tiene como objetivo golpear, acallar y desaparecer al movimiento social organizado, incluyendo al movimiento sindical.
Por esto estamos exigiendo la eliminación de estos artículos y hemos solicitado la solidaridad de organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo a la UITA. El apoyo ha sido masivo”, dijo el dirigente sindical.
Sin embargo, el secretario general de la CUTH advirtió que el ambiente no es muy propicio, y que la aplanadora parlamentaria del partido de gobierno y sus aliados podría hacer caso omiso de las propuestas y sugerencias que le han llegado desde diferentes espacios.
“Estamos lidiando con un gobierno criminal y dictatorial. No podemos descartar de que intenten dejar el nuevo código penal tal y como está ahora.
Además, la emergencia sanitaria y la limitación de derechos constitucionales no permite que el movimiento social organizado se movilice”, explicó Almendares.
Articulación de fuerzas y mayor presión
En los próximos días, las confederaciones obreras hondureñas continuarán reuniéndose con instancias diplomáticas y organizaciones nacionales e internacionales para aumentar la presión sobre el gobierno y la bancada oficialista.
Asimismo, la CUTH seguirá desarrollando campañas de sensibilización dirigidas especialmente a jóvenes.
Lo mismo están haciendo organizaciones sociales y populares comprometidas con la defensa de los derechos fundamentales.
“Nos esperan días muy difíciles. De la pandemia Honduras va a salir sumida en una crisis económica sin precedentes y un insostenible nivel de deuda pública.
A eso se le podría sumar una crisis política si el régimen pretende aprovechar la emergencia sanitaria para quedarse en el poder. Sería un detonante de una crisis aún más profunda”, concluyó Almendares.
