Por Sandra Rodríguez
Tocoa, Colón.- Más de 14 meses lleva tras las rejas el defensor campesino y del ambiente, Jeremías Martínez, quién fue entregado por los escoltas policiales que debían darle protección.
Martínez estaba en su vivienda, ubicada en la comunidad La Concepción, de Tocoa, departamento de Colón, al norte de Honduras, cuando llegó como de costumbre una patrulla policial, los agentes le dijeron que abordara con ellos porque debía ir a firmar un documento.
Siendo beneficio de las Medidas Cautelares MC 50/14 otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el patrullaje era parte de la rutina, pero en esta ocasión los encargados de darle seguridad lo entregaron a las autoridades judiciales, quedando en prisión.
Este hecho suma a la desconfianza que existe hacia la labor del Mecanismo de Protección Nacional y las medidas que se consensuan con las víctimas, que a veces las acatan porque no hay otra entidad que les dé protección.
La MC 50/14 fue ampliada el 6 de diciembre de 2016, acogiendo a integrantes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), al cual pertenece don Jeremías y al dirigente de esta organización Johny Rivas; a la dirigencia de la Coordinadora de Organizaciones Populares de Aguán (COPA), y a la familia de su coordinadora, Esly Banegas.
«La misma patrulla escolta capturó a Jeremías, imponiéndole cargos en contra por la defensa del río Guapinol», declaró Banegas, a una comisión del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que visitó la zona.
El líder campesino tiene más de 60 años, y sobre él pesan dos procesos por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza, según los expedientes # 148-2018, que al pasar al juzgado de Jurisdicción Nacional en Tegucigalpa, se registraron como #21-2019 y #22-2019. Del primero, 11 requeridos fueron sobreseídos definitivamente en audiencia inicial, en febrero del año pasado.
Leonel George, dirigente de COPA, comunicador social y miembro del Comité pro Defensa del Río Guapinol, estuvo en prisión, acusado -igual que Jeremías- por los supuestos delitos de usurpación y daños contra la empresa minera Inversiones Los Pinares, y el Estado de Honduras.
George afirmó que Jeremías fue entregado por quienes supuestamente lo debían cuidar. Por él llegaron hasta su casa y lo llevaron bajo engaño. Es así, que su caso fue visto antes y por otro juzgado. En el segundo expediente fue oculto, y el compañero volvía a aparecer.
La jueza Lizeth Vallecillo no le dio medidas sustitutivas a la prisión. En este expediente lo acompañan siete defensores del ambiente que estuvieron varios meses en la cárcel de máxima tortura «La Tolva», en Morocelí, departamento de El Paraíso, a más de 500 kilómetros de distancia de sus hogares, por una medida arbitraria del Instituto Nacional Penitenciario.
Jeremías continúa privado de libertad en el centro penal de El Porvenir, departamento de Atlántida, y, por presiones sociales, se logró el traslado de los siete compañeros a Olanchito, Yoro, tal como fue la orden inicial de la jueza Vallecillo.
El clamor popular es que Jeremías Martínez y los demás defensores de Guapinol sean liberados, que se detengan los trabajos de explotación del río y cese la persecución contra quienes defienden derechos humanos.
Hace dos semanas se realizó una audiencia preliminar en el caso de Jeremías Martínez, preso desde noviembre de 2018, que fue entregado por escoltas policiales asignados para hacer rondas en su vivienda, como medida de protección.
