Quienes asaltaron el poder del Estado hondureños desde el golpe de 2009, solo solo podría ser arrestado por una fuerza multinacional.
El ex comisionado Custodio ha sugerido con ironismo en las últimas horas que el país llegó al punto inevitable de tener que arrestar a los pendejhos y al Presidente Juan Hernández, por los delitos cometidos contra la población y las instituciones públicas.
Pero el polémico cirujano no valora que las fuerzas militares locales no pueden arrestar a su jefe, porque están bajo su seducción total. De ahí que ha surgido de otras voces la propuesta que sea una fuerza extranjera que lo haga.
Lamentablemente, la reciente denuncia de Cuba es que Almagro, el secretario de la OEA, opera dentro de las estrategias de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos y, en consecuencia, no se puede confiar en la independencia de las instancias investigativas bajo su mando.
En el caso de las fuerzas militares bajo dirección del Pentágono asentadas en La Florida y en Palmerola tienen su propia agenda, generalmente coincidente con las dinámicas del crimen organizado a nivel local en tanto éstas favorezcan sus planes estratégicos, como ya ocurrió con el Iran-Gate o las operaciones rápido y furioso.
Por eso el comunicado a posteriori de las Naciones Unidas y de la Misión de la OEA sobre las contra-reformas penales impulsadas por el equipo de campaña de los reeleccionistas, tiene sabor a una posición declarativa, de cumplimiento, sin fuerza vinculante.
La sociedad hondureña es víctima de las violencias y los terrorismos desde el Estado coludido con el crimen organizado, y no espera de la ONU y de la OEA comunicados de prensa, lo que reclama son acciones contra los delincuentes que están destruyendo los principios constitucionales y los derechos humanos amparados en tres poderes que ya no tienen razón de ser.
Por ese reclamo es que hemos aceptado la intervención internacional a partir de 2016.
La indefensa sociedad, masacrada con más de 4 mil femicidios, más de 50 periodistas asesinados, sobre tres mil campesinos y campesinas criminalizadas, centenares de crímenes de odio contra jóvenes y colectivos de diversidad sexual, y un racismo brutal contra indígenas y garífunas, ¿qué más puede esperar del golpismo criminal? Nada, sólo espera que alguien detenga ese terrorismo estatal.
Como ha escrito el ex fiscal Edmundo Orellana, lo que pasó esta semana en el Congreso Nacional es una lección para todos, especialmente para quienes ingenuamente creen que las contra-reformas tienen la finalidad de proveer seguridad, por la vía de combatir el crimen y la violencia.
Las iniciativas de Hernández y del diputado Álvarez “no se insertan en un contexto de políticas públicas. Son simples improvisaciones», en reacción al terror que provoca en la población la crueldad de la violencia autónoma, rentable e impune. Pero no solo eso. «También son iniciativas que se inscriben en el marco de la propaganda electoral del proyecto continuista del Señor Presidente”.
Esa es su estrategia, aprobar cuanta ley sea necesaria para, con la estridencia de estas aprobaciones, generar en la población la percepción de que algo, y muy grande, se está haciendo para protegerla del crimen. Es parte de la agenda de su campaña electoral, dice el abogado Edmundo.
Mientras el Presidente aprueba leyes, atentan contra los miembros de la comisión depuradora, masacran a las personas, queman buses y la extorsión florece. La policía es incapaz de encontrar las mentes perversas que están detrás de quienes atentan, masacran, queman buses y cobran la extorsión. Es incapaz porque no es policía, es un cuerpo armado que creció sin control, sin disciplina ni honor, gozando de los favores de los políticos que la envilecieron más allá de todo lo razonable. En estas condiciones, habrá que preguntarse hasta donde está involucrada la policía en estos crímenes» que dice combatir en nombre del gobierno.
Mientras eso ocurre afuera, en todo el país, allá adentro del Congreso, «una simple, pero torpe, intervención de un diputado, exhibió el verdadero rostro de la contra-reforma. La finalidad es montar una estructura de represión sin límites. A partir de ahora, todos sabemos lo que viene. Se reprimirán las protestas, a la oposición y a la prensa. Es el inconfundible proceso de formación de una dictadura.
Interesante, dice el ex fiscal que “aún los periodistas más inclinados al régimen”, han manifestado su rechazo a la pretensión de criminalizar a las personas que producen contenidos libremente en medios y redes sociales por internet. De modo que, si una persona muestra simpatía por una marcha anti continuista, como si permite que un ciudadano opine a favor de las marchas populares en contra del continuismo del Presidente, incurrirá en apología del terrorismo, si en esa marcha se producen actos vandálicos, los que, en su mayoría, son provocados por agentes infiltrados de los cuerpos de inteligencia del Estado, para descalificar las protestas.
Y concluye el ex fiscal general – y nosotros con él – que “es una estrategia diabólica, engendrada en las mentes más siniestras de los cuerpos de inteligencia, que, evidentemente, están detrás de esta estrategia. Quien lo dude, que repare en algunos de los rostros que la defienden. Son los mismos que durante la década del 80 aterrorizaron el país con la política de seguridad nacional, despareciendo, ejecutando y torturando”. Violadores de derechos humanos. Terroristas beneficiados de su falsa democracia.
Y nosotras agregamos, ese sobrino del tío que propone la censura a la libertad de expresión contra su dictadura, es el mismo coleccionista de armas de los 80s que debe rendir cuentas por las operaciones criminales que están ocurriendo ahora mismo en el país.
Buenas noches
