Tomado de pressenza.com
El informe «Riesgos no calculados»[1] de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, evidencia algo que los grandes medios, consciente o inconscientemente, ocultan: las amenazas y los ataques contra quienes defienden la tierra y los bienes comunes son cada vez más frecuentes y las instituciones financieras de desarrollo (IFD) son cómplices de ello.
«El desarrollo inclusivo y sostenible requiere un entorno en el que todas las personas tengan la libertad de expresar sus opiniones, ejercer sus derechos y participar plenamente en las decisiones que afecten sus vidas y sus comunidades», señala el informe.
Lamentablemente, comunidades, movimientos sociales y populares y periodistas comprometidos, que a diario protegen tierras y bienes comunes, exigen acceso a vivienda, educación y salud y denuncian los abusos y la corrupción, son víctimas de acoso, violencia física, criminalización y asesinato.
En especial, «amenazas y ataques son cada vez más frecuentes en el contexto de las actividades emprendidas en nombre del desarrollo», agrega el documento presentado a finales de junio pasado.
Entre los principales hallazgos, la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo señala que los ataques son generalizados e involucran a una gran variedad de países, personas, sectores, inversiones y financiadores.
Asimismo, elementos desencadenantes de la escalada criminalizadora y represiva son tanto las campañas de estigmatización contra comunidades, grupos e individuos que son etiquetados de «opositores al desarrollo», como la imposición de «proyectos de desarrollo» sin una consulta previa, libre e informada.
IFD corresponsables
«Las IFD tienen el deber de respetar los derechos humanos y garantizar que sus inversiones no pongan en peligro a las personas. Sin embargo, frecuentemente las intervenciones para el desarrollo agudizan los riesgos que corren las personas defensoras», advierte el informe Riesgos no calculados.
A través de 25 estudios de casos – diez de ellos en América Latina[2] – el amplio documento evidencia como, a pesar de los compromisos ambientales y en materia de derechos humanos asumidos, las IFD continúan financiando proyectos que ocasionan daños severos a las comunidades locales.
En efecto, casi ninguna de estas instituciones financieras «estudia de manera sistemática si el entorno es favorable para la participación pública y la defensa de los derechos humanos», conformándose con informes parcializados de sus clientes, sin monitoreo en el terreno, y pasando por alto señales de alerta temprana de riesgo para defensores y defensoras.
Tampoco los mecanismos de quejas y denuncia de irregularidades tienen las herramientas y la autoridad necesaria para prevenir y hacerle frente a las agresiones.
Una larga secuela de muerte
«El desarrollo siempre es para el gran capital y no para las comunidades. En la lucha que desarrollamos contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sufrimos división, represión y asesinatos, entre otros el de nuestra coordinadora Berta Cáceres.
Los bancos nacionales e internacionales que financiaban[3] el proyecto nunca quisieron escucharnos y prefirieron quedarse callados. Por eso son corresponsables de todas las violaciones que hemos sufrido», dijo Dunia Sanchéz del Copinh.
Siempre en Honduras, el financiamiento de la Corporación Financiera Internacional (CFI), entidad del Banco Mundial, para la expansión de la palma africana en la zona del Bajo Aguán, fue uno de los elementos que contribuyó al estallido de uno de los más sangrientos conflictos agrarios y al asesinato de decenas de campesinos.
El pueblo garífuna es otra víctima de proyectos de «desarrollo» financiados por instituciones financieras, en especial agroindustriales y turísticos, que acaparan territorios y expulsan comunidades[4].
Justo en estos días, el secuestro y desaparición de cuatro pobladores de la comunidad de Triunfo de la Cruz[5], entre ellos el presidente del patronato Alberth Esnider Centeno, tienen en vilo al pueblo garífuna hondureño que exige su aparición inmediata y con vida.
Detrás del crimen está el despojo de tierras ancestrales garífunas para impulsar «proyectos de desarrollo» y la lucha de las comunidades para recuperar lo que durante siglos les han estado arrebatando.
El derecho del pueblo garífuna sobre estas mismas tierras ha sido objeto de un largo juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que en 2015 falló a favor de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, instando al Estado de Honduras a hacer efectivo el derecho de propiedad comunal y la posesión sobre las tierras ancestrales.
Cinco años después, el Estado sigue sin acatar la sentencia.
Pequeños avances
Si bien hay IFD que han comenzado a abordar estas temáticas, hace falta mucho más por hacer.
«Se necesita no sólo un cambio en las políticas y las prácticas, sino también un giro fundamental que ubique a los derechos humanos y a las comunidades locales en el centro de cómo se concibe y se implementa el desarrollo», aclara la Coalición.
Entre las principales recomendaciones a las IFD y a los Estados, la Coalición insta a respetar los derechos y prevenir los daños, garantizar un entorno favorable para la participación de comunidades y personas defensoras, escuchar a las personas defensoras y monitorear los riesgos, y respaldar a quienes son amenazados.
[1] https://bit.ly/2CclG8Vde
[2] Brasil (2), Guatemala (2), Honduras (2), Perú (2), Colombia y México
[3] Banco Holandés de Desarrollo (FMO), Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (FINNFUND), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Ficohsa
[4] http://www.albasud.org/publ/docs/78.pdf
[5] https://cespad.org.hn/2020/07/21/asi-fueron-secuestrados-los-garifunas-del-triunfo-de-la-cruz/
Fuente: LINyM
