Tegucigalpa, Honduras.- Breidy y Norma son dos hermanas de 28 años, misma edad de la ejecución de su padre, el líder guerrillero que volvió al país creyendo en una Amnistía anunciada por el gobierno nacionalista de Rafael Leonardo Callejas (1990-19948 ).
El mártir del Río Negro, así se le nombró a Juan Humberto Sánchez, ejecutado el 11 de julio de 1992, en Colomoncagua, Intibucá, por militares que allanaron su vivienda y sometieron a la familia.
Juan Humberto, había vivido en El Salvador, donde procreó con dos compañeras de lucha, a Breidy Maybeli Sánchez Argueta y Norma Iveth Sánchez Argueta, con meses de diferencia y nacidas apenas antes que ejecutarán a su padre. Sin embargo, se conocieron hasta los 12 años de edad.
Por mucho tiempo viajaban desde El Salvador hasta las oficinas del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en Tegucigalpa, en el proceso de búsqueda de justicia y cumplimiento de la demanda ganada en 2003 contra el Estado de Honduras, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Co-IDH).
Las jóvenes coinciden en que “No se puede describir lo difícil y triste que es crecer sin papá, es un vacío que nadie puede llenar, aunque mamá, mis abuelos y tíos me hayan llenado de cariño, siempre me hizo falta mi padre”.
Ese padre era un joven, como los demás Detenidos Desaparecidos por el Estado hondureño, tenía sueños e ideales por una sociedad igualitaria, y era operador de “Radio Venceremos” del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador.
Su compromiso con el pueblo y arraigo familiar fue destruido desde el interior de su hogar y pisoteado por botas militares, según testimonio de su padre de crianza Juan José Vijil, aquella noche del 10 de Julio de 1992.
Sobre el crimen, el COFADEH fue alertado casi de inmediato por el sacerdote Celso Sánchez, asignado a la parroquia de Camasca, Intibucá, y junto a la familia de Juan Humberto iniciaron el proceso de búsqueda del guerrillero. Su cuerpo fue encontrado en Río Negro el 22 de julio, 11 días después, por el estado de descomposición su enterrado en la ribera del mismo.
El cuerpo de Juan Humberto Sánchez fue torturado, atado de pies y manos con un lazo, la lengua, nariz y genitales cercenados. Por lo que el juez Carlos Pineda del Cid, ordenó enterrarlo la ribera del río Negro.
Cumplimiento inconcluso
Pese a la Sentencia emitida en Santiago de Chile, el 07 de junio del 2003, donde la Co-IDH afirma que: La primera captura se habría producido el 10 de julio de 1992 por efectivos del Décimo Batallón de Infantería de Marcala, La Paz, bajo las órdenes del subteniente Ángel Belisario Hernández González, siendo liberado el 11 de julio de 1992 por ausencia de evidencia sobre los cargos de la detención.
Y que la segunda captura se habría llevado a cabo por efectivos del Primer Batallón de Fuerzas Territoriales en su casa de habitación la noche del mismo 11 de julio. El 22 de julio de 1992 los familiares de la presunta víctima se enteraron que se había producido el hallazgo del cadáver de Juan Humberto Sánchez “en un pozo del ‘Río Negro’ trabado entre las piedras y en estado de descomposición [,] […] llevaba un lazo al cuello que le cruzaba el pecho hasta atarle las manos hacia atrás y mostraba señales de tortura”.
Por otro lado, la Comisión alegó que el 20 de julio de 1992, antes de que el cadáver de la presunta víctima fuera encontrado, se interpuso un recurso de hábeas corpus o exhibición personal ante la Corte de Apelaciones de Comayagua por “el secuestro y detención” del señor Juan Humberto Sánchez. Este recurso de hábeas corpus fue declarado sin lugar el 14 de agosto de 1992.
Se han cumplido las acciones monetarias, no así el castigo para los responsables materiales e intelectuales. Al contrario, en los últimos años el Ministerio Público ha exhibido a la familia de Juan Humberto, doña Dominga Sánchez y don Juan José, son adultos mayores cuyas heridas no cierras, entre los últimos hechos, es que fueron citados en julio del 2019, para asistir a un juicio donde se juzgaría a dos campesinos, vecinos de Colomoncagua, en aquellos años. Pero no a los militares.
Fiscal General, Óscar Chinchilla, quiere hacer ver que esos casos los hacían civiles, puede ser que los financiaba la Asociación para el Progreso de Honduras (APROH), pero quien ejecutaba son los militares. Berta Oliva
Las fuerzas Armadas ejecutaron a Sánchez, por su trabajo como operador de la “Radio Venceremos”, apagaron su labor, y no dieron información sobre su paradero, pese al Habeas Corpus presentado por el COFADEH el 20 de julio de 1992.
La Corte- IDH condenó al Estado hondureño como responsable por la violación al derecho a la vida, a la libertad personal y a la integridad de Juan Humberto y ordenó una serie de medidas de reparación, entre ellas, investigar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del crimen, e implementar un registro de personas detenidas que permita controlar la legalidad de las detenciones.
Pero 17 años después, los responsables por la desaparición y muerte de Juan Humberto se mantienen impunes, y aún no se implementa el registro de detenciones, situación que se vuelve más complicada en este tiempo de confinamiento por la pandemia del Covid-19.
Para mantener la exigencia de justicia por Juan Humberto Sánchez y otros casos más, el COFADEH junto a otras organizaciones creó la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH, que este año (Mesa de Seguimiento), que ha urgido al Estado de Honduras a dar pleno cumplimiento a lo dispuesto por el Alto Tribunal desde 2003.
Además que tome todas las medidas necesarias para que este tipo de violaciones a los derechos humanos nunca vuelvan a ocurrir en Honduras.
Organizaciones que conforman la Mesa de Seguimiento:
1. Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
2. Casa Alianza
3. Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familias (CPTRT)
4. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
5. Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
6. Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)
7. Equipo Jurídico por los Derechos Humanos
8. Pastoral Penitenciaria Iglesia Católica
9. Pastoral Social Cáritas de la Diócesis de San Pedro Sula
10. Red Lésbica Cattrachas
