Tegucigalpa, Honduras. – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentó su informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras durante el año 2020.
El informe destaca los principales avances y desafíos en la promoción y protección de los derechos humanos, con un enfoque en la población en situación de vulnerabilidad, el impacto por la pandemia del COVID-19 y los huracanes Eta e Iota en los derechos humanos.
Y expresa que, en Estado de Derecho y rendición de cuentas, los altos niveles de impunidad por las violaciones de derechos humanos del pasado y del presente siguen siendo un desafío serio. Para el caso aún hay avances significativos en la investigación y sanción de los delitos documentados por el CONADEH respecto de al menos 179 personas que fueron detenidas, torturadas y desaparecidas forzosamente entre los años 1980 y 1993 por el Batallón 3-16 de las Fuerzas Armadas.
A la organización internacional que representa la doctora Isabel Albaladejo, le preocupa la impunidad frente a los crímenes ocurridos en el contexto del golpe de Estado en 2009 y durante la crisis postelectoral de 2017, con especial atención a los casos del uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad y las detenciones arbitrarias. Por lo que llama al Estado a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la rendición de cuentas.
Entre las recomendaciones a diversas instituciones del Estado, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reitera su compromiso de apoyar a Honduras en la protección de todos los derechos humanos para todas las personas.
Insta a las autoridades a implementar las recomendaciones de sus informes anteriores y las de los mecanismos de derechos humanos, como ser medidas urgentes y efectivas para prevenir las violaciones a los derechos humanos y crear mecanismos transparentes de rendición de cuentas para garantizar el acceso de las víctimas a sus derechos a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.
Sobre el consejo de la judicatura y la carrera judicial, que se adopte una Ley que refuerce la independencia del poder judicial, y garantizar una selección transparente de los miembros del consejo, de conformidad con las normas internacionales.
Que se adopte una política pública eficaz contra la corrupción, con enfoque de derechos humanos, que incluya un mayor apoyo a la Fiscalía Especial y al circuito judicial anticorrupción, y la eliminación de obstáculos legislativos que impidan el cumplimiento de sus mandatos.
El informe describe en cuanto al tema de privados de libertad que, según el Instituto Nacional Penitenciario, al 30 de noviembre de 2020, 21.416 adultos estaban privados de libertad, incluidas 1.167 mujeres. El 55.4 por ciento estaba en prisión preventiva, situación que preocupa a la ACNUDH, por el uso excesivo de la prisión preventiva, que debería seguir siendo una medida excepcional. A esto suma la prórroga de la administración de los centros penales a los militares.
Sugiere iniciar un debate público participativo para reformar el nuevo Código Penal (que entró en vigencia durante el confinamiento por la pandemia) y garantizar su compatibilidad con los estándares internacionales de derechos humanos, así como garantizar que toda la legislación que se apruebe respete los derechos a la libertad de asociación, expresión y reunión pacífica, al tiempo mientras que se revisan las leyes vigentes para asegurar que estén en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos aplicables.
Asegurar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluido el personal de las Fuerzas Armadas que participe en tareas de seguridad, respeten las normas y estándares internacionales sobre uso de la fuerza y derechos humanos, en particular en la gestión de manifestaciones.
Agrega que, gradualmente se realice un proceso de desmilitarización de las funciones públicas, especialmente en lo que respecta a la seguridad ciudadana, y asegurar la gestión civil, incluyendo el fortalecimiento y reestructuración de la policía nacional.
Es urgente abordar las deficiencias estructurales del sistema penitenciario, promover la labor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y avanzar hacia una gestión civil del sistema penitenciario.
A pocos días de las elecciones internas en Honduras, la Alta Comisionada refiere a que se asegure que la nueva ley electoral cumpla con las obligaciones internacionales de derechos humanos, en particular el derecho a votar y a ser elegido.
Y que se reconozca públicamente, en todos los niveles de gobierno, el papel fundamental que desempeñan en una sociedad democrática las personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales y periodistas, y condenar las violaciones a los derechos humanos y los abusos cometidos contra ellas. Y que se fortalezca la investigación y el enjuiciamiento de los delitos contra las personas defensoras de derechos humanos y evitar el uso indebido del derecho penal en su contra.
En cuanto al Sistema Nacional de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia, se debe asegurar que cuente con las capacidades necesarias, presupuesto y los recursos humanos suficientes para proteger eficazmente a sus beneficiarios.
Que los derechos sociales y económicos sin discriminación, incluidos los derechos a la alimentación, la salud, la educación, el trabajo, el agua y el saneamiento, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad sean sin distinción alguna.
“Los pueblos indígenas y afro hondureños continuaron sufriendo discriminación, exclusión y altos índices de pobreza y violencia. La pandemia de COVID-19 exacerbó aún más su vulnerabilidad, ya que las restricciones de movimiento y otras medidas de emergencia afectaron sus derechos a la alimentación, la atención médica y la tierra. En muchos casos, los estrictos controles policiales y militares en la entrada de las comunidades indígenas impidieron a los pueblos indígenas acceder a los suministros de alimentos” dice el documento.
El informe sugiere la revisión de la compatibilidad del marco legal de las ZEDEs con las obligaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo al asegurar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y afro hondureños afectados.
Se debe adoptar medidas urgentes para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia de género, femicidio, discriminación de género y estereotipos de género, garantizando la rendición de cuentas y la implementación de acciones preventivas. El Estado también debe proteger a las personas e la diversidad sexual de la violencia y todas las formas de discriminación.
Adoptar un marco jurídico sólido que garantice los derechos de las personas con discapacidad de conformidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad, incluyendo la reintegración sostenible de las repatriadas, acceso a la justicia de los familiares de las personas migrantes desaparecidas; y que se apruebe el proyecto de ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Forzadamente y elaborar una estrategia integral para encontrar soluciones duraderas para las personas desplazadas internamente.
