Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa.- Ataques digitales, persecución, perfiles públicos, allamientos ilegales, cortes de pelo, torturas, asesinatos, entre otros son patrones de criminalización que la Coalición contra la Impunidad destacó en el informe “Honduras: Monitoreo de violaciones de derechos humanos en la coyuntura del fraude electoral”.
Desde el 26 de noviembre del 2017 cuando se llevaron a cabo las elecciones populares en Honduras, dio inicio una serie de protestas de parte de la oposición al régimen de Juan Orlando Hernández, que ilegal y fraudulentamente se reeligió.
Estas acciones del pueblo han sido reprimidas sin ninguna contemplación dejando 33 personas asesinadas, más de 200 personas heridas y 117 judicializadas, hasta el 23 de enero, detalla el informe.
Según Guillermo Lopez, integrante de la Coalición contra la Impunidad, la tarea pendiente es dar nombre a los autores intelectuales de los ataques, quiénes estaban al mando de las acciones represivas efectuadas por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), Policía Militar del Orden Público (PMOP), Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), la Secretaria de Seguridad a través de la Policía Nacional, y Dirección Policial de Investigación (DPI).
Se pretende que el informe sirva cómo memoria de este momento político, deducir responsabilidades a todos los autores policiales, militares y políticos; y poder presentar cómo respaldo al igual que otros informes cómo el del Comite de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), ante organismos internacionales. Pero también queda pendiente la homologar información.
Otra tarea es documentar quienes son los presos políticos, y seguir acompañando este proceso ya que el conflicto político está vivo. López considera que el régimen va a gobernar en una crisis abierta y con el repudio de la población, por lo que hay mucho trabajo por hacer en materia de derechos humanos.
La Coalición registra 34 casos de desplazamiento por violencia en los departamentos de Atlántida, Choluteca, Francisco Morazán y Yoro, según información obtenida del COFADEH.
Desprotegidos ante la Ley
En cuanto a las campañas de desprestigio contra líderes y lideresas sociales, el informe revela que no hubo atención precisa de parte de las autoridades competentes, pese a que se tiene la Ley de Protección para defensores y defensoras de DDHH.
La respuesta a las solicitudes de protección fue un silencio. Por lo que se perdieron vidas y continuaron lss violaciones a los derechos humanos; incluso hubo ataques a periodistas que denuncian lo que sucede en el país.
La Coalición contra la Impunidad reportó la negativa de protección para el abogado y defensor de DDHH, Joaquín Mejía, atacado por medio de redes sociales, mensajes de voz y vía telefónica.
“El Mecanismo no admitió su caso debido a que en su análisis omitió la presunción que el riesgo se vinculara a la actividad de defensoría”, expone el Informe.
También fue desatendida por el Mecanismo de Protección, la solicitud colectiva de Ángel Rivera, Bartolo Fuentes, Osmary Godoy y Karina Flores, tras ser objeto de una campaña de desprestigio en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro.
Tras impugnar el rechazo, esta fue admitida y sólo se les acreditó un enlace policial, medida que siempre ha sido rechazada más cuando las agresiones puede provenir de las fuerzas represoras del Estado.
También se rechazó la solicitud de protección en favor de Wilmer Paredes, en el departamento de Atlántida. A quien se le daba seguimiento, y se lo reportó a Martín Fernández, coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), haciéndolo saber vía teléfono al Mecanismo para brindar su respaldo. El 01 de enero, Paredes fue asesinado.
La imposición de la fuerza policial-militar, el control absoluto de la institucionalidad por los grupos políticos, empresariales y militares le hacen los honores a quien mañana sábado se impondrá ilegalmente en el poder, mientras un país se moviliza y se desangra.
No son represiones espontáneas, creemos que hay algo planificado, afirmó Gilda Rivera, defensora feminista e integrante de la Coalición.
La defensora denunció que de las 33 víctimas mortales en esta crisis post electoral, dos son mujeres menores de edad; así mismo que todos están en la impunidad.
A cargo de la presentación del informe de la Coalición contra la Impunidad que reúne a a más de 40 organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos estuvo Edy Tabora, director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre); Guillermo Lopez Lone, director de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD); y Gilda Rivera, directora del Centro de Derechos de Mujeres (CDM).
El evento público, simultáneo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, la mañana de este viernes, fue respaldado por otras organizaciones y defenores/as de derechos humanos.
