Tegucigalpa, Honduras.- El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), hizo público este día, el Informe Preliminar: Manifestaciones Pacíficas y violaciones a Derechos Humanos en el contexto de la crisis de salud y educación, con hechos documentados en más de 24 ciudades a nivel nacional.
La información corresponde al período de la segunda semana de mayo al 09 de junio 2019. Conscientes que, en parte, quedan difuminados en esta nueva nube de gases lacrimógenos desatada la tarde del lunes 10 de junio, tras el fracaso del diálogo convocado por el régimen. Pero nuestro compromiso es continuar con la observación de los y las protagonistas de esta historia en desarrollo, tan cerca como nos sea posible.
El COFADEH, organización defensoras de derechos humanos, con 36 años sembrado memoria, detalla que, el presente informe es un esfuerzo institucional, de personas, defensores y defensoras de derechos humanos en las regiones de Honduras, quienes observaron y registraron las protestas en las ciudades de Tegucigalpa, Comayagüela, Zambrano, Orica, San Pedro Sula, Siguatepeque, Santa Cruz Yojoa y Comayagua.
También en La Paz, Choluteca, Danlí, El Paraíso, Santa Bárbara, Quimistán, Pinalejo, El Pital, Villanueva, Cofradía, La Lima, Tela, Trujillo, El Bajo Aguán, El Progreso, Copán, entre otras.
El documento tiene por objeto plasmar lo ocurrido desde una visión integral de las violaciones a los derechos humanos, perpetradas por las llamadas fuerzas de seguridad, a fin de contribuir con las víctimas sobrevivientes, sus familiares y entorno social, para ampliar investigaciones y exigir sanción a los responsables.
También el texto se propone ser coadyuvante de las organizaciones internacionales de derechos humanos que han emitido recomendaciones al Estado, principalmente los mecanismos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA.
Estamos conscientes que la presentación de este Informe Preliminar en medio de una nueva ola de protestas convocada igualmente por la Plataforma de Defensa de la Salud y la Educación, tras el fracaso del diálogo convocado por el régimen, deja los hechos y acontecimientos en medio de otra nube de gases lacrimógenos. Pero nuestro compromiso es, igualmente, continuar en la observación de los nuevos acontecimientos de modo tan próximo como nos sea posible.
Desde la ruptura constitucional hace 10 años, el 28 de junio 2009, se han ido implantando mecanismos arbitrarios de gobernabilidad que priorizan la eliminación de pesos y contrapesos institucionales, así como la desaparición de la independencia de poderes, la concentración progresiva de las decisiones estratégicas en el Ejecutivo y la persecución de la disidencia al proyecto político continuista, aún dentro del Partido Nacional al mando.
A partir del año 2009 se profundizó un proceso de criminalización del ejercicio de los derechos constitucionales a la protesta pacífica, la libre asociación y reunión, la libertad sindical, la huelga y la libertad de expresión.
Diferentes organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las de derechos humanos, sufren una permanente campaña de descalificación y hostigamiento desde diferentes fuentes institucionales. Defensores de derechos humanos han sido asesinados, incluyendo personas protegidas por medidas cautelares de la CIDH.
En medio de un contexto de violencias fue asesinada la indígena feminista, líder ambiental, opositora política al régimen y defensora de derechos humanos, Bertha Isabel Cáceres, cuyo crimen impactó en la opinión pública nacional e internacional.
Las elecciones de noviembre 2017, cuyos resultados fraudulentos permitieron la imposición de un segundo mandado ilegal a Juan Orlando Hernández, provocaron masivas protestas de la población en todo el país. La represión ejercida dejó heridos, torturados, detenidos ilegalmente por razones políticas, graves violaciones a los
derechos humanos; asimismo, se evidenció el uso excesivo de la fuerza por parte del ejército y la policía que derivó además en tratos crueles, inhumanos y degradantes contra manifestantes, en disturbios continuados y criminalizaciones que superan las 174 personas. Casos que no han sido investigados.
La involución de los derechos económicos y sociales, el cierre de espacios de diálogo y la grave situación de inseguridad acumulada en el país, han generado un movimiento de protesta a nivel nacional que asemeja una ola que viene y va y regresa cada vez con más fuerza, por su extensión, duración y características particulares.
El Estado, en cambio, introduce a su tradicional fuerza armada nuevos patrones de violación a los derechos humanos, que se abordan en este informe.
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