Por Marvin Palacios
Tegucigalpa.- En el Informe Preliminar presentado hoy en conferencia de prensa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su visita del 30 de julio al 3 de agosto, señala que Honduras no vive un proceso de institucionalidad democrática, además que de que en el estado persiste un clima de impunidad estructural y corrupción.
“Para que exista un pleno disfrute de los derechos humanos, resulta indispensable que Honduras avance en su proceso de institucionalidad democrática, garantice una auténtica separación de poderes y fortalezca el Estado de Derecho”, expresa tajantemente el informe.
Aunque la CIDH no lo expresa, Honduras no vive un proceso de institucionalidad democrática, al contrario, el actual régimen es producto de un fraude electoral que mantiene en el poder al nacionalista Juan Orlando Hernández.
En relación con la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, persisten serios desafíos. La situación de impunidad estructural y la corrupción han erosionado la confianza en las instituciones públicas, expresa el órgano de derechos humanos de la OEA.
“Respecto del conflicto postelectoral, la Comisión observó que persiste un clima político polarizado. Dada la percepción pública sobre la falta de legitimidad de las elecciones, se generaron protestas que fueron reprimidas mediante un uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza”.
En la represión también participaron las fuerzas armadas, en contradicción con los estándares interamericanos en la materia. En un sistema democrático es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las fuerzas armadas, aclara la CIDH.
Y agrega que “la respuesta estatal a las manifestaciones tuvo como consecuencia por lo menos 22 personas fueron asesinadas; cientos de personas resultaron heridas, incluidos agentes de las fuerzas de seguridad; y más de mil personas fueron detenidas, muchas de la cuales denunciaron malos tratos durante la captura y posterior privación de libertad. Asimismo, se reportaron denuncias por allanamientos ilegales de vivienda por parte de elementos de fuerzas de seguridad”.
Respecto a los asesinatos y otras violaciones a los derechos humanos cometidas posterior al golpe de estado, él órgano de derechos humanos de la OEA manifiesta que: “A pesar de ello, la CIDH no cuenta con mayor información sobre el progreso o desarrollo de las investigaciones respectivas. Además, las familias no estarían siendo informadas sobre las mismas.
Asimismo la Comisión advierte que a la fecha, no se habrían presentado cargos contra ningún elemento de las fuerzas de seguridad, por su supuesto involucramiento en los asesinatos o lesiones ocurridas en dicho contexto.
La CIDH urge al Estado a avanzar en las investigaciones con la debida diligencia requerida, con el fin de identificar a los responsables, juzgarlos, y en su caso, sancionarlos. A más de ocho meses de ocurridos los hechos, las víctimas y sus familiares siguen reclamando la falta de acceso a la información sobre el desarrollo de las investigaciones y resultados concretos en materia de justicia.
Considerando lo irreversible de las consecuencias que podrían derivarse del uso de la fuerza, la CIDH lo concibe como un recurso último que pretende impedir un hecho de mayor gravedad que el que provoca la reacción estatal. En este sentido, el uso de la fuerza desde ser caracterizado por la excepcionalidad, y satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad.
“La CIDH reitera su preocupación por el Plan Guardianes de la Patria, que introduce a las Fuerzas Armadas y la policía en el ámbito educativo, con la finalidad de controlar la presencia de maras y pandillas en las escuelas, así como la venta y el consumo de drogas. Dicho programa impulsa una cultura castrense y contraria a la paz, además de estigmatizar y poner en riesgo a los niños y las niñas de determinados sectores sociales”, señala el texto.
El reciente proceso de elección del Fiscal General mostró la debilidad de la normativa y la necesidad de regular la misma. También resultó preocupante la falta de equilibrio entre los poderes públicos que permitan el óptimo funcionamiento del Estado de Derecho, cuestionó la misión internacional.
Criminalización de la protesta social e impunidad de los asesinatos post electorales
Frente a esa institucionalidad endeble, que no ha sido capaz de combatir la violencia, la corrupción y la impunidad; la población dejó de confiar en las autoridades estatales, de hecho así lo expresa la CIDH cuando afirma que: “Ante la situación de impunidad y violencia que históricamente ha enfrentado Honduras, el Estado debe redoblar esfuerzos para garantizar los derechos de la población y que ésta recupere la confianza en las instituciones estatales”, recomienda la CIDH.
La CIDH ha seguido con especial atención la situación de los derechos humanos en Honduras. En ese contexto, la Comisión ha observado asuntos de orden estructural en materia de justicia, seguridad, desigualdad y discriminación, que han afectado durante décadas los derechos humanos de sus habitantes. A partir del golpe de Estado de 2009 se produjeron graves violaciones a los derechos humanos que afectaron a la población hondureña, y cuyas repercusiones persisten.
En el plano de la desigualdad social y los efectos que generan la concentración de riqueza en un pequeño grupo, la CIDH cita que: La desigualdad y falta de desarrollo para algunas poblaciones está enraizado en un sistema que beneficia a una élite minoritaria, la cual tiene relaciones con altas esferas de poder político y privado. En este contexto, se presenta una desigualdad estructural que afecta de manera desproporcionada a grupos en situación de vulnerabilidad.
En torno a la criminalización de la protesta social la Comisión explicó que durante la visita, la CIDH recibió múltiples testimonios sobre el uso excesivo y abusivo de la fuerza para dispersar manifestaciones públicas en otros contextos. Esto evidencia una visión del Estado sobre las protestas como un riesgo contra la seguridad del Estado y la gobernabilidad.
Con base en esa visión, el Estado privilegia la represión frente al diálogo. Las protestas estudiantiles, las manifestaciones de índole políticas, las reivindicaciones de tierra y los actos de protesta en contra de proyectos de desarrollo son fuertemente reprimidas y sus participantes son objeto de estigmatización, detenciones y procesos penales. Esto se contradice con los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos.
Con relación a la seguridad ciudadana y la relación con las fuerzas de seguridad, la CIDH estimó que las Observaciones Preliminares de la visita incluyen valoraciones sobre la situación de seguridad ciudadana. Se observa una disminución de la tasa de homicidios, la cual a pesar de ello continúa siendo alta.
“Se advierte además un incremento de la participación de las fuerzas militares en múltiples ámbitos y funciones relacionados con la seguridad pública. Se recibió información preocupante respecto del involucramiento de agentes militares en asesinatos, ejecuciones, secuestros y detenciones arbitrarias en contra de civiles y el desplazamiento forzado de civiles. La CIDH también recabó información sobre la falta de control sobre armas de fuego ilegales así como a la proliferación de empresas de seguridad privada”.
En relación con el derecho a la libertad de expresión, la Comisión observó un panorama de extrema complejidad en Honduras. La persistencia de elevados niveles de violencia contra periodistas y la impunidad de la mayor parte de los crímenes continúa siendo un grave problema.
A este aspecto estructural hay que sumar la decisión del Poder Legislativo de aparentemente mantener los delitos de injurias, calumnias y otras figuras que afectan a la libertad de expresión en la reciente reforma integral del Código Penal y la presentación de un proyecto para regular las redes sociales.
Asimismo, en el contexto de la crisis postelectoral se registraron agresiones graves de actores estatales y no estatales a medios y periodistas, y se generó una ola de amenazas, estigmatización y ataques en redes sociales a periodistas de ambos lados de la fractura política y social en la que se encuentra sumergido el país. También habría incluido presiones a directores de medios y periodistas para influencias la cobertura de las elecciones y los hechos que siguieron.
Respecto del derecho a la salud, existe una situación especialmente preocupante en cuanto al acceso a medicamentos y tratamientos esenciales por parte de los grupos poblacionales más desfavorecidos del país. Asimismo, en cuanto al derecho a la salud sexual y reproductiva, la Comisión lamenta que el Estado siga criminalizando el aborto de manera absoluta y prohibiendo la distribución de anticonceptivos orales de emergencia.
El documento de Observaciones Preliminares contiene un análisis pormenorizado de la situación particular de grupos de especial preocupación: mujeres; niñas, niños y adolescentes; personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex; defensoras y defensores de derechos humanos; personas bajo custodia del Estado, incluyendo personas privadas de libertad y justicia juvenil; pueblos indígenas y afrodescendientes; personas desplazadas internamente; migrantes, personas con necesidad de protección internacional, y retornados.
“La CIDH observa que en Honduras las personas LGBTI se enfrentan a actos de violencia y discriminación generalizada que normalmente permanecen en la impunidad. Al respecto, según información aportada por organismos de la sociedad civil, en los últimos 5 años, se reportan 177 asesinatos contra estas personas; incluyendo 21 en lo que va de este año y dos durante la visita de la CIDH. De estos asesinatos, se han abierto 65 investigaciones, sin que en ninguna de ellas se haya emitido una condena”.
La CIDH reitera su preocupación por la grave situación de violencia contra las mujeres en Honduras, las diversas formas en que éstas se expresa y sus consecuentes altos índices de impunidad. Los femicidios, en el 90% de los casos, continúan en la impunidad, facilitando la violencia y discriminación de género. De igual forma, la CIDH observa con preocupación la violencia ejercida contra mujeres en situación especial de riesgo, tales como mujeres LBTI y defensoras de derechos humanos.
“En particular, la CIDH llama la afectación en los derechos de las mujeres afrodescendientes y garífunas. Asimismo, el hecho de ser migrante o ser defensora de los derechos humanos pueden incrementar el riesgo de una mujer a ser asesinada y victimizada”, advirtió el organismo defensor de los derechos humanos.
Actualmente se discute la instalación de un diálogo político con el fin de superar la crisis política originada a partir de denuncias de fraude electoral y por los hechos de violencia ocurridos en el marco de las protestas posteriores.
La Comisión considera que esta crisis exige una salida democrática, incluyente y participativa. En este sentido, la CIDH insta a que todos los sectores políticos relevantes a participar en el diálogo como un paso importante para la reconciliación nacional.
