Tegucigalpa.
Por Riccy Ponce
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), junto a miembros de la Convergencia contra el Continuismo presentó este miércoles el informe “Honduras crisis política post electoral y su impacto en los derechos humanos”.
El documento detalla los últimos acontecimientos y violaciones de derechos humanos y asesinatos ocurridos entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre, periodo en que se intensificaron las protestas en Honduras exigiendo transparencia en el proceso electoral del pasado 26 de noviembre.
El documento, repartido a la prensa nacional e internacional, indica que 14 personas perdieron la vida en forma violenta, doce de ellas por la represión en las protestas y aplicación de la suspensión de las Garantías Constitucionales; 51 resultaron heridas, siete de ellas gravemente; 844 resultaron detenidas de las cuales 148 personas fueron acusadas por el delito de Robo Agravado, 3 por terrorismo y 91 expedientes penales han sido abiertos en Tegucigalpa, La Ceiba y San Pedro Sula.
Los asesinatos se registraron en las ciudades de Tegucigalpa, Francisco Morazán; Choloma, Cortes; Olancho; La Ceiba, Atlántida; Agua Blanca Sur y Olanchito ambos en el departamento de Yoro.
Así mismo recalca que la Fiscalía está valorando acusarlos por terrorismo. Es ejemplo el caso de Mario Edgardo Almendárez (35) y Carlos David Silva Hernández (28), acusados por los delitos de terrorismo, robo e irrespeto a la autoridad. Ambos fueron capturados por efectivos de la Policía Militar.
También el informe refiere que nueve niños han sido acusados de Robo Agravado en los Juzgados de menores, entre las medidas sustitutivas a la prisión aplicada a los niños, se les prohibió participar en manifestaciones políticas.
El documento también establece que en las acciones que realizaron elementos policiales para contrarrestar cualquier tipo de protestas en varias zonas de la Capital, han abusado al arrojaron gas pimienta hacia las residencias de los pobladores que se manifestaban en el cacerolazo, convocado en horas de la noche del día 02 de diciembre, afectando al menos a tres familias que tienen niños, hecho sucedido colonia Miraflores de Tegucigalpa.
Otras acciones que violentan los derechos humanos de los hondureños son los cuatro allanamientos ilegales realizados por la Policía Militar y del Orden Público (PMOP) en Tegucigalpa.
Entre las conclusiones y recomendaciones que resalta el documento están:
Levantar y derogar inmediatamente el Decreto 084- 2017 por violentar derechos constitucionales.
Implementar medidas efectivas para asegurar que los agentes policiales no lleven a cabo detenciones basadas en la posición política.
Investigar con apego a los estándares de derecho internacional todos los casos de personas detenidas que son llevadas a centros militares para cumplir con la detención administrativa.
Controlar el uso de las sustancias tóxicas, el uso de la fuerza física y el uso de armas de fuego contra la población civil, pues esto compromete la vida, la integridad y la salud de la población.
Solicitamos a los organismos internacionales seguir en detalle los acontecimientos en Honduras, porque entre muchas otras violaciones de derechos humanos, las concernientes al derecho a la vida, la integridad, la libertad personal y el derecho a la manifestación y la protesta se han incrementado.
Ver Informe BOLETIN CRISIS ELECCIONES 2017
