Indígenas de La Paz, sin acceso a tierra ni justicia

Por: Sandra Rodríguez

San José, La Paz. – «Cuándo la policía ataca no se fija si andamos criando o no», este, posiblemente sea el relato de cientos de mujeres campesinas e indígenas que luchan por el acceso a tierra y los bienes comunes de la naturaleza, en un país catalogado como el más peligroso para defender el planeta.

Honduras tiene más de ocho millones de habitantes, dos millones son mujeres rurales, que luchan en una sociedad patriarcal, por tener acceso a un predio donde volver autosostenible su alimentación y la de su familia.

El departamento de La Paz, ubicado al centro occidente del país, es habitado en un 90 por ciento por indígenas Lencas, quienes desde el 2010 han incrementado los procesos de recuperación de tierras ociosas; cuando se realizan los desalojos -generalmente- violentos, las mujeres son afectadas de diferentes maneras, pues se quedan sin vivienda, sin alimento y además deben cuidar de sus pequeños hijos e hijas.

Con la lucha por la defensa de sus derechos, es necesario la organización y formación ya sea en una base o empresa campesina, que en el La Paz hay unas 50 aproximadamente.

María Concepción Bardales, desde hace siete años es parte de una empresa campesina. Cultiva la tierra, es madre de cuatro hijos menores de edad, y ha vivido en carne propia lo que es quedarse a la intemperie y vigilada por hombres uniformados y armados que ejecutan los desalojos forzados.

Actualmente es la secretaria de género y desarrollo de la Central Nacional de Trabajadores del Campo- regional de La Paz (CNTC- La Paz), ha abanderado la lucha no sólo por su familia, sino por las demás mujeres campesinas e indígenas.

Recién había entrado al predio, que se supone es de un terrateniente llamado Trino Suazo, cuando fue desalojada, llevando un bebé en brazos y otros tres menores de edad. Al igual que el 33.6 por ciento de las hondureñas -según estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)- es jefa de hogar, por lo tanto, responsable directa de su familia y le ha tocado enfrentarse a los violadores de derechos humanos.

“La situación es un poco caliente, a las mujeres nos discriminan, no nos escuchan, si andamos en la lucha por la tierra llegan a los desalojos, no tienen compasión de nosotras, nos dejan en la calle”.

Lamenta que no exista un avance de diálogo con la policía -quienes materializan los desalojos-.

“A ellos no les importa si andemos paridas o con niños tiernos, ellos van a hacer desastre a donde estamos luchando por nuestra tierra, no les importa si estamos de hambre, debajo del sol, debajo del agua, no les importa cuánto hemos sufrido, ellos lo que hacen es destruir tal vez lo poquito que hemos hecho con nuestra lucha…”

María continuó su relato, mientras tenía receso en una reunión con compañeros y pocas compañeras de la CNTC, en el municipio de San José, “es un montón de cosas que hay acá en el departamento de La Paz, imagínese que, hasta muerte de mujeres, madres que han abortado nuestros hijos por las carreras que nos hacen dar, no hay justicia para nosotras las mujeres”.

Entre las injusticias que suceden con las mujeres indígenas lencas, no se puede dejar a un lado el crimen contra la defensora Bertha Cáceres Flores, hace 16 meses “imagínese la compañera Bertha Cáceres, se quedó así, una compañera de lucha, y está impune eso”. Agregó que “Ellos están callados como si tal nada, y no sólo ella, sino varias compañeras muertas por nuestra lucha”, entre otras campesinas asesinadas se menciona a Margarita Murillo, atacada mientras cultivaba su huerta en agosto del 2014.

A su memoria viene el recuerdo del primer desalojo que vivió, “a los tres meses de estar en la defensa de la tierra, andaba con una niña de dos años, cuando llegaron como 80 policías, a nuestro grupo. Me dejaron totalmente en la calle con hambre con frío, andaba tres niños chiquitos, y nos tuvieron de cinco de la mañana a seis de la tarde, nos quemaron la comida que teníamos, sabíamos que al iniciar una recuperación de tierras íbamos a sufrir, pero que es una lucha previendo el día de mañana para nuestros hijos».

Su base campesina se llama “Bendición de Dios” está en el municipio de San Pedro de Tutule, aunque hace años don Trino Suazo no vuelve por los predios, les dijo que trabajaran mientras llegaban a un arreglo.

En el primer desalojo fue representado por su hermano Álvaro Suazo, que supuestamente estaba sembrando tres manzanas de patastera. Nos dijo “esta no es parte de mi hermano, sino que es parte mía, porque como él me ha dicho que, si yo con esfuerzo o con un desalojo los eche a ustedes y si ustedes se van, estas tierras me quedan a mí”.

“De ahí como a los tres años, apareció el señor Trino Suazo quien habló sobre un posible arreglo de pago para una parte de la tierra, que trabajáramos y que trabajáramos, pero así nos tiene y no volvió. Supuestamente una parte de tierra es de la alcaldía, otra de la esposa y otra de los hijos, pero no sabemos nada”, afirmó.

La solución no llega para las bases campesinas, aunque se diga que algún predio es de la alcaldía, ésta más bien les obstaculiza el trabajo mediante la Unidad Municipal del Ambiente (UMA), que les saca carrera si los ven por una zona que es bosque según ellos, pero es más bien son montes bajos (zacatales) y no nos dejan que trabajamos, lamentó María.

De las 300 mil familias sin acceso a la tierra en Honduras, 37 son vecinas de María, y pasan el día a día sembrando maíz y frijoles, con el temor que en cualquier momento llegue la policía y un agente del Ministerio Público, que no sólo les queme sus bienes, sino ataquen o que lleven presos a sus compañeros.

Medios para romper el silencio

Este tipo de denuncias no se escuchan en cualquier medio, por eso es importante la radio comunitaria. Glenda Martínez, es comunicadora social, campesina e indígena, por lo que tiene claro su rol ante los micrófonos de radio Suyuguare “Tierra de Cerros y Llanos” de la CNTC- La Paz.

La radio inicia transmisiones a la una de la tarde, y cierra a las nueve de la noche, tiene  el propósito es romper el silencio que aumenta la impunidad en la violación a los derechos humanos y empoderar más a las mujeres.

Tenemos este medio y llegamos a cientos de hogares, así que distribuimos el tiempo entre música con mensajes sociales y temas actuales como explotación minera, leyes y convenios que podemos aplicar en nuestra lucha.

Glenda ha sido beneficiaria de los diplomados en derechos humanos impartidos por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) “esas formaciones me han ayudado a afirmar lo que digo, hablo con propiedad de nuestros derechos, amplío conocimientos y sé que hay personas respaldando lo que emito”. afirmó.

En la radio también hay hombres, es un grupo de seis voluntarios y voluntarias, quienes con sus propios medios y aportando tiempo, ayudan a formar conciencia “porque el régimen no quiere que nos fórmenos, no le conviene que aprendamos y ese es nuestro desafio” concluyó la comunicadora social.

Próximamente el COFADEH iniciará la formación de una Red defensores/as indígenas lencas para acceder a la justicia en el departamento de La Paz, zona brutalmente atacada por cuerpos armados al servicio de quienes tienen el poder político y económico.

Sebastián Reyes, secretario general de la CNTC- La Paz, expresó que dan seguimiento a denuncias de daños y perjuicio contra compañeros de sus bases, y esperan debilitar esos ataques que afecta la lucha por la tierra.

Reyes quien se forma en un diplomado para ser parte dela Red de defensores por el derecho a la tierra, con el COFADEH y La Vía Campesina, cree que la situación es un poco estricta, porque no es fácil, hay sufrimiento, hambre, frío, sol y al final tenemos que estar escondiéndonos de requerimientos fiscales, que tal vez han procedidos los dueños de tierras contra quienes abanderamos esta lucha.

“Es difícil no llegar una construcción de poder entendernos con los terratenientes, fiscales, policías ni alcalde”.

Todas las autoridades que tenemos en el país, están contra nosotros y no nos escuchan lo que nosotros pedimos, nos ignoran, hay poder político que está molestando y no nos toma en cuenta, puntualizó Reyes.

Hay un promedio de 700 compañeros criminalizados, actualmente se trabaja en un censo para verificar la cifra real, pues este año ha aumentado los procesos, declaró Fabricio Velásquez, secretario de asuntos legales CNTC- La Paz.

Las cifras datan del año 2010, cuando se incrementaron los procesos de recuperación. Sólo en la empresa campesina 09 de julio, en Las Huertas, San Pedro de Tutule, hay más de una decena que personas con orden de captura acusados de susurpación. Y siete años después están siendo capturados ya sea en su vivienda o en velorios de parientes, como sucedió con el presidente de ese grupo, Samuel Edgardo Martínez López, quien tiene medidas sustitutivas a la prisión desde el pasado lunes 26 de junio, bajo la representación legal del COFADEH.

Fabricio también debe andar huyendo de las autoridades, pues teme ser capturado por su beligerante lucha “la situación es difícil, porque no somos grupos organizados criminales, sino para recuperar tierras que no están prestando el uso debido, nosotros las hacemos producir con el esfuerzo de nuestras familias, y para la población, por eso pedimos que, en vez de criminalizarnos y llevarnos a la cárcel, nos colaboren para mejorar nuestro trabajo…

En eso agrademos la labor del COFADEH que no sólo nos capacita en defensoría de derechos humanos, sino que nos acompaña legalmente con la representación ante los tribunales, agregó el joven que tambien se forma junto a Reyes en procesos de defensa por el derecho a la tierra.