Tegucigalpa.- Por la irresponsabilidad del Instituto Nacional Agrario (INA) dos empresas campesinas del municipio de San José, La Paz, están en conflicto, lo que ha generado violencia, resultando personas heridas y criminalizadas.
De acuerdo al relato de los campesinos de la empresa Familia Unidas el problema surge en 1995 cuando el INA ejecuta un proyecto de titulación comunitaria.
“En ese tiempo vivíamos tranquilos todos en Llano Grande, pero resulta que el señor Salón Vásquez recorrió el área y levantó un croquis y se lo lleva al INA y este procede y les da un título. Ese título sale en el 2000 y en ese año llega una gente a la comunidad de Llano Grande y se posesionan del área”, relató José Tito Saez de la empresa campesina Familias Unidas.
Añadió que cuando eso surgió, ellos acudieron al INA a averiguar cuál era el problema y que les manifestaron que había título ahí, por lo que la comunidad recolecto toda la documentación y la presentaron, reconociendo los del INA que había cometido un error al hacer esa titulación.
El caso se fue a los tribunales y el proceso se quedó en la etapa que se señaló la prohibición de actos y contratos. Y no continuó porque los miembros de la empresa campesina Familia Unidas se quedaron sin dinero para seguir pagando los trabajos profesionales de un abogado.
Esto pasó en el año 2000, cuando un grupo de personas no pertenecientes a la comunidad que se hacían llamar empresa campesina Nueva Palestina llegaron a apoderase de los terrenos de Llano Grande, destruyendo los sembradíos, las cercas y realizando descombros.
Al declarar los Tribunales la prohibición de actos y contratos, el grupo campesino Nueva Palestina abandona los terrenos, con lo que vuelve la tranquilidad a la comunidad y a la empresa campesina Familia Unidas.
Pero en agosto del 2019, otro grupos de personas utilizando el nombre de empresa Nueva Palestina invaden nuevamente Llano Grande, destruyendo los alambrados y las siembras que había y apoderándose de la Casa Comunal.
Pese a que el INA reconoce que cometió un error con ese título, aún no hace nada por sacar a esta empresa campesina de los terrenos que, según la empresa Familia Unidas, siempre les han pertenecido porque son herencias que les dejaron sus abuelos y sus padres.
Desde que llegó Nueva Palestina se inició un conflicto en la comunidad, lo que ha generado violencia, resultando personas heridas y otras criminalizadas, y la comunidad dividida.
Un grupo de personas ha llegado atropellarnos en nuestras propiedades y el problema no solo es mí, sino que de varios vecinos y compañeros de aquí del municipio de San José de La Paz, señaló Santiago López García, quien hace un mes fue atacado por cerca de 20 hombres cuando se dirigía a visitar la propiedad de uno sus compañeros.
“El 3 de junio por la mañana iba pasando por la propiedad de Juan Argueta luego de haber estado trabajando en mi casa, miré tres hombres a la orilla de la alambrada, pensé que eran mozo de Juan, y al instante estaba rodeado de un grupo de 20 personas del grupo Nueva Palestina, les dije que iba pasando y ellos me atacaron, me dijeron que era un espía, les dije que me conocían y que iba para mi casa y que por eso iba pasando por ahí, pero cuando menos acordé sentí los leñazos que me dieron, caí al suelo, mi compañera de hogar observa desde la casa y le hacía señas que no se moviera”, narró Santiago López.
Añadió que cuando cayó al suelo perdió el conocimiento, pero que posteriormente se volvió a levantar “y les dije buenos señores hoy si mátenme, no quiero que me dejen así como estoy”.
Contó que escuchó a una mujer que usaba chaleco derechos humanos que decía amárrenlo, pero que en eso llegó la policía y lo recogió y se lo llevaron para Marcala, fue llevado al Centro de Salud y de ahí lo remitieron al hospital de La Paz.
Santiago López resultó con sus dos brazos fracturados, tiene golpes en sus costillas y en la cabeza y además fue acusado por el delito de lesiones, y las autoridades policiales y del Ministerio Público aún no dicen nada de la agresión que fue objeto y que lo tiene invalido al no poder utilizar sus manos para poder trabajar y darle el sustento a su familia.
“Lo que quiero es que se nos respete nuestras tierras, nuestra dignidad, nuestros niños, a nuestras mujeres, a todas las familias. Pienso que si no hay respeto entre nosotros los campesinos, como va ver respeto en un país donde hay tanta violencia”, señaló.
Agregó que es del pensamiento que la gente del gobierno también es culpable de estos casos, porque no investigan bien la problemática que hay en cada lugar, en cada departamento.
Es preocupante la situación para mi y para mi familia, porque en un lugar que haya conflicto uno no trabaja bien, no duerme bien, no come por estar pensando en el problema, finalizó diciendo.
“Nos estamos reuniendo con el director del INA, lo hicimos con el del gobierno anterior, nos hemos reunidos con este director nuevo y en efecto ellos reconocen que el error existe y que van a tratar de ayudarnos a solucionar, pero es un proceso que lleva tiempo”, manifestó Juan Argueta, también miembro de la empresa campesina Familia Unidas.
Señaló que la solución del conflicto es difícil porque hay organizaciones de derechos humanos, de etnias y del Estado que respaldan a los campesinos de Nueva Palestina, donde varios de ellos cuentan con medidas de protección, estatus que aprovechan para atacar a los de Familia Unidas y cuando estos últimos interponen las denuncias, no son atendidas porque les dicen que no pueden hacer nada porque ellos cuentan con medidas de protección.
“Hemos tenidos problemas porque derechos humanos le ha dado protección a cierto grupo de personas de este grupo nuevo de Nueva Palestina, entonces cualquier denuncia que pongamos o quejas que pongamos a la autoridades no nos hacen caso porque le tienen miedo a esta gente que está con medidas de protección”, sostuvo Argueta.
En el 2020 la Fiscalía de las Etnias demandó a tres familias de la comunidad de Llano Grande, los acusó de usurpación, y enviaron a un equipo técnico del INA a hacer verificaciones, donde se demostró a la Fiscalía de las Etnias que no estaban usurpando.
“De esa denuncia surge un informe que presenta el INA a las Fiscalías de las Etnias, donde prácticamente nos favorece, nunca se pronuncia y nunca cierra el caso”, enfatizó Argueta.
Finalmente informó que el INA ha nombrado una comisión de cinco abogados para buscarle una solución a este conflicto que tiene divida a la comunidad de Llano Grande en el departamento de La Paz.
