“Seguimos enfrentando la misma violencia que durante la dictadura vivimos, hay un alto riesgo y un costo de nuestra propia vida por defender los derechos de los pueblos indígenas, la libertad de expresión y los bienes comunes de la naturaleza, expresó con preocupación Bernardino Pérez, defensor de Derechos Humanos de Lempira”.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), con suma preocupación comparece ante los medios de comunicación nacionales e internacionales, denunciando los ataques a la vida e integridad de quienes luchan por proteger el medio ambiente, agresiones que tienen un efecto cascada sobre las familias y las comunidades de las víctimas, pues causan temor en ellas y pueden en ocasiones ser un desincentivo para continuar con su ejercicio de defensoría.
La violencia desplegada contra las personas que están en ésta mesa, se da también contra sus posesiones y propiedades. La quema y saqueo de sus hogares ha sido empleada por los agresores, como medio para transmitir amenazas de ataques contra sus vidas e integridad de sus familias.
Llama la atención el caso de Pedro Pinto, defensor de la Reserva del Guisayote, en Ocotepeque, cuyo activismo ha sido trascendente en la protección de esa reserva trifinio. Despertó con sorpresa la madrugada del 10 de noviembre al ver que el vehículo de su propiedad, pero que usa para sus acciones de defensoría, se incendiaba sin que pudiera hacer nada. Se trata de una camioneta altamente visible, pues es la que usa para trabajo de campo, traslados, reuniones, asambleas y visitas a sitios de interés para generar denuncias. Esto sucedió afuera del domicilio, un segundo vehículo también rociado con gasolina pudo ser rescatado. Su oportuna intervención y la de los miembros de su familia evitó que un inmueble fuera consumido por las llamas. Ese mismo día su hijo había sido víctima de un atentado.
Otro caso preocupante es el de Ángel Yobany Mejía, coordinador del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), ha estado recibiendo amenazas a muerte desde hace más de un año. En 2021 sobrevivió a un ataque criminal que le dejó serias secuelas, físicas y psicológicas. En 2022, junto a otros ambientalistas y autoridades municipales, fueron víctimas de un ataque con armas de fuego a manos de unos desconocidos, mientras evaluaban un posible daño medioambiental en la región. Su primo, también activista ambiental, fue asesinado en abril de 2022. Su casa y rutina es constantemente vigilada.
Bernardino Pérez, comunicador social de la radio Comunitaria el Taragual, defensor de Derechos Humanos de la Red de Defensores de Lempira, en la Iguala, integrante del Patronato Comunal, recibió reiteradamente amenazas a muerte en diferentes momentos, como consecuencia de su labor de defensoría y por las denuncias que realiza a través de la Radio Taragual. A partir de enero de 2022, se encuentra en una situación exacerbada de riesgo, tanto las autoridades municipales, como militantes del Partido Nacional, han iniciado una campaña de deslegitimación y estigmatización en su contra. Si bien en un primer momento los ataques tenían un carácter estigmatizador, acusando de pertenecer a fuerzas políticas, de ser ñangara (comunista) y de robar las sillas del centro COMUNAL y que la radio comunitaria solo sirve para hablar “mierdas del Partido Nacional”, con el objeto de descalificar su trabajo. A raíz de las denuncias de abuso de autoridad que realizó contra el alcalde Francis Adalid Paz, por haber clausurado un centro comunal que funciona como centro preescolar y nombrar en forma arbitraria e ilegal un nuevo patronato comunal.
El domingo 20 de noviembre, los ataques subieron de nivel, mientras participaba de una asamblea del Consejo Indígena Lenca a nivel municipal, una turba del patronato paralelo ingresó violentamente a su residencia armados con machetes y palos, aterrorizando a sus hijos menores que se encontraban solos en la casa. Confidencialmente ha sido informado que el alcalde Paz ha manifestado “que solo matándolo se puede callar la boca”.
Es importante destacar que estos ataques se producen en un contexto de vulnerabilidad para la comunidad indígena y de la oposición política del departamento de Lempira. Ante la confluencia de importantes intereses económicos y políticos en la zona que buscan hacer avanzar proyectos en la región. En enero fue asesinado el líder indígena, defensor y periodista comunitario Pablo Isabel Hernández Rivera, en el municipio de Caiquin, Pablo enfrentaba amenazas y una campaña de descalificación de parte del alcalde de Caiquin. En diciembre de 2021, fue asesinado Margarito Hernández Sánchez, líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras en Santa Cruz.
Las amenazas, las agresiones y el desprestigio hacia los defensores se han vuelto un patrón. Esto, pese a que existe una ley y un mecanismo que debería garantizar su seguridad.
El COFADEH llama al Ministerio Público a investigar el nexo entre estos ataques y la labor de defensa de derechos humanos de Pedro Pinto, Ángel Yobani Mejía y Bernardino Pérez. Los tres ejercen la defensa del territorio y ambiente.
Recordamos al Estado de Honduras que deben cumplir con su obligación de proteger a quienes defienden los derechos humanos, establecida en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, 88 defensores de derecho al ambiente han sido víctimas de ataques.
Tegucigalpa 22 de noviembre de 2022.
