Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa. – Honduras dejó de ser un Estado de Derecho, luego se había convertido en un Estado de hecho y que ahora estamos frente a un Estado de desecho, estas palabras del político Luís Consenza, fueron retomadas el profesor y líder social, Mario Membreño.
Lo anterior es en referencia a la imposición descarada del Fiscal General de la República, Óscar Chichilla, hecho afirmado por 88 de los 128 diputados del Congreso Nacional la noche del 29 de junio.
Ahí fue dónde se perdió la vergüenza, expresó la defensora de derechos humanos y coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva.
Membreño y Oliva son integrantes de la Convergencia Contra el Continuismo, y consideran que la elección -en este caso imposición- del Fiscal General tiene que ver con el afianzamiento del modelo neoliberal, y reafirma la dictadura impuesta desde el golpe de Estado del año 2009, y que, en golpes de Estado traslapados, sigue en la actualidad.
A casi un mes de la elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto, recuerda como si estuviéramos viendo la escena de una vieja película, el periodista y uno de los más sólidos pensadores hondureños, Paulino Valladares decía que “Honduras se repite así misma frecuentemente”, algunas veces como sainete -farsa- y otras como tragedia, y lo que hemos visto es parte de esta tragedia que ha vivido la institucionalidad de este país desde el golpe de estado del 28 de junio del 2009. Todo en camino a destruirla, declaró Mario Membreño.
Por su parte Bertha Oliva, afirmó que la imposición de Chichilla, que en el periodo 2018-2013 donde tendrá como Fiscal Adjunto a Daniel Arturo Sibrián Bueso, es una semejante ofensa y burla contra el pueblo hondureño. No se puede hablar de elección sino de imposición al descaro por lo que debemos entender que ya la vergüenza se perdió entre los que han decidido asaltar el control del Estado y sus instituciones.
Con todo esto que se ha venido generando con el Fiscal General, Oliva había previsto que toda la incidencia que se haría en torno al hecho sería como avalar un acto de payaso, por lo que no se debía gastar tiempo en la incidencia porque ya estaba decidido, pues desde la Embajada (Estados Unidos) que es la que decide, estaba dándole una importancia al actual fiscal que no se merecía, ya que hay altos niveles de impunidad en materia de derechos humanos, que es el tema que les compete observar.
En esa área, durante el tiempo que Chinchilla ha estado en el Ministerio Publico, no ha demostrado interés ni hizo absolutamente nada, desde un ente fundamental para combatir la impunidad y generar justicia, no hay avances en ninguno de los casos de violaciones a derechos humanos que podamos decir “aquí marcó diferencia”, aseveró Oliva.
Selló casi su último periodo “legalmente”, con el caso del joven estudiante Eduardo Urbina, que tiene refugio político en Costa Rica, después de la acusación que le hizo el régimen de Juan Orlando Hernández, supuestamente por quemar un camión militar el 15 de diciembre del 2017, cuando el COFADEH lo había sacado el 10 de ese mismo mes, tras las denuncias de persecución.
El COFADEH hizo tres solicitudes formales para que se desestimara de acusar a Urbina porque no tenía asidero, era exhibir a Honduras como el país más irrespetuoso de los derechos humanos y el que manipularía la ley a su antojo si tomaban la decisión de pedir la expatriación y que por lo tanto lo que competía era desestimarse de la acción de la persecución.
El último escrito en favor de Urbina, lo introdujimos el 26 de marzo y el 27 estaba Óscar Chichilla estampando su firma y haciendo las solicitudes con los magistrados para que refrendaran su solicitud ante el gobierno de Costa Rica, para que se le repatriara, por lo que se denota como como han manejado la ley a su antojo, aseveró la defensora.
Agregó que, lo que hemos vivido es una ratificación de un país fracasado, no hay ética ni escrúpulos, se impone y por lo tanto vamos a seguir viendo no más de lo mismo, sino cosas peores que las que vemos, porque antes había por lo menos un poquito de manejo y trataban de dar un maquillaje a las actuaciones, hoy no hay ningún acto de maquillar. Imagínese como se gastó tiempo con una Junta de Selección cuya acción era la “depuración” decían, de los candidatos que se estaban proponiendo, buscando la idoneidad, así lo decían.
“Cuando salía a la luz pública, el Fiscal General Óscar Chinchilla decía que no aspiraba a la reelección, porque es un hombre que actúa bajo la sombra ¿y no sé bajo la sombre de quién? Si es bajo la sombra del Ministerio Público o de ¿quién? Pero alguien tendrá que ayudarnos a entender” Bertha Oliva.
Las últimas comparecencias públicas que hizo Chichilla eran a ratificar que no tenía ningún interés para seguir en el cargo, y que él no estaba aspirando o proponiéndose para seguir en el cargo, y mire sin proponerlo se da cuenta la arbitrariedad legal también, detalló Oliva. El Fiscal escribía hasta en redes sociales que no tenía interés en ser reelecto.
Hizo énfasis en que, no se ataque su buena o mala función, que ya todo mundo sabe cuál es, sino que se ataque el procedimiento que ha sido violentado. El Congreso impuso a Chichilla en su cargo la noche del 29 de junio, tras una propuesta fallida el jueves 28, con la dupla de Hermes Mocada para Fiscal General y Daniel Sibrián como Fiscal Adjunto, pero no se alcanzó mayoría, que son 86 votos.
Para quedar Chinchilla y Sibrián se obtuvo 88 votos con el respaldo de la bancada nacionalista, liberal, Alianza Patriótica y la Democracia Cristiana. La bancada de los partidos Libertad y Refundación (LIBRE), e Innovación y Unidad (PINU) votaron en contra, sumados los votos de los diputados liberales Ricardo Elencoff y Ángel Darío Banegas. En total fueron 92 los parlamentarios que firmaron Decreto para la “ratificación” de Chinchilla.
En septiembre se debe iniciar el nuevo periodo que, será el continuismo de Chinchilla, en la entidad que debe accionar en favor del pueblo, pero se ve una labor de criminalizar a quiénes defienden sus derechos.
Según declaraciones del ex fiscal Luís Rubí, en el 2013 ante el Congreso Nacional, la deuda de investigación es de un 80 por ciento de casos, y no todo el 20 por ciento es judicializado.
