Tegucigalpa.- Honduras sigue siendo considerado el país más peligroso en el mundo para ejercer la labor de defensores de los derechos humanos y sigue teniendo el mayor índice de impunidad en la región americana.
Así lo establece el reciente informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre Situación de las personas defensoras del medio ambiente en los países del Norte de Centroamérica.
La región del Norte de Centroamérica es considerada como una de las más peligrosas en el mundo y de la región para la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente.
El informe identifica que un número significativo de los hechos de violencia contra personas defensoras en los últimos años han ocurrido ante la presencia de megaproyectos y explotación de recursos naturales relacionados con la industria minera, hidroeléctrica, energética, agrícola, la tala forestal desmedida y/o ilegal y los desarrollos turísticos o urbanos.
El informe indica que en Honduras la violencia contra quienes defienden el medio ambiente ha sido conocido desde los años noventa y que a través de sentencias, la Corte Interamericana evidencia que desde estas épocas existe en el país un patrón de violencia reflejado en actos de agresión y ejecución de personas dedicadas a la defensa del medio ambiente.
En el documento, la CIDH señala que después del golpe de Estado de 2009, la inseguridad de las personas defensoras de derechos humanos en Honduras se acentuó, ante el impulso de un modelo económico extractivista que ha impulsado la ampliación de cultivos extensivos como la palma africana, la caña de azúcar, entre otros; el impulso del sector energético en sus diversas variantes (energía hidroeléctrica, solar, eólica y térmica); la industria turística; y la industria minera.
“Ello ha profundizado la agudización de los niveles de conflictividad socioambiental, las afectaciones ambientales, las vulneraciones a los derechos humanos y los graves riesgos para quienes confrontan este modelo y luchan por la defensa del territorio y los bienes naturales comunes. A esto se suma la presencia de actividades ilegales para la explotación desmedida de los recursos naturales”, manifiesta el informe.
La Comisión ha observado que quienes defienden el medio ambiente, la tierra y sus recursos naturales enfrentan los mayores riesgos en Honduras y Guatemala.
Esta situación ha dado lugar a la emisión de diversas resoluciones de otorgamiento de medidas cautelares por parte de la CIDH para su protección en los últimos años.
En este informe, la CIDH da cuenta que esta violencia se ha mantenido, e incluso aumentado, a lo largo del tiempo.
En Honduras, organizaciones de la sociedad civil señalan que una de cada tres defensoras asesinadas defendía la tierra, territorio, agua y/o bienes comunes. Indican que, entre 2020 y marzo del 2022, cuatro defensoras de la tierra y territorio fueron asesinadas en Honduras, dos de ellas defensoras garífunas.
Organizaciones de la sociedad civil reportan que, tras el asesinato de la defensora y lideresa indígena lenca Berta Cáceres el 3 de marzo de 2016, quien dedicó gran parte de su vida a la defensa de los derechos territoriales del pueblo Lenca en el marco de la construcción de proyecto hidroeléctrico inconsulto en el río Gualcarque, las agresiones en contra de defensoras de la tierra y el territorio presentaron un incremento sustancial en el país, duplicándose en 2017 frente al 2016.
La Comisión advierte un mayor número de asesinatos de personas defensoras del medio ambiente en Honduras.
“Tan solo durante el primer cuatrimestre del 2022, hubo cinco asesinatos de personas defensoras del medio ambiente, la tierra, el territorio y sus recursos naturales. En el 2021, cifras de OACNUDH, indican que al menos diez personas defensoras murieron en circunstancias violentas durante 2021, seis de las cuales defendían el medio ambiente y el territorio. Por su parte, organizaciones de sociedad civil reportaron ocho asesinatos de personas defensoras del medio ambiente en el mismo periodo, destacando los atentados contra la vida de líderes indígenas y afrohondureños”, destaca el documento de la CIDH.
Sobre la situación en el Bajo Aguán, donde existe un conflicto agrario de larga data entre comunidades campesinas y empresas privadas, en el que existiría un patrón de violencia contra las comunidades, la Comisión recibió numerosas denuncias por reiterados actos de hostigamiento, amenazas, ataques, asesinatos y desapariciones contra personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente.
El informe de la CIDH señala que en Honduras el uso de tipos penales como “incitación a la violencia”, usurpación, injurias y calumnias son los más empleados para criminalizar a personas defensoras de los derechos humanos, en especial a quienes defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio.
“El Estado de Honduras informó a la Comisión que, en efecto, las figuras penales de usurpación, incendio, coacción, amenazas, manifestación ilícita y asociación para delinquir son empleadas con mayor frecuencia para criminalizar a estos colectivos”, indica el documento.
La CIDH muestra su preocupación las modificaciones al Código Penal en Honduras realizadas en el 2019. En particular, fue de preocupación para la CIDH las modificaciones al delito de usurpación por considerar que carecen de precisión en cuanto a la intencionalidad requerida para su comisión, lo cual permite una mayor discrecionalidad a los operadores de justicia de hacer un uso indebido de este tipo penal favoreciendo a la criminalización de personas defensoras.
Indica el documento que en el 2021 la Comisión expresó su preocupación ante nuevas reformas al Código Penal que incorporaron la figura de «detentación del espacio público» como una modalidad del delito de usurpación. En paralelo, la reforma al delito de usurpación prevé la figura de flagrancia continua —posibilitando la aplicación de procesos expeditos e incrementando la pena y agravantes—, así como la figura
del desalojo preventivo sin orden judicial.
Estas reformas podrían derivar en restricciones ilegítimas a la libertad de expresión y reunión pacífica al limitar el ejercicio de la protesta en espacios públicos, así como propiciar la criminalización de personas defensoras, advierte el informe de la CIDH.
En Honduras, a pesar del transcurso de los años, los avances en materia de acceso a la justicia han sido, en líneas generales, inexistentes, siendo el país con el mayor índice de impunidad en la región americana, con un 97% de impunidad sobre estos delitos.
Esto fue también señalado por el Relator Especial de Naciones Unidas quien observó que, la gran mayoría de los asesinatos y ataques contra las personas defensoras permanecen impunes, o bien no se abre una investigación o esta no da resultado alguno.
De acuerdo a la Oficina del Alto Comisionada de Naciones Unidas Honduras, durante el 2021 y 2020 no se presentaron avances respecto al asesinato de 19 personas defensoras, mientras que entre 2019 y 2018 la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia (FEPRODDHH), a pesar de haber recibido 199 denuncias, la mayoría por amenazas y abuso de autoridad, no presentó ningún requerimiento fiscal sobre estas.
A la fecha de aprobación del presente informe, Honduras no cuenta con una política pública integral de prevención y protección para las personas defensoras derechos humanos para la protección de estos colectivos.
