Tegucigalpa.- Vistas las extensas recomendaciones y observaciones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas hechas al estado de Honduras, se concluye que el régimen de Juan Orlando Hernández se quedará sin argumentos para justificar la no aplicación de las disposiciones emanadas por el organismo mundial, enfocadas en el tema de los derechos humanos.
Un Informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que contiene la recopilación sobre las observaciones y recomendaciones del organismo al estado de Honduras y que fue publicado en mayo de 2020 por el Consejo de Derechos Humanos a través del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU), refleja la inmensa deuda que el estado mantiene con grandes sectores de la sociedad hondureña.
El próximo viernes 6 de noviembre de 2020 (de 9:00 AM – 12:30 PM), Honduras se someterá a su tercer Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que revisa la situación de los derechos humanos en cada uno de los 193 países miembros de la ONU.
El EPU ofrece a cada Estado la oportunidad de declarar qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y para cumplir con sus obligaciones en la materia.
Según el estado de Honduras de las 152 recomendaciones, 101 están implementándose. Resaltándose entre otras, las de protección a la mujer, personas migrantes, protección a defensores de derechos humanos y seguridad ciudadana.
El régimen asegura que 34 se encuentran implementadas, entre las cuales destaca la que tienen que ver con defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia y que 17 están pendientes de implementación, principalmente las relativas a la ratificación de protocolos facultativos de tratados internacionales.
Por otro lado Honduras manifiesta su profunda preocupación por el cambio climático, la presencia del crimen organizado y narcotráfico, factores que inciden en la capacidad del Estado de garantizar los derechos humanos. En el ámbito doméstico también se necesitan mayores esfuerzos para avanzar en el acceso a la justicia, reducción a la impunidad, la erradicación de la pobreza y la igualdad de género.
Mientras tanto, numerosos órganos y mecanismos de derechos humanos seguían preocupados por la persistencia de los asesinatos, las agresiones, la criminalización, el acoso, las amenazas y las campañas de desprestigio contra defensores de los derechos humanos, incluidos periodistas, letrados, sindicalistas, defensores de los derechos sobre la tierra, defensores del medio ambiente, líderes de pueblos indígenas y afro hondureños, defensoras de los derechos humanos y defensores de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales.
El Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos destacó que la impunidad de las agresiones contra los defensores de los derechos humanos y los periodistas seguía siendo la regla y no la excepción.
Tres comités expresaron preocupación porque el procedimiento de selección y nombramiento del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) todavía no era suficientemente transparente ni participativo y porque los recursos asignados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos eran insuficientes.
Varios órganos y mecanismos de derechos humanos se mostraron preocupados por el hecho de que el nuevo Código Penal contuviera disposiciones en las que, entre otras cosas, se restringía la libertad de expresión, se tipificaba como delito la disidencia y se reducían las penas por fraude y corrupción
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) observó que las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales; seguían siendo objeto de discriminación en todos los ámbitos de la vida y recomendó a Honduras que adoptara medidas concretas para eliminar la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó preocupación por las repercusiones de los proyectos energéticos, extractivos, turísticos, agroindustriales y de infraestructura sobre los territorios y recursos de los pueblos indígenas y afro hondureños.
El ACNUDH observó que se seguían otorgando títulos privados, así como licencias de concesiones sobre las tierras indígenas, sin que se celebraran consultas, y señaló que la implementación de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que involucraban a las comunidades garífunas del Triunfo de la Cruz y Punta Piedra había enfrentado retrasos significativos.
Varios órganos y mecanismos de derechos humanos y el equipo en el país se mostraron preocupados porque el proyecto de ley sobre la consulta previa a los pueblos indígenas y afro-hondureños que se remitió al Congreso Nacional no se ajustaba plenamente a las normas internacionales de derechos humanos y recomendaron que se agilizara la aprobación de leyes que garantizaran los derechos de dichos pueblos y se asegurara que estos tuvieran la posibilidad de participar en el proceso de manera activa, plena y transparente.
El Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos observó que la intensificación de los conflictos sociales relacionados con los proyectos de desarrollo a gran escala, solía guardar relación con la falta de celebración de consultas pertinentes y destacó la urgente necesidad de establecer un marco regulatorio claro sobre la participación.
Además, observó la falta de transparencia en el otorgamiento de licencias y concesiones ambientales, que se veía agravada por la posibilidad de clasificar elementos fundamentales del proceso en calidad de “información secreta” con arreglo a la ley.
Por otro lado, preocupa al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales las repercusiones negativas que tenían algunos proyectos de explotación de recursos naturales, que estaban ocasionando daños irreparables al medio ambiente e incidían en los derechos de las comunidades afectadas, en particular de los pueblos indígenas y afrohondureños.
El ACNUDH informó de que en 2018, siete personas acusadas del asesinato de la defensora de los derechos humanos Berta Cáceres, fueron declaradas culpables y una quedó absuelta, y que el presidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. estaba siendo juzgado en un procedimiento separado, pero afirmó que en la tramitación del caso se observaban varias deficiencias.
Varios titulares de mandatos de procedimientos especiales subrayaron la importancia de llevar ante la justicia a los autores intelectuales y a los financiadores del asesinato
El equipo de las Naciones Unidas en el país (Honduras) recomendó que se revisara la normativa que obstaculizaba el acceso a la información pública, en particular la Ley de Secretos, y se aplicara la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a todas las instituciones del Estado.
El Comité de Derechos Humanos expresó preocupación por que las disposiciones relativas a la difamación se aplicaran de manera excesiva contra las personas que ejercían su derecho a la libertad de expresión.
El Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos señaló que, si bien la difamación ya no era un delito con arreglo al nuevo Código Penal, la calumnia y la injuria seguían tipificadas como delito.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) registró que, desde 2008, 37 periodistas habían sido asesinados, y observó que solo se habían resuelto 7casos.
Recomendó que Honduras investigara los casos no resueltos de periodistas asesinados y considerara la posibilidad de aprovechar el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad.
El Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos señaló que el delito de asociación terrorista, previsto en el nuevo Código Penal tenía un alcance excesivamente amplio que podía utilizarse en contra de los defensores de los derechos humanos.
El equipo de las Naciones Unidas en el país (Honduras) consideró urgente que se dotara de recursos suficientes al Mecanismo Nacional de Protección a Defensores. El ACNUDH observó que el Consejo del Mecanismo Nacional seguía siendo débil, principalmente debido al modesto compromiso de algunas de las instituciones que lo integraban y observó deficiencias en la aplicación de las medidas de protección.
Varios órganos y mecanismos de derechos humanos señalaron la disminución de la tasa de homicidios, pero destacaron que el nivel de violencia e inseguridad en Honduras seguía siendo elevado.
El ACNUDH observó que la delincuencia organizada, incluidos los cárteles y las bandas como las maras y las pandillas, se había infiltrado en organismos públicos y en el ámbito político más amplio.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó preocupación por el programa “Guardianes de la Patria”, que llevaban a cabo las Fuerzas Armadas (FFAA) en instalaciones militares, y recomendó que la educación formal y todo tipo de formación dirigida a los niños, fueran llevadas a cabo por entidades especializadas en la educación de la niñez.
La Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias señaló la creación en 2013 de la Policía Militar del Orden Público como respuesta de emergencia a corto plazo destinada a apoyar a la policía nacional.
El ACNUDH observó que la medida que se había adoptado en calidad de régimen excepcional se había convertido en una práctica normalizada y que en 2018 el Gobierno había reforzado el trabajo conjunto policial-militar.
Entre tanto, el ACNUDH observó que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General eran parte del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, órgano dependiente del poder ejecutivo encargado de diseñar las estrategias de prevención y combate de las conductas delictivas, y consideró que correspondía modificar la composición y estructura del mismo; para no afectar la independencia de la administración de justicia.
El Comité de Derechos Humanos se mostró preocupado porque un número considerable de recomendaciones formuladas en 2011 por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en relación con las vulneraciones que se habían producido durante el golpe de estado de 2009, aún no se habían aplicado plenamente.
Recomendó que Honduras asegurara la investigación y el enjuiciamiento de las presuntas vulneraciones de los derechos humanos cometidas durante el golpe de estado
El ACNUDH afirmó que la credibilidad del sistema electoral se había visto afectada por las elecciones de 2017 y se hizo eco de la información que indicaba que el decreto de 2019 por el que se reformaban los órganos electorales, contenía incoherencias y ambigüedades que dificultaban asegurar la transparencia del proceso en las elecciones presidenciales de 2021.
El Exámen Periódico Universal (EPU) es uno de los elementos clave del Consejo que recuerda a los Estados su responsabilidad de respetar y aplicar plenamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. El objetivo final de este mecanismo es mejorar la situación de derechos humanos en todos los países y abordar las violaciones de los derechos humanos dondequiera que se produzcan. En la actualidad, no existe ningún otro mecanismo universal como éste.
Un ciclo de revisión tiene un período de duración de cuatro años y medio en que todos los Estados miembros de la ONU en materia de derechos humanos son examinados. El Grupo de Trabajo se reúne dos o tres semanas de sesiones por año, o 14 sesiones a lo largo de un ciclo completo.
