Accion Uegente
El 26 de agosto de 2019, nueve defensores de derechos humanos, integrantes del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos en Tocoa, departamento de Colón fueron enviados a prisión preventiva en el marco de una audiencia que resulta de su defensa de los ríos San Pedro y Guapinol.
El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) es una organización en Tocoa, departamento de Colón, integrada por los Comités Ambientales de Sector San Pedro (13 comunidades) y Comité Sector Abisinia (14 comunidades); Comité Ambiental de la Comunidad de Guapinol, grupos campesinos y las organizaciones Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA); Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) y Parroquia San Isidro de Tocoa. La articulación de esfuerzos y recursos del CMDBCP constituye una referencia importante como proceso de organización y acción social contra el despojo de los proyectos extractivos y de los bienes públicos.
El 26 de agosto de 2019, integrantes del Comité Ambiental de la Comunidad de Guapinol y Comité ambiental del Sector San Pedro, ambas pertenecientes al CMDBCP, fueron envidados a prisión preventiva después de haberse presentado voluntariamente el 26 de de agosto ante el Juzgado de Jurisdicción Nacional. Dicha decisión se toma en el marco de un requerimiento fiscal contra Antonio Martínez Ramos, fallecido el 4 de abril de 2015, Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez por los delitos de “asociacion ilicita”, “daños”, “incendio agravado” y “privación injusta de la libertad”. Además, Jeremías Martínez Díaz se encuentra en prisión preventiva desde diciembre 2018 en La Ceiba por otro requerimiento relacionado a la defensa de los ríos San Pedro y Guapinol, en Tocoa; Arnold Javier Aleman actualmente enfrenta una audiencia inicial por este mismo requerimiento y por los delitos de “usurpación” y “daños”. Ambas audiencias por los dos requerimientos se realizarán en el Juzgado de Jurisdicción Nacional en San Pedro Sula el 28 de agosto.
En febrero de 2019, un juez del Juzgado de Jurisdicción Nacional dictó sobreseimiento de todos los cargos contra los defensores por falta de evidencia, sin embargo, esta decisión fue recurrida por el Ministerio Fiscal.
Los hechos que se inculpan sucedieron en agosto y septiembre de 2018, cuando las comunidades ocuparon pacíficamente los margenes de una carretera que lleva a la Empresa Minera Inversiones Los Pinares. Los defensores y defensoras mantuvieron esta protesta pacífica por más de tres meses en contra de las violaciones a los derechos al acceso a la tierra, comida y agua, que se llamó campamento Guapinol por la defensa del agua y la vida. El proyecto minero empezó el 2014, y contaminó el agua del río Guapinol, resultando en la muerte de animales y en enfermedades entre las y los habitantes del área. Existen numerosas alegaciones de irregularidades en la licencia del proyecto y su implementación.
El proceso legal contra los defensores de derechos ambientales y de la tierra empezó el 13 de septiembre de 2018, cuando tribunal hondureño especializado en crimen organizado emitió una orden de detención en contra 18 de los integrantes del campamento Guapinol. En seguida, el 27 de octubre de 2018, una represión policial y militar fue llevada a cabo en contra del grupo. El ataque utilizó municiones y bombas de gas lacrimógeno, y resultó en el asesinato de un defensor de derechos humanos de la comunidad. Desde entonces, las fuerzas de seguridad estatales han mantenido una presencia constante en la región.
Los defensores y defensoras de derechos humanos organizados en el CMDBCP, defienden el derecho a la tierra en el contexto del proyecto minero que fue realizado sin el derecho a la información y consentimiento hacia las comunidades. Hasta ahora, el conflicto ha dejado seis personas muertas, la última el 28 de agosto de 2019.
Front Line Defenders expresa su preocupación por la criminalización basada en acusaciones falsas hacia los defensores de derechos humanos integrantes de CMDBCP y en el impacto que esto puede tener en su trabajo de defensa de los derechos ambientales en Tocoa. Además, Front Line Defenders muestra su preocupación por el mal uso de la prisión preventiva, que parece querer limitar su trabajo y crear un efecto disuasivo en otros miembros de la organización.
Asimismo, Front Line Defenders expresa su preocupación hacia el incremento de presencia militar y policial en la zona, relacionada a las audiencias que se están llevando a cabo contra los defensores de derechos humanos en Tocoa y sobre la criminalización de los defensores de derechos humanos, lo que afecta su trabajo de defensoría.
Front Line Defenders insta a las autoridades de Honduras a:
1. Retirar los cargos contra los defensores de derechos humanos de del CMDBCP y liberarlos inmediatamente de prisión preventiva;
2. Cesar todo acoso legal contra los miembros del CMDBCP, así como contra otras organizaciones que defienden los derechos ambientales en Honduras;
3. Abstenerse de utilizar la presencia militar en la región, ya que puede considerarse una forma de intimidación hacia los defensores de los derechos humanos en vista de la próxima audiencia y, en su lugar, garantizar su seguridad por otros medios;
4. Garantizar que los defensores de derechos humanos en Honduras puedan continuar sus actividades de derechos humanos sin temor a represalias y sin restricciones, incluyendo el acoso judicial.
