La Convergencia Contra el Continuismo y el Comité Pro Liberación de los Presos Políticos de Honduras una vez más denuncia la situación de 178 personas procesadas que por sus ideas u opiniones, liderazgo individual, o bien por haberse manifestado contra el régimen de Juan Orlando Hernández, han sido perseguidos y privados de su libertad. Actualmente hay dos personas guardando prisión preventiva en La Tolva y en el Centro Penal de El Progreso, Yoro.
Rommel Valdemar Herrera Portillo y Gustavo Cáceres, se encuentran en prisión por la falta de un Estado de derecho, el Poder Judicial no es independiente del Poder Ejecutivo y Legislativo, como lo manda los Principios Básicos relativos a la independencia de la Judicatura de las Naciones Unidas y la Constitución de la República en su artículo 303. En su más reciente informe el Relator para la Independencia Judicial de las Naciones Unidas cuestionó el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, que reúne bajo la presidencia de la República, al presidente del Congreso, presidente de la Corte Suprema, Fiscal General, Secretario de Seguridad y Secretario de Defensa Nacional. Al Consejo le corresponde diseñar “… las estrategias de prevención, combate, investigación y sanción de las conductas delictivas” (art. 3) y conduce una Dirección de Inteligencia encargada de “…ejecutar las políticas públicas que en materia de Defensa y Seguridad establezca el Consejo”. Es justamente esta estructura la que ha diseñado la política de criminalización contra la protesta social y el ejercicio de los derechos políticos que tiene desde hace 20 meses a personas presas o sujetas procesos judiciales por manifestarse.
Esta falta de independencia judicial a denegado los derechos de Gustavo Cáceres a gozar de un juez imparcial y de un juicio con las garantías al proceso debido. El Juez ha recibido información veraz, objetiva y científica sobre la discapacidad de Gustavo que revela que padece de deterioro orgánico a nivel cerebral, deterioro a nivel cognitivo moderado, retraso mental moderado, trastorno de lenguaje emocionalmente ansioso y depresivo, la edad madurez es de 6 a 9 años, cuando su edad cronológica es de 26 años. Requiere atención psicoterapéutica en cetro de atención especializado, tratamiento que le ha sido denegado por las autoridades penitenciarias y judiciales. El Ministerio Público ha faltado a su deber de Objetividad.
Las personas que se defienden en libertad son víctimas de hostigamiento, vigilancia, represalias políticas y denegación del derecho al trabajo porque han sido estigmatizadas y denigradas por los medios de comunicación como presuntos delincuentes. Entre los presos políticos y procesados hay estudiantes, amas de casa, profesores, empresarios, obreros, indígenas, sindicalistas, intelectuales, activistas sociales, ambientalistas y defensores de derechos humanos.
Tomando en consideración los criterios utilizados para la criminalización todos los presos políticos exigimos su inmediata e incondicional liberación; los expedientes judiciales cerrados en forma definitiva.
El Estado de Honduras debe de adoptar de conformidad con el derecho internacional y la legislación nacional las medidas políticas y jurídicas que consideren apropiadas para contribuir a la pronta restauración de los derechos conculcados a los presos políticos, incluyendo la devolución de sus bienes decomisados.
Para los Presos Políticos ¡Libertad Ya!
El Progreso, Yoro, 6 de septiembre de 2019
