Ginebra-París.- La justicia hondureña debe mostrar que nadie y, particularmente, los oficiales de la policía, está por encima de la ley. Por eso, un día antes de que se dicte sentencia el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) reclama una sentencia condenatoria en contra de los tres policías que se encuentran imputados por abuso de autoridad, torturas y detención ilegal en contra de 12 personas defensoras de derechos humanos.
El 8 de septiembre de 2017, 12 personas defensoras de derechos humanos fueron detenidas arbitrariamente y sometidas a actos de tortura y malos tratos en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en Tegucigalpa. El grupo de 12 personas estaba compuesto por las Sras. Hedme Castro, Coordinadora General de la Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA), y Tommy Morales, miembro de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEUH), los Sres. Carlos del Cid Morales, miembro del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos (OEIDH), Ariel Díaz, miembro de La Juventud por los Derechos Humanos y José Francisco Bustillo, así como siete personas defensoras que forman parte del movimiento de estudiantes universitarios1. Estos hechos se presentaron en un contexto de fuerte represión en contra del Movimiento Estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) desde 2014.
El Observatorio recuerda que el uso de la fuerza sin apegarse a los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad puede ser constitutivo de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, en particular cuando se hace a corta distancia, en las partes superiores del cuerpo o en espacios cerrados.
Por todo lo anterior, y ante la claridad de las pruebas existentes, el Observatorio espera que la resolución del juicio que será leída mañana 1 de junio, será una ejemplar sentencia condenatoria de los tres oficiales de policía imputados. Esta sentencia marcaría el camino para avanzar en la lucha contra la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de la fuerza pública en Honduras.
