Por: Sandra Rodríguez
Honduras es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer la defensa de los derechos humanos, pues si no los matan con balas, los asesinan de diferentes maneras como persecución, ataques mediáticos, vigilancia, infiltración y judicialización.
Entre anoche y hoy, se reportó el asesinato de dos abogados. Según datos que maneja el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), hasta la fecha se registran 138 víctimas. Siendo este, un grupo vulnerable de defensores legales.
José María Díaz, titular del Colegio de Abogados, detalló que solo en 2017 van seis togados asesinados, incluyendo a la integrante de la Procuraduría General de la Republica (PGR), Sendy Aguilar, anoche en Tegucigalpa; y esta mañana en San Pedro Sula, Ronmel Fernando Vivas, quien laboraba en el Servicio de Administración de Rentas de Honduras (SAR).
Estudiantes y trabajadores
Otro grupo vulnerable son los y las defensoras de la educación pública. El trabajador social Sergio Ulloa, el periodista Cesario Padilla y el sociólogo Moisés Cáceres, egresados universitarios fueron sentenciados el pasado 07 de junio, por la Sala IV de Juicios Orales y Públicos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declarándolos culpables de usurpación cuando ejercían observación de DDHH en una toma de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en julio del 2015.
A las acusaciones de la UNAH, rectorada por Julieta Castellanos se sumó el Ministerio Público (MP) y la PGR.
Además, hay unos 20 líderes estudiantiles criminalizados recientemente y el periodista Ronnie Huete que cubría una toma la noche del 24 de mayo en demanda de la liberación de tres compañeros antes mencionados. Las protestas sociales son continuas desde ayer y junto a ellas las amenazas de demandas judiciales.
El magisterio es otro gremio que ha denunciado persecución y despidos injustificados, generalmente son docentes que se oponen a medidas arbitrarias hacen denuncias públicas.
El sector obrero no se queda atrás, según lideres sindicalistas, está en peligro sus organizaciones que exigen respeto a su trabajo en las empresas públicas y privadas. Armando Flores líder sindicalista del sistema de salud de la ciudad de Danlí, El Paraíso enfrentará un juicio acusado de difamación luego de denunciar amenazas contra su vida. Previo denunció un entierro de medicamentos en el hospital local.
Ambientalistas e indígenas
Según el informe de Global Witness, Honduras: el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental, desde 2010 al 2016 más de 120 personas han sido asesinadas en Honduras por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente. Uno de los casos más emblemáticos es el crimen contra la lideresa indígena Berta Cáceres el 2 de marzo del 2016 en su vivienda. Por ese hecho, están ocho personas detenidas, pero la familia demanda la captura de los responsables intelectuales.
“No hay ningún lugar en el que sea más probable morir asesinado por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente que en Honduras”, detalla el informe, que causó reacciones de ataque contra la organización inglesa y algunos defensores indígenas que dieron declaraciones públicas como Felipe Benítez y Martín Vásquez, máximos representantes del Movimiento Indígena Independiente Lenca de La Paz- Honduras (MILPAH).
En la zona de La Paz, donde el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), acompaña a las comunidades indígenas en defensa de sus derechos, se han denunciados asesinatos, persecuciones, militarización y desalojos violentos acompañados de torturas, detenciones ilegales y abortos provocados, además del ataque del líder indígena de la comunidad de Simpinula, Víctor Vásquez cuya rodilla fue severamente dañada por un proyectil policial cuando daba acompañamiento y observación en un desalojo en la empresa campesina 09 de julio en el municipio de Tutule.
José Santos Sevilla, era un maestro indígena Tolupán, destacado como defensor del ambiente y fue asesinado en su casa, al norte del departamento de Francisco Morazán, en febrero pasado.
Hace dos semanas, los defensores de la tierra, Abel Pérez y Santos Hernández fueron declarados culpables por el delito de usurpación, daños y perjuicios en contra del terrateniente Jorge Luís Cassis, supuesto dueño de un predio que ellos utilizaron como parqueo provisional en la semana santa del año 2015. En el jucio fue sobreseído el campesino Tomás Cruz, a quien lo judicializaron por auxiliar a sus compañeros cuando eran llevados en una patrulla policial. Los defensores son miembros de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), cuyo coordinador Pedro Canales, enfrenta una serie de amenazas. Pérez además integra la Red de Defensores de Derechos Humanos el Sur (REDEHSUR-Cofadeh).
Defensoras
La defensora Suyapa Martínez, coordinadora del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras, enfrentó una querella en la que ejecutivos de una empresa extractiva le solicitaban un millón de lempiras por daños a su imagen, supuestamente por señalarlos responsables del asesinato de Berta Cáceres, pero esta fue denegada por la CSJ.
Bertha Oliva, coordinadora general del COFADEH ha enfrentado en varias ocasiones campañas de desprestigio a través de medios de comunicación digitales, con el que pretenden dañar su imagen y la labor que históricamente ha desempeñado en la búsqueda de verdad y justicia, denunciando la impunidad y acompañando a las víctimas de lesa humanidad.
La coordinadora de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa), Hedme Castro, fue retenida en el aeropuerto de Tegucigalpa, debido a lo que llevaba en su equipaje. Ella denunció el hecho a través de redes sociales, y expresó que su maleta contenía material impreso de derechos humanos que compartirían en un evento en el extranjero.
Periodistas
En cuanto a periodistas y comunicadores sociales, Honduras ha sido considerado uno de los más peligrosos para ejercer esta profesión, más de 65 comunicadores, operadores, camarógrafos y personal administrativo de medios de comunicación, han perdido la vida de forma violenta entre el 2003 y 2017, este año fue asesinado en San Pedro Sula Igor Padilla.
La mayoría de los crímenes están en la impunidad o en “proceso de investigación” pese a la constante demanda de la familia y organizaciones de DDHH.
Algunos asesinatos se dieron luego de publicar actos de corrupción estatal como sucedió con el dueño del canal Vida Tv, Juan Carlos Argeñal ejecutado en su casa de habitación en la ciudad oriental de Danlí, el 07 de diciembre del 2014. La familia de Juan Carlos ha dialogado con representantes del MP y otras entidades judiciales para que se sé con los responsables del caso, pese a que son de conocimiento público, ha denunciado su hermano el líder social Mario Argeñal, quien es acompañado por el COFADEH.
Los comunicadores sociales Bernardino y Eleuterio Pérez, de Radio Taragual, han manifestado ataques a sus transmisiones en el departamento de Lempira, occidente de Honduras, con apagones de energía eléctrica que dañan el equipo técnico y mensajes de texto a través de sus teléfonos móviles, donde amenazan a la familia. Bernardino también es miembro de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Lempira (RED Lempira-Cofadeh) y por ello se ha enfrentado a autoridades policiales y militares de la zona.
Comunidad LGTBI
Otro grupo vulnerable es la comunidad de la Diversidad Sexual, cuya población se estima es un 10% de los 8.7 millones de habitantes hondureños, y no gozan de garantías de protección ante la homofobia.
Unos 280 miembros de la comunidad Lésbico, Gay, Transexual, Bisexual e Intersexual (LGTBI) fueron asesinados en ese país de 2009 a 2017 y de que el 90% de los casos continúa hundido en la impunidad por falta de investigación.
Cabe señalar que Honduras cuenta, desde mayo del 2015, con una Ley de Protección para defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, abogados y operadores de justicia, sin embargo, la situación de peligro continúa.
Mientras el Mecanismo de Protección indica cifras bajas de personas que acuden a su ayuda, las organizaciones no gubernamentales se sociedad civil, registran la mayoría de casos de defensores y defensoras de DDHH en riesgo, y buscan los medios posibles para su seguridad, cómo lo indicó el COFADEH, CEM-H y el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), en un informe de prácticas aprendidas con el manejo de un fondo de emergencia, en abril reciente, con la participación de sus representantes, Bertha Oliva, Suyapa Martínez y Edy Tábora, respectivamente.
Esta semana se encuentra en Honduras una misión internacional de abogados europeos, quienes mantienen reuniones con diferentes sectores públicos y privados para conocer sobre la situación de riesgo de abogados y abogadas defensoras de derechos humanos.
La agenda fue propuesta con la asistencia del COFADEH y la agencia de cooperación MunduBat del País Vasco, debido a la preocupación por el alto índice de homicidios contra abogados en Honduras. Mikel Córdoba Gavín, Carles McCragh i Prujà, viajaron desde España, y François Mathe desde Francia.
Es una misión conjunta entre la Fundación Abogacía Española y el Consejo Nacional de la Abogacía de Francia, que tiene como objetivo visibilizar la situación de riesgo que padece el colectivo de abogados y abogadas defensoras de derechos humanos y escuchar en persona sus demandas.
El próximo viernes compartirán sus primeras reacciones a través de una conferencia de prensa.
