Cada año, este observatorio mundial de derechos humanos con sede en Nueva York, resume los principales hechos violatorios ocurridos en cada país del globo.
Esta semana los medios levantaron los contenidos correspondientes al período 2022-2023 destacando, en el caso de Honduras, las acciones y omisiones del Estado en varios campos estratégicos.
De entrada, Human Rights Watch señala la débil respuesta del sistema judicial hondureño a la corrupción y a la impunidad, que deriva en violaciones a los derechos humanos.
Reclama la organización que la presidenta Xiomara Castro prometió durante su campaña electoral trabajar por una justicia independiente e imparcial.
Subraya, en su contra, que las cortes y tribunales están distribuidas entre los partidos políticos con fuerza electoral, y que eso ocurre desde hace mucho tiempo.
El texto no dice, lamentablemente, que por la enorme impunidad local el pueblo hondureño exige a las Naciones Unidas la instalación con dientes de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, la CICIH.
El texto no menciona tampoco que la aprobación de las reformas y leyes habilitantes de la CICIH son bloqueadas por la estructura criminal que dejó instalada en el Congreso Nacional el déspota ex dictador, que será juzgado el mes próximo en Nueva York.
El informe reconoce, eso sí, una medida muy positiva tomada en marzo 2022 contra la opacidad gubernamental. La ley de secretos, que permitió a la dictadura narcotraficante y corrupta clasificar información pública hasta por 25 años, incluyendo presupuestos, gastos y documentos que no tenían relación alguna con la seguridad nacional.
Por ejemplo, cita el informe, al mes de octubre de 2022 el gobierno de Castro no había informado al público sobre el uso de los fondos recaudados por la Tasa de Seguridad. Pero un mes después, en noviembre, el Consejo Nacional Anticorrupción reveló los detalles de casi 27 mil millones de lempiras recaudados por ese concepto. El dato no está incluido.
El CNA, que es financiado con fondos públicos, descubrió que mientras la inseguridad y la violencia campeaban en las cárceles y calles de Honduras, desangrando al pueblo, la elite corrupta que dirigía el Tasón pagaba billetes de avión, veladas en restaurantes de lujo, tarjetas de crédito para familiares y hasta cubrían gastos en bares nocturnos, tabernas y cabarets.
Dice Human Rights Watch en su reporte que el Congreso no ha derogado otras leyes que obstaculizan gravemente la facultad de los fiscales de llevar adelante investigaciones contra la corrupción. Pero de nuevo no dice que el partido Nacional-Liberal, controlado por convictos y ex convictos, sabotean el funcionamiento del poder legislativo hasta nuestros días.
Con 550 personas de 70 nacionalidades bajo la dirección de la abogada Tirana Hassan, Human Rights Watch se ocupó enseguida de las violaciones de derechos humanos ambientales.
En este campo, el informe destaca la condena en junio 2022 al coronel David Castillo a más de 22 años de prisión, por la coautoría del asesinato de Berta Cáceres.
La familia de Berta y el COPINH, dice el reporte, sostienen que hubo otras personas implicadas y que la fiscalía no las está investigando adecuadamente.
Como sabemos, a finales del año 2023 los nuevos fiscales del Ministerio Público solicitaron orden de captura contra Eduardo Atala Midence, considerado autor intelectual del crimen contra Berta.
En el documento, el juicio sobre el mecanismo creado por Honduras en 2015 para proteger a defensores de derechos humanos es severo, al comenzar 2022 esa instancia padecía graves falencias según este reporte anual.
Ubicado dentro del ministerio de derechos humanos, el mecanismo no contaba con suficiente personal, carecía de autonomía financiera y priorizaba medidas reactivas en lugar de atender las causas subyacentes de los conflictos. Así lo documentó Human Rights Watch.
Es oportuno agregar que el gobierno de Xiomara Castro nombró a Natalie Roque en julio de 2022 y se comprometió a trabajar con eficacia y transparencia. En la actualidad, a pesar del disenso de algún sector inconforme, el mecanismo cuenta con presupuesto, personal y reconocimiento.
Otro de los temas de derechos humanos levantado por este informe anual 2023 es la migración irregular, forzada o riesgosa que atraviesa Honduras hacia Guatemala y México, con destino final Estados Unidos. Los migrantes – la mayoría niños, jóvenes y mujeres — enfrentan serios riesgos durante el viaje, incluyendo secuestros, robos y discriminación.
Al atravesar Honduras en dirección al norte, reconoce el informe, migrantes de Haití, Nicaragua, Cuba, Venezuela y de otras nacionalidades están expuestos a ser víctimas de graves delitos, como robo, abuso sexual y homicidio.
El informe no lo dice, pero la migración humana es vista por Norteamérica como una amenaza a la seguridad interior y a la defensa nacional. Washington intenta cada vez medidas brutales, violatorias de derechos humanos, para detener las caravanas con murallas de granito, leyes racistas, infantes de marina, policías y paramilitares armados, además de endurecer la mano de México y Honduras.
Respecto a la política exterior de Honduras, el informe de esta organización surgida en 1978 en guerra fría, reprocha la posición de nuestro país en la asamblea general y en el Consejo de Derechos Humanos.
Enfatiza que Honduras, a través de su representante, se abstuvo de apoyar resoluciones contra Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
También remarca el voto en contra de una resolución que establecía un grupo de expertos para investigar violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
Este examen de política exterior incluye igualmente la abstención de Honduras en la votación de una relatoría especial contra Rusia y el voto a favor de analizar un informe sobre violaciones contra comunidades predominantemente musulmanas en Xinjiang en China.
El informe destaca una más: la posición crítica de Honduras en la Organización de Estados Americanos donde se abstuvo de acompañar una arenga contra Nicaragua sobre presos políticos y persecución contra la prensa.
Para finalizar, podemos decir que después del golpe de Estado de 2009, Nicaragua votó solidaria con el pueblo de Honduras en la ONU y en la OEA, además de acoger en su territorio a los máximos ejecutivos del gobierno golpeado.
Pero también durante la dictadura 2009-2021, el gobierno de Daniel Ortega cultivó sólidas relaciones con el régimen violento de Juan Orlando Hernández y asiló en su territorio a los principales dirigentes de su estructura criminal al cierre de 2021.
Entonces, si los Acuerdos de Helsinki en 1975 sirvieron para castigar moral y políticamente los derechos humanos estableciendo estándares de medición a los Estados del otro lado de la cortina de hierro, hoy ese patrón parecería obsoleto. Países firmantes de Europa y del norte de América no se miden con la misma vara. No se someten a ningún escrutinio público por violaciones a derechos humanos. Ni a la jurisdicción de las cortes supranacionales.
Que no sea el tufo a guerra fría lo que se sienta después de las evaluaciones internacionales a Honduras por sus relaciones con Venezuela, Nicaragua, Cuba, Rusia y China. Que sean los hechos sin sesgo.
Buenas noches
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 13 de enero de 2024
