Desde el 26 de noviembre pasado, fecha de las elecciones generales, Honduras enfrenta una crisis electoral, que ya provocó más de treinta muertes, numerosos heridos, centenares de detenciones arbitrarias y personas desaparecidas.
Según la fórmula consagrada, quisiéramos poder escribir que se trata de una crisis sin precedentes, pero desgraciadamente no es así.
Las raíces de esta crisis se encuentran en el Golpe de Estado militar perpetrado el 28 de junio de 2009. Esta ruptura institucional (calificada de “transición constitucional” pudorosamente por algunos) fue, más adelante, ratificada por el conjunto de naciones que apostó (equivocadamente) en el hecho que las elecciones organizadas en noviembre de 2009 pudieran dar una ilusión de regreso a la normalidad. En realidad, la crisis actual no es más que el último episodio de la telenovela sanguinaria que se trama en Honduras desde hace 8 años.
Desde entonces, desde la presidencia del Congreso (2009-2013) y luego en su calidad de jefe de Estado (2013-2017), Juan Orlando Hernández (JOH) consolidó el edificio dictatorial en la cima del cual pretende mantenerse. En efecto, es incluso antes de su toma de función en enero de 2014 que JOH hace aprobar la creación de la Policía militar del orden público (PMOP) y otros cuerpos de élite (TIGRES, COBRAS), instrumentos de la militarización de la sociedad.
También es la mayoría parlamentaria de su partido que eligió a los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) encargado de supervisar las elecciones de 2017. En resumen, son magistrados de la Corte Suprema de Justicia que le agradecen su puesto a JOH que dieron paso a la suspensión de la indeseable prohibición constitucional de solicitar un segundo mandato. Cabe recordar que fue la misma intención infundada, prestada al presidente José Manuel Zelaya, que le valió de ser derrocado por el golpe de Estado militar de 2009.
Por tanto, fue en conocimiento de causa que las instancias internacionales dieron su aval a un proceso electoral que, en palabras del analista hondureño Joaquín Mejía, descansa sobre cuatro «pecados originales» que caracterizan el establecimiento de una dictadura: la reelección; el control de las instituciones; la militarización de la sociedad y el apoyo de los Estados Unidos.
Al reconocer el resultado de una elección – que, hasta la OEA, habitualmente alineada sobre los criterios de Washington, se negó a certificar – el gobierno estadounidense repite una actitud similar a la que se le atribuye al presidente Franklin D. Roosevelt, quien, en 1939, habría declarado a propósito del presidente de Nicaragua: «Tal vez Somoza sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta». La dictadura de la dinastía Somoza duró 40 años. ¿Estarán los hondureños condenados a un suplicio tan largo?
Para impedirlo, habría que empezar por recusar las formulas que han retomado con ligereza diversos medios de comunicación, según las cuales “las violencias que han estallado tras las elecciones han obligado al gobierno a decretar el toque de queda”. Numerosos testimonios fidedignos demuestran que la brutalidad de las fuerzas del orden en contra de los manifestantes y las provocaciones orquestadas por elementos infiltrados crearon las condiciones y proporcionaron el pretexto para intensificar la represión. Esta estratagema, utilizada también durante el golpe de Estado del 2009, tiene como único objetivo el infundir terror dentro de la población en general. Se acompaña de una guerra sucia contra las personas más visibles de la oposición. La publicación de mensajes ligándolos a acusaciones de delitos, completamente mentirosas, constituyen verdaderos llamamientos a matar, hechos sobre los cuales se conmovieron la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto comisariado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH) que los denunciaron en un comunicado conjunto: (http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/007.asp).
Ante un poder que ha confiscado las instituciones, pisoteado la Constitución y la democracia, militarizado la sociedad y violado de manera flagrante los derechos fundamentales de los ciudadanos, es nuestro deber apoyar a la población de Honduras en su justo derecho de rebelarse en contra de la instauración de una nueva dictadura, tan cruel como las que, en el pasado, empañaron la historia del país, de la región y del continente.
Exigimos el respeto del voto expresado por el pueblo hondureño en las urnas y su derecho a disponer de su futuro. ¡Hacemos nuestro su combate por sus reivindicaciones sociales, su independencia y su soberanía política!
Exigimos el cese de la represión y la liberación de los manifestantes detenidos. Apoyamos el paro nacional convocado por la Alianza de oposición contra la dictadura, a la cual se han unido otros partidos y organizaciones que se emplean a impedir que Juan Orlando Hernández continúe a ejercer las funciones más altas del Estado a partir del próximo 27 de enero. La ley está de su lado, como lo proclama el artículo 3 de la Constitución: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional”.
Paris, Francia, 24 de enero de 2018
Primeros firmantes:
Francia América Latina, Francia
https://www.facebook.com/france.ameriquelatine/
Alerte Honduras, Francia
https://www.facebook.com/AlerteHonduras/
– Collectif Guatemala, Francia
– Confédération paysanne, Francia
– Association Altercultures, Francia
– Parti Communiste Français, Francia
– Terre et Liberté pour Wallmapu, Francia
– Forum Honduras Suisse, Suiza
– Centre Tricontinental, Bélgica
