Hoy, más de 50 organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil han enviado esta carta a los Estados con derecho a voto de la ONU, instándoles a dejar su papeleta en blanco a la hora de votar por Honduras -uno de los países más mortíferos del mundo para los defensores de los derechos humanos- para el Consejo de Derechos Humanos.
Estimados Estados votantes de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas:
Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes denuncian la postulación del Estado hondureño para ocupar un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Honduras, uno de los lugares más peligrosos del mundo para las personas defensoras de los derechos humanos, no tiene legitimidad para implementar un mandato de «Promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo». Aunque el Estado hondureño forma parte de una candidatura de «lista cerrada», instamos a los Estados votantes a dejar la papeleta en blanco cuando se trata de Honduras, un Estado manifiestamente no cualificado para el escaño, como símbolo para denunciar que el Estado no respete las normas más estrictas en materia de promoción y protección de los derechos humanos y que no colabore plenamente con el Consejo.
Desde hace años, Honduras está plagado de asesinatos, detenciones arbitrarias, amenazas e intimidaciones contra quienes defienden valientemente sus derechos. Frente a la grave situación de derechos humanos, la CIDH ha presentado tres informes sobre el país en 2009, 2015 y 2019, en los cuales identifica la persistencia de problemas estructurales como la pobreza, desigualdad, corrupción e impunidad que afectan de manera desproporcionada a los sectores más vulnerabilizados de la sociedad, debido a la existencia de una “justicia selectiva” que, por un lado, actúa de manera tardía en relación con violaciones a derechos humanos, pero que por otra parte, actúa favoreciendo los intereses de diversos actores vinculados al poder público, político y empresarial.
De otro lado, ha habido poco movimiento en las recomendaciones hechas por el ex Relator Especial para las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, Michel Forst, tras su visita a Honduras en 2019, y la situación de vulnerabilidad y riesgo que enfrentan las personas defensoras no ha disminuido. Por el contrario, las leyes regresivas, incluyendo profundos cambios en el código penal, han servido para profundizar la situación de riesgo que enfrentan las personas defensoras, sus comunidades y sus familias.
Antes de las elecciones al Consejo de Derechos Humanos que tendrán lugar el 14 de octubre, Amnistía Internacional y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos celebraron un acto de compromiso para los Estados candidatos. Durante el evento, nos sorprendió que Honduras se comprometiera a cooperar con la sociedad civil y los Estados de todas las regiones, cuando este mismo año, lejos de respetar la voluntad y el espíritu de la ONU de proteger y promover los derechos humanos, Honduras incumplió la Resolución Opinión núm. 85/2020 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, relativa a José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Orbín Nahúm Hernández, Arnold Javier Alemán, Ewer Alexander Cedillo Cruz y Jeremías Martínez Díaz (Honduras), conocidos como los defensores de Guapinol, la cual instó al Estado a liberar inmediatamente a los ocho defensores del agua que llevan más de 25 meses detenidos arbitrariamente. El Estado hondureño no sólo no implementó la resolución, sino que desde entonces ha prolongado sin motivo la detención arbitraria de los defensores que luchan para defender el agua de su comunidad ante proyectos mineros en el parque nacional Carlos Escaleras.
Este 14 de octubre, los Estados miembros de la ONU no deben promocionar a Honduras, sino tomar accion para que el Estado deje de actuar contra su propio pueblo y sus derechos.
