Tegucigalpa, Honduras.- Una veintena de recomendaciones en derechos humanos continúa sin tomar en cuenta de Estado de Honduras, entre ellas la desmilitarización, respeto a los defensores de derechos humanos y la investigación de crímenes contra grupos vulnerables, según la revisión de recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Este martes 16 de marzo, durante la sesión N° 36 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, parte de la agenda fue tratar la adopción de recomendaciones EPU por parte del Estado de Honduras, del tercer ciclo del Examen Periódicos Universal al cual Honduras se sometió el 5 de noviembre de 2020, ante 85 Estados.
Por parte del régimen de Juan Orlando Hernández, expuso Jackeline Anchecta, Secretaria de Derechos Humanos, dijo que el Estado de Honduras ha realizado esfuerzos por cumplir las recomendaciones a través del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones (SIMORE) en el marco de desarrollo sostenible.
Afirmó que las 223 recomendaciones recibidas están relacionadas con 41 instituciones estatales. “Ninguna de las recomendaciones se rechaza, se aceptan 203 recomendaciones y se toma nota de 20 referentes a la ratificación de instrumentos internacionales, reformas constitucionales o aprobación de legislación interna por parte de Congreso Nacional”.
La funcionaria hizo énfasis en la habilitación de centros de atención a las mujeres, diagnósticos de protección en conjunto con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidad para los Derechos Humanos (OACNUDH), proceso de políticas migratorias y atención en el tema de movilidad humana.
Agregó que las tormentas ETA e IOTA impactaron directamente en los grupos más vulnerables y a su vez tomaron medidas de atención gubernamental.
Algunos de los Estados participantes como Brasil, Cuba, Yibuti, Etiopía, Alemania, India, Islas Marshall, Marruecos, Namibia, Nepal, ACNUR, Omán y Rusia, compartieron de manera pública su opinión sobre las recomendaciones hechas el año pasado, adoptadas y las que solo tomaron nota.
Halagaron la participación continúa de Honduras en este proceso de revisión y que toman en cuenta el número de recomendaciones aceptadas, como ser las correspondientes a prevenir la violencia y tortura contra la niñez, mejoras en que más mujeres tengan oportunidad a puestos de tomas de decisión y medidas de lucha contra la pobreza.
Nuevamente sugieren que contemple la protección a grupos vulnerables como periodistas, activistas de derechos humanos, defensores enviados a cárceles, hacinamiento en los centros penales y violencia al interior de estos, detalló Alemania, a quien le preocupa que estos hechos continúen este año.
Por su parte Islas Marshall espera que el Estado adopte también la aplicación de pactos internacionales como ser tratados para mejorar el respeto a los derechos de la Diversidad Sexual y otras convenciones que garantizan los derechos humanos.
La separación de Poderes es fundamental para garantizar el adecuado funcionamiento entre los diferentes sectores del gobierno, es el cimiento sobre el cual las diferentes entidades se pueden exigir cuentas entre ellas, por lo que Namibia recomendó que Honduras considere la independencia e integridad del Poder Judicial.
Cabe señalar que en Honduras el Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo fungen en una alianza común o pacto que favorece intereses específicos y ataca a quienes se oponen. Por ello hay presos políticos, perseguidos, estigmatizados, defensores o líderes sociales y políticos en el exilio, muchos de estos casos acompañados por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Honduras), además se asesinatos políticos en diferentes épocas como ser década de 1980, golpe de Estado de 2009, fraude electoral 2017, defensa de salud y educación en 2019, confinamiento y suspensión de garantías constitucionales desde hace un año con la llegada de la pandemia por Covid-19.
Los gobiernos esperan que Honduras cumpla con la adopción del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), la creación de medidas de lucha contra la pobreza, adopción de medidas contra el racismo y respeto a los pueblos indígenas.
En el plan de respuesta para desplazamiento interno y demás referentes a tema, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), ofreció su apoyo al Estado hondureño. En este caso, desde 2018 las caravanas migrantes o éxodos masivos han puesto a Honduras en el ojo de mundo. Por miles son hombres, mujeres, menores solos y acompañados que abandonan el país hacia los Estados Unidos de América, se ha registrado personas muertas, cientos de retornados y miles en la frontera sur (México- EEUU). Al menos tres caravanas han salido en medio de la pandemia y exponiéndose a que las fuerzas represoras de Guatemala y México los atacan.
Sociedad Civil resaltó recomendaciones que no se toman en cuenta
Tras escuchar la opinión internacional, diferentes organizaciones que integran la Coalición Contra la Impunidad- Honduras, recalcaron que se debe adoptar leyes en derechos sexuales y reproductivos con el fin de salvaguardar los derechos de mujeres y niñas, su vida y autonomía, afirmó la representación del Centro de Derechos de la Mujer (CDM).
Entre varios temas, Brigadas de Paz Internacional se refirió a los derechos campesinos y la entrega de tierras de producción agrícola a las Fuerzas Armadas y agro industriales durante la pandemia, según Decretos Ejecutivos (PCM).
La sociedad civil reafirmó que se debe tomar en cuenta las recomendaciones encaminadas al accionar del Mecanismo Nacional de Protección para defensores de Derechos Humanos, que se investigue el asesinato contra la defensora y lideresa indígena Berta Cáceres (2016) y que se castigue a los responsables. De parte de Suiza, que se respete el derecho de los Pueblos indígenas; y la recomendación de Irlanda, la adopción del tratado de Escazú, sobre asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
Save The Choldren- y la Red Coiproden, exigió un plan de acción en favor de niños, niñas y sociedad civil, y el seguimiento al plan de acción y fortalecer la Secretaria de Estado para derechos de la niñez y juventud, mejorar la inclusión de niñez en extrema pobreza y evitar el desplazamiento y reclutamiento de menores por parte de maras y pandillas.
La representante de Instituto Don Bosco se refirió a la situación de educación para los niños y niñas, son dos millones de menores que no pueden acceder al sistema de educación virtual en tiempo de la pandemia. Se debe tomar medidas efectivas contra la deserción escolar y estimular apoyo económico a la familia.
La organización Artículo 19, abogó por la aplicación de la Ley de protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, abogados y operadores de justicia. Sin embardo en las últimas dos décadas más de 80 periodistas fueron asesinados amparados en la impunidad. Los ataques continúan con persecución, injurias, penalización y judicialización que provoca autocensura.
Acción Canadá para la Población y el Desarrollo, lamentó que no se tome en cuenta el derechoa la salud sexual y reproductiva, reflejando desinterés estatal con acciones que reflejan retroceso en los derechos humanos.
Civicus registra que el Estado de Honduras no ha aplicado 19 de 30 recomendaciones con respecto a la libertad de los trabajadores en diferentes campos, como libertad de expresión en periodistas y libertad de reunión pacífica. Que la Ley y la práctica sea un ambiente agradable.
Amnistía Internacional denunció el uso excesivo de la fuerza de parte las fuerzas represoras del Estado en las manifestaciones populares específicamente entre 2017 y 2020 de parte de la Policía y Fuerzas Militares. También abogó por los defensores del ambiente y el derecho a la reunión pacífica sin la presencia militar en el ámbito público.
En favor de la Diversidad Sexual, la representante de la Red Lésbica Cattrachas, denunció que en Honduras las personas LGTBI no son sujetos de igualdad de derecho y que en este país se da la tasa más alta de muertes violentas o crímenes de odio en la región latinoamericana y el Caribe con un 91 por ciento de impuidad. Pese a que se presentó dos recursos de inconstitucionalidad por el derecho al matrimonio igualitario y más bien presentan más obstáculos.
Human Righs Internacional mostró su preocupación ante la violencia de género, corrupción e intimidación en el sistema judicial. Entre 2008 y 2018 por lo menos 295 personas LGTBI fueron asesinadas, 11 eran defensores de derechos humanos, por lo que urge medidas concretas para evitar más violaciones de este tipo y campañas de concienciar respeto a las personas LGTBI y formar a las fuerzas del orden para que respondan a la violencia doméstica y GTBI, conforme a os estándares de la CIDH.
Finalmente, Leyla Guerrero en representación (presencial) de la comisión hondureña, reafirmó que seguirán con la adopción de las 203 medidas, y no las 223 que presentaron los Estados, justificando sus actos con palabras y no con hechos. En el EPU de 2015, el régimen de Hernández aceptó 150 recomendaciones.
Honduras es sometido al EPU después del Golpe de Estado de 2009, donde se elevó la violencia estatal contra el pueblo, dejando en la impunidad muchos actos de penalización, intimidación, muerte y desaparición forzada.
