Tegucigalpa.- Este 1 de mayo la clase trabajadora que se movilizó en la capital hondureña exigieron la libertad de los opositores que están privados de libertad por razones políticas.
Tras la crisis post electoral más de 174 personas han sido judicializadas, de las cuales tres aún guarda prisión, una en el centro penal de El Progreso en el departamento de Yoro, y dos en la cárcel de máxima seguridad conocida como La Tolva, ubicada en Morocelí El Paraíso.
Los compatriotas que aún guardan prisión por razones políticas son Gustavo Cáceres (En El Progreso), Raúl Álvarez y Edwin Espinal (Ambos en La Tolva).
El Comité por la Liberación de los Presos Político en Honduras emitió un comunicado que a continuación compartimos con ustedes.
HONDURAS DEBE DE LIBERAR A LOS OPOSITORES POLÍTICOS ENCARCELADOS
En esta manifestación hay personas que faltan, hay luchadores de la democracia ausentes, por estar encarcelados o cumpliendo la orden de no manifestar su disidencia. Faltan Edwin Espinal y Raúl Álvarez, faltan 174 personas más.
Los presos políticos llevan encarcelados 485 días en condiciones deplorables de detención, sujetos a torturas, tratos crueles e inhumanos, en condiciones higiénicas deficientes, sin asistencia médica y bajo constantes amenazas.
Su situación legal es ambigua, los procesos judiciales se han caracterizado por usar tácticas dilatorias.
El Comité Pro-Liberación de los Presos Políticos registra 174 casos de personas judicializadas por su conciencia política y oponerse a la actual dictadura que gobierna el país.
Por su posición política muchos de ellos no han tenido sentencia, ni condenatoria ni absolutoria. Por lo que constituye una privación ilegal de la libertad por parte de las autoridades judiciales, que se complementa con una detención infrahumana y discriminatoria.
El Comité ha externado desde su conformación su preocupación por las graves violaciones al debido proceso, la desproporcionalidad de la medida cautelar de detención preventiva aspectos que consideramos se trata de un caso de criminalización por haber defendido la democracia y el derecho humano al voto y elegir a sus autoridades.
El Comité plantea la necesidad de una Ley de Amnistía. Así, se agilizaría la liberación de presos políticos. También beneficiaría a otros casos como el de las personas libres por medidas sustitutivas, que se han quedado firmando con proceso penal. O quienes actualmente tienen procesos investigativos en su contra o investigaciones abiertas que podrían desembocar en órdenes de aprehensión.
Exigimos al Estado cumpla con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos y en materia de procuración de justicia, que libere a las personas encarceladas por motivos políticos.
Que traslade en tanto y en cuanto se liberan a Edwin Espinal y a Raúl Álvarez, a centros regulares de detención.
Que cierre los procesos penales y las causas investigativas contra los opositores al fraude electoral.
Le recordamos al Estado que su obligación no termina con liberar a los presos políticos, que debe de reparar el daño causado, que está obligado a investigar y sancionar a los funcionarios que han mantenido en prisión injusta a los presos políticos.
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de mayo de 2019.
Comité Pro-Liberación de los Presos Políticos
