El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Honduras.
Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido información de fuentes fidedignas sobre la criminalización en contra de 31 pobladores quienes se han movilizado por la defensa del derecho al agua en los sectores de Guapinol y San Pedro en Tocoa, departamento de Colón, en la zona del Parque Nacional Montaña de Botaderos[1].
Según la información recibida, el 21 de febrero de 2019, 13 de 18 personas de la comunidad de Guapinol se presentaron voluntariamente al juzgado de La Ceiba ante la orden de detención emitida en su contra por supuestos delitos de usurpación y daños contra la empresa “Inversiones Los Pinares” y el Estado de Honduras. Al presentarse al juzgado, las personas de la comunidad y sus abogados fueron sorprendidos con la existencia de una segunda solicitud de captura en contra de 31 personas[2], dentro de las cuales, 12 de las 13 personas que se presentaron, que les acusaba por delitos adicionales, dentro de los que se encuentran privación injusta de la libertad, incendio agravado, robo y asociación ilícita. Ante esa situación, los abogados defensores interpusieron un recurso de recusación en contra del juez de La Ceiba y el caso fue trasladado a un juez de Jurisdicción Nacional con sede en Tegucigalpa.
Las 13 personas fueron trasladadas a Tegucigalpa con fuertes medidas de seguridad militar y policial. Al día siguiente, se celebró la audiencia donde el juez de Jurisdicción Nacional ordenó ilegalmente la detención judicial para 12 de las 13 personas, en virtud de que solamente una de las personas no estaba incluida en la segunda solicitud de detención. La audiencia en la que se decidirá si hay suficiente prueba para sustentar los cargos y el procesamiento de las 13 personas se realizará el 28 de febrero de 2019.
El 1 de agosto de 2018, pobladores de comunidades del sector de Guapinol instalaron un campamento en protesta a las actividades de la empresa «Inversiones Los Pinares» que trabajaba en la apertura de una carretera hacia una zona del Parque Nacional Montaña de Botaderos donde se ubican dos concesiones mineras de la empresa Emco Mining Company S.A. de C.V., pasando a unos 20 metros del río Guapinol. Según los pobladores, el arrastre de los sedimentos de la apertura de la carretera hizo que los sistemas de agua potable se llenaron de lodo. Además, pobladores de 13 comunidades del sector de San Pedro se sumaron a la protesta ya que la explotación minera está ubicada en la zona donde nace el río San Pedro, que les abastece de agua. Los pobladores consideran ilegal e injusta la autorización sin consulta de concesiones mineras en la zona núcleo de un área protegida donde nace el agua que usan para sobrevivir.
El 7 de septiembre de 2018, una persona resultó herida luego de ser atacada por un grupo de guardias contratados por la empresa «Inversiones Los Pinares», en el sitio en donde mantenían el campamento los pobladores de Guapinol y San Pedro.
El 27 de octubre de 2018, aproximadamente 1500 efectivos militares y policiales llevaron a cabo un desalojo violento del campamento.
El Observatorio manifiesta su preocupación por el hecho de que las imputaciones contra los 31 pobladores estén originadas en una manipulación del sistema de justicia para amedrentarlos por su movilización en la defensa de derechos y que las mismas tengan como intención desestructurar al movimiento. Es preocupante igualmente la decisión de que el proceso haya sido trasladado a un juez de Jurisdicción Nacional con sede en Tegucigalpa, los cuales fueron concebidos para conocer casos de estructuras criminales que están provocando altos índices de muerte en el país. Esto evidencia la instrumentalización de estos juzgados y del sistema de justicia para criminalizar a las poblaciones que hacen un uso legítimo de su derecho de resistencia en defensa de la tierra y el territorio.
El Observatorio hace un llamamiento a que el Estado de Honduras tome medidas concretas urgentes para asegurar el respeto del derecho al debido proceso de los pobladores y poner fin de inmediato a todo acto de hostigamiento – incluso a nivel judicial – en contra de los pobladores de Guapinol y San Pedro, así como de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, sobre todo en el marco de la defensa del derecho a la tierra y al territorio frente a empresas mineras.
Acción solicitada:
Por favor, escriban a las autoridades de Honduras urgiéndolas a:
i. Poner fin de inmediato a todo acto de hostigamiento – incluso a nivel judicial- en contra de los pobladores de Guapinol y San Pedro, así como de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, y respetar en todas circunstancias su derecho a un debido proceso permitiendo que el proceso se lleva a cabo privilegiando la libertad de los 31 defensores del derecho al agua en Honduras;
ii. Poner fin a la utilización de figuras delictivas como la asociación ilícita para controlar, neutralizar y castigar a las personas que ejercen el derecho a la resistencia en defensa de la tierra y el territorio;
iii. Garantizar el derecho al debido proceso de las personas que han sido criminalizadas y evitar el uso de la prisión preventiva, la cual, en el contexto hondureño está siendo utilizada para la desmovilización social en violación a los estándares internacionales;
iv. Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la legalidad de las concesiones mineras que originaron el conflicto, los daños ambientales y las acciones de las guardias de seguridad de la empresa, policías y miembros de las fuerzas armadas, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;
v. Implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público por parte del Presidente de la República y otros altos funcionarios, de la importancia de la legítima labor llevada a cabo por los defensores y defensoras de derechos humanos;
vi. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2.
vii. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Honduras.
Direcciones:
• Sr. Juan Orlando Hernández, Presidente de la República. E-mail: diseloalpresidente@presidencia.gob.hn, info@presidencia.gob.hn
• Héctor Leonel Ayala, Secretario de Estado de los Despachos de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización. E-mail: observatorio@sdhjgd.gob.hn
• Sr. Oscar Chinchilla, Fiscal General de la República. E-mail: suazog@mp.hn;
• Sra. Nora Urbina, Directora General del Sistema de Protección a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. E-mail: proteccion.ddhh.hn@gmail.com
• Sr. Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. E-mail: consultorinternacionalhn1@gmail.com; central@conadeh.hn
• Sr. Jorge Alberto Rivera Avilés, Presidente de la Corte Suprema de Justicia. E-mail: cedij@poderjudicial.gob.hn; justiciaenaccion@poderjudicial.gob.hn
• Sr. Embajador Giampaolo Carmelo Rizzo Alvarado, Misión Permanente de Honduras ante las Naciones Unidas en Ginebra. E-mail: mission@hondurasginebra.ch
• Sr. Embajador Roberto Ochoa Madrid, Embajada de Honduras en Bruselas. E-mail: ambassade.honduras@chello.be
• Sr. Embajador Leónidas Rosa Bautista, Embajada de Honduras en OEA. E-mail: honduras@oas.org
Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de Honduras en sus respectivos países.
