El 06 de febrero de 1995, Blanca Jeannette Kawas Fernández fue asesinada como represalia por su labor de defensa de los derechos humanos y el ambiente, tras denunciar la explotación maderera ilegal y oponerse públicamente a diversos proyectos económicos en la Península de Punta Sal, Honduras. A 28 años del asesinato de la defensora ambiental, la impunidad prevalece sobre su caso.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó recientemente una resolución de cumplimiento de sentencia del caso, en la cual llama la atención al Estado de Honduras por el incumplimiento de la medida de investigación de los hechos.
En 2009, la Corte IDH declaró la responsabilidad internacional del Estado hondureño por violar el derecho a la vida de la defensora ambiental, y, entre otras medidas, ordenó llevar a cabo los procesos penales correspondientes, y en su caso, sancionar a los responsables.
“A más de 27 años de la muerte de la señora Kawas Fernández y a más de 13 años de haberse emitido la Sentencia, aún no es posible identificar, con base en la información proporcionada por el Estado, una estrategia dirigida a investigar con la debida diligencia la muerte de la referida víctima, prevaleciendo la impunidad por la falta de efectividad de las investigaciones y procesos penales y la demora injustificada en las mismas”, señaló la Corte IDH en su resolución. Para el alto Tribunal: “Esto resulta especialmente grave considerando que en la Sentencia se constató que, en las violaciones del presente caso, hubo participación de al menos un agente del Estado que obstaculizó las investigaciones”.
Para las organizaciones representantes, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el asesinato de la defensora Jeannette Kawas y la impunidad que rodea su caso, resultan en un efecto amedrentador para otras personas que se dedican a la defensa del medio ambiente, la tierra o el territorio en Honduras. De acuerdo con las organizaciones: “En uno de los países más peligrosos del mundo para las personas ambientalistas, investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de este asesinato resulta fundamental para romper con la impunidad instalada en el país y garantizar que hechos como este no se repitan”.
