El Comité Nacional Pro-Liberación de Presos Políticos en Honduras, ante la persistencia de la criminalización del ejercicio del derecho a la protesta y denuncia, condena enérgicamente los últimos hechos.
El 23 de febrero el poder judicial de Honduras envió a prisión preventiva a 13 defensores de los bienes comunes y de la naturaleza integrantes del Comité Municipal Ambiental de Tocoa, departamento de Colón.
32 son los lideres judicializados, que junto a las comunidades de La Ceibita han librado una legítima resistencia contra un proyecto minero propiedad de la empresa Inversiones Pinares desde el año 2018, ante la falta de cumplimiento del deber estatal de realizar una consulta previa, ha generado un profundo conflicto entre los intereses mineros y los de las comunidades. La respuesta estatal se ha caracterizado con represión de la protesta social y criminalización de defensores de derechos humanos y líderes comunitarios.
En la última década uno de los mecanismos que ha sido utilizado por el estado de Honduras para reprimir a la oposición política y social, principalmente para la movilización ciudadana es el aparato judicial, es decir que se ha sometido a personas o grupos de personas a procesos judiciales, con el objetivo de acallarlos, de poner fin a sus luchas, de generar temor e intimidación a fin de que estas no continúen e incluso en algunos casos de castigarlos por haber cuestionado el proyecto de supuesto desarrollo del Estado, las empresas privadas, o el proyecto de dictadura política.
De esta forma, Berta Isabel Cáceres Flores –coordinadora general del COPINH y beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH– fue objeto de criminalización, a finales del mes de mayo de 2013, la lideresa indígena fue objeto de una emboscada por un comando militar-policial mientras se trasladaba, junto a un compañero hacia la comunidad Lenca de Los Encinos, Río Blanco, municipio de Intibucá; en esa ocasión, la hicieron bajar y retirarse del automóvil mientras lo registraban, luego de lo cual éste les fue decomisado, supuestamente por haber encontrado una pistola comercial en la paila del carro. A raíz de esto, se procesó a la defensora por el delito de portación ilegal de armas y atentado contra la seguridad interior del Estado.
A finales del mes de julio de 2013, el Ministerio Público presentó un segundo requerimiento fiscal ante el Juzgado Primero de Letras de Intibucá, por los supuestos delitos de usurpación, coacción y daños continuados, en contra de Berta Cáceres y dos compañeros más, alegando que indujeron a los pobladores a cometer daños en equipo y propiedades de la empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA). Según se conoció en su momento, las acusaciones fueron promovidas por denuncias del Alcalde Municipal y apoderados de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA).
El Comité Nacional Pro-Liberación de Presos Políticos en Honduras considera que la criminalización de la que son víctimas los defensores del Bajo Aguán es un caso emblemático de la situación que enfrentan los defensores de derechos humanos y los oponentes políticos en el país, en el marco de la implementación de proyectos extractivos y otros proyectos de desarrollo. El proceso penal y mediático al que han sido sometidos han limitado y deslegitimado gravemente sus actividades de defensa de los derechos humanos, desde septiembre de 2018. Igual que en el caso Cáceres también enfrentan dos requerimientos fiscales, algunos son beneficiarios de Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El uso del sistema penal tiene la finalidad de generar hostigamiento a defensores y defensoras de derechos humanos, y de la misma forma que a los presos políticos, castigarlos por su ejercicio legítimo de defender los derechos humanos y el sistema democrático por medio de cualquier mecanismo de denuncia.
La criminalización en el contexto de las protestas en Honduras se caracteriza principalmente por el uso de arrestos arbitrarios y por un sistemático hostigamiento judicial de los líderes, afectando los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión. Las acusaciones a las que se enfrentan los líderes se basan en la mayoría de los casos en prueba obtenida de videos, manejados por la policía y por testigos protegidos que son policías o técnicos del sistema de seguridad.
Ante los hechos expuestos
Recordamos al Estado Honduras que tienen el deber de tomar todas las medidas necesarias para evitar que se someta a juicios injustos o infundados a personas que de manera legítima reclaman el respeto y protección de los derechos humanos y las libertades democráticas. En ese sentido, solicitamos a las autoridades hondureñas:
– Que dejen sin efecto los requerimientos fiscales incoados contra 174 personas criminalizadas en el marco de las protestas contra el fraude electoral de 2017;
– Cerrar los expedientes contra estudiantes y líderes sociales sujetos de hostigamiento y amenazas de criminalización;
– Que elimine los antecedentes penales producto de la criminalización de la que son victima;
– Que se levante cualquier impedimento vigente de salida del país, en contra de los criminalizados;
– Poner fin a la criminalización de las actividades de defensa de los derechos humanos, en particular en el marco de la protesta social en contra de megaproyectos de desarrollo.
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de febrero de 2019
C.C:
A las Relatorías Interamericana y Universal sobre defensoras y defensores de DDHH
En especial la Oficina de la Alta Comisionada de derechos Humanos de Naciones Unidas basada en Honduras.
Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Relator de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos
A los Relatores de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano para la Libertad de Expresión.
Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales
A la Relatoría para personas privadas de libertad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Representación de la Unión Europea en Honduras.
