El 24 de mayo estaba programada la audiencia preliminar ante el Juzgado de Letras de la
ciudad de Tegucigalpa de cuatro de las ocho personas acusadas de haber participado en el
asesinato de la defensora lenca de derechos humanos, Berta Cáceres. Esta audiencia daría
inicio formal al proceso contra estas cuatro personas.
La fecha de esta diligencia fue reprogramada después de que el 19 de abril de este año fue
suspendida a petición de los abogados de los acusados y de la representación legal de la
familia de la defensora, debido a que el Ministerio Público no había entregado la información
probatoria completa en la que basa su acusación. En esa ocasión, la audiencia fue
reprogramada para el 28 de abril y fue suspendida nuevamente debido a la falta de acceso
a la información requerida.
No obstante, la audiencia fue nuevamente aplazada para el 7 de junio, debido a que el
Ministerio Público no entregó con suficiente anticipación la información probatoria para que
los representantes de las familias puedan ejercer su derecho a buscar la verdad, la justicia y
la reparación, ni para que los abogados defensores de los acusados puedan ejercer el derecho de defensa de acuerdo con los estándares del debido proceso. Según el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas – GAIPE, era necesario que el Ministerio Público
entregara la información probatoria completa con suficiente anticipación, habida cuenta que,
debido al gran volumen de información, será imposible revisarla y preparar adecuadamente
el debate si es entregada solo algunos días antes del inicio de éste.
Además de las preocupaciones relativas al debido proceso, y al derecho a la justicia, la verdad y la reparación de la familia de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres, se aúna la incertidumbre acerca de los avances que el Ministerio Público hondureño ha hecho en
relación con la identificación de los autores intelectuales del asesinato; un llamado que
Amnistía Internacional ha reiterado durante meses.
El pasado 18 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó una
reunión de trabajo en Tegucigalpa, para revisar el cumplimiento de las medidas cautelares
otorgadas a la familia de Berta Cáceres y al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas de Honduras – COPINH. Sin embargo, los representantes del Ministerio Público,
que está a cargo de la investigación del asesinato de la defensora y de los ataques contra
diversos integrantes del COPINH que dieron origen a las medidas cautelares, no se
presentaron a dicha reunión.
La impunidad frente a ataques contra personas defensoras de derechos humanos sigue
siendo uno de los mayores desafíos que enfrenta Honduras. Ante el asesinato de Berta Cáceres, las autoridades hondureñas están obligadas a llevar a cabo una investigación seria, imparcial y exhaustiva que permita identificar a todos aquellas personas que sean responsables del crimen, tanto material como intelectualmente, y de existir pruebas admisibles suficientes en su contra, hacerlos comparecer ante la justicia en un proceso justo y apegado al debido proceso.
Además, en este proceso las autoridades encargadas de la investigación deben ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos para respetar, proteger y garantizar el derecho al debido proceso de los acusados, así como el derecho de la familia de la defensora a la justicia, la verdad y la reparación. Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades para que garanticen el acceso a la información probatoria para que las demás partes involucradas en el proceso ejerzan sus derechos y para que la investigación del asesinato sea llevada a cabo de buena fe y de forma exhaustiva e imparcial.
