16 de marzo de 2021.- En Honduras, la instalación y operación de proyectos extractivos, facilitados por la legislación hondureña, ha tenido un impacto significativo en la garantía de los derechos humanos de la población; en particular ha expuesto a una grave situación de riesgo a las personas defensoras de los territorios y bienes comunes. El próximo viernes 19 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará una audiencia pública con participación de organizaciones de sociedad civil y representantes del Estado para conocer sobre esta situación.
Al respecto, en 2018, se registraron un total de 315 plantas generadoras de energía en el territorio, de las cuales 157 se tipifican como hidroeléctricas, siendo Cortés, Olancho, Atlántida y Santa Bárbara los departamentos en donde más se registran proyectos hidroeléctricos. Datos del 2019 registran áreas de concesión minera y proyectos de generación de energía eléctrica en 194 municipios, el 65% de los municipios del país.
Por su parte, más de 137 concesiones mineras y de energía se encuentran distribuidas alrededor o dentro de territorios indígenas a nivel nacional. La mayoría de estas concesiones se encuentran en estado de exploración y distribuidas en los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira y Yoro. Tan solo en La Paz, estas concesiones han provocado más de 60 conflictos ambientales que incluyen la criminalización y persecución de personas defensoras.
A pesar de ello, las políticas y leyes hondureñas favorecen la instalación y operación de proyectos extractivos sin suficientes controles estatales, mediante la simplificación administrativa de procedimientos para proyectos ambientales, la expatriación de capitales, la disminución de controles laborales, ambientales y de seguridad, la libre disposición de los títulos de concesión, la restricción en el acceso a información pública, entre otros.
Ante este contexto, Honduras ha sido señalado reiteradamente como un Estado que opera a favor de intereses económicos violentando derechos de las personas que representan una oposición para esos intereses. En este contexto, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y los derechos humanos ha expresado su profunda preocupación por los riesgos a los que se enfrentan las personas defensoras del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas, ejemplificados en casos como el asesinato de la lideresa lenca Berta Cáceres.
En la audiencia pública que se celebrará esta semana ante la CIDH, organizaciones que han documentado y dado seguimiento puntual a la situación de proyectos extractivos en Honduras denunciarán sus impactos en los derechos sociales, económicos y ambientales de la población y los riesgos que implican para la vida e integridad de quienes defienden derechos humanos y el ambiente. Asimismo, autoridades estatales tendrán la oportunidad de ampliar sobre la situación.
La audiencia pública tendrá lugar el viernes 19 de marzo a las 7:00am hora Honduras y se transmitirá mediante la página de Facebook de la CIDH y Zoom. Enlace de inscripción: https://bit.ly/3lbPZPA.
Las organizaciones de sociedad civil que participarán en la audiencia son: la Asociación de Organismos no Gubernamentales de Honduras, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVIDA), el Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ), Protection International Mesoamérica, y la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos.
