La defensora de derechos humanos Juana Esquivel, directora de la Fundación San Alonso Rodríguez, en Tocoa, Colón, Honduras, continúa siendo objeto de campañas de desprestigio en su contra y en contra de la organización de derechos humanos que dirige. Dicho acoso está relacionado con el apoyo prestado por dicha organización a las y los activistas del campamento Guapinol, quienes enfrentan tentativas de evicción, agresiones policiales y criminalización debido a las protestas pacíficas que han llevado a cabo en contra de los daños ambientales causados por las actividades de la Empresa Minera Inversiones Los Pinares.
Juana Esquivel una defensora de derechos humanos que, en su papel como directora de la Fundación San Alonso Rodríguez, colabora en el acompañamiento y legitimación de iniciativas y luchas pacíficas de derechos humanos. Ella hizo numerosas entrevistas e informes acerca del caso del campamento Guapinol y fue reconocida como su portavoz. La Fundación San Alonso Rodríguez es una organización de la sociedad civil integrante del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. La organización aconseja, acompaña y comparte información acerca de los casos de criminalización en contra de 18 de los integrantes del campamento.
La defensora de derechos humanos Juana Esquivel e integrantes de la Fundación San Alonso Rodríguez son objeto de campañas de desprestigio en la prensa y en las redes sociales. La Radio Cadena Voces afirmó en una publicación en Facebook que la Fundación San Alonso Rodríguez es la causa de todos los conflictos en Colón, mostrando a sus integrantes como “opositores del progreso”. Asimismo varios equipos de prensa filmaron a las y los integrantes de la organización fuera de la oficina para después mostrarlos en medios como criminales. Además, las y los integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa también fueron acusados por Mundovision en su página en Facebook de destruir a la propiedad de la empresa de minería. Otra publicación culpó a Juana Esquivel y a otros integrantes de la Fundación San Alonso Rodríguez de ser terroristas y de dar armas a los activistas del campamento.
Dicho acoso está relacionado con el apoyo prestado por la Fundación San Alonso Rodríguez a los activistas del campamento Guapinol. La protesta, nombrada Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida empezó el 1 de agosto de 2018, cuando cientos de habitantes de la comunidad Guapinol ocuparon los márgenes de una carretera que lleva a la Empresa Minera Inversiones Los Pinares. Las y los activistas estuvieron en la protesta por más de tres meses en contra de las violaciones a los derechos al acceso a la tierra, comida y agua debido al proyecto hidroeléctrico de la empresa. El proyecto hidroeléctrico empezó el 2014, y contaminó el agua del río Guapinol, resultando en la muerte de animales y en enfermedades entre las y los habitantes del área. Existen numerosas alegaciones de irregularidades en la licencia del proyecto y su implementación.
El 13 de septiembre de 2018, un tribunal hondureño especializado en crímen organizado emitió un orden de detención en contra 18 de los integrantes del campamento. En seguida, el 27 de octubre de 2018, una represión policial y militar fue organizada en contra del grupo. El ataque utilizó municiones y bombas de gas lacrimógeno, y resultó en el asesinato del activista Levin Alexander Bonilla y otros dos militares. Desde entonces, las fuerzas de seguridad estatales siguen en la región. La minería también estuvo involucrada en los ataques e intimidaciones en contra de los integrantes del campamento Guapinol, como el secuestro de su líder Irma Serrano y sus dos hijas por más de 20 horas.
Honduras es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para personas defensoras de derechos humanos. De acuerdo con un comunicado emitido por el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, y el Relator Interamericano sobre Defensores de Derechos Humanos, José de Jesús Orozco Henríquez, el Gobierno de Honduras «debe adoptar y aplicar de manera inmediata medidas efectivas para proteger a los defensores de derechos humanos, para que puedan desempeñar su trabajo sin temor o amenaza de violencia o asesinato”. En su visita oficial el 28 de julio de 2017, el asistente del Secretario General de Naciones Unidas, Andrew Gilmour, resaltó la importancia que tiene el aumentar la protección de las y los defensores de derechos humanos en Honduras.
Front Line Defenders está profundamente preocupada por la campaña de desprestigio en contra de Juana Esquivel, la cual se presenta como un intento por deslegitimar su trabajo en favor de la protección a los derechos ambientales y el derecho al acceso al agua en la región de Colón. Front Line Defenders sigue preocupada con respecto a que dicha campaña de desprestigio pueda llevar a un aumento en la violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.
Front Line Defenders urge a las autoridades en Honduras a:
1. Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la campaña de desprestigio en contra de Juana Esquivel y la Fundación San Alonso Rodriguez, con el fin de publicar los resultados y de llevar a los responsables ante la justicia de conformidad con los estándares internacionales;
2. Tomar las medidas necesarias para asegurarse que los funcionarios públicos y otras figuras públicas se abstengan de estigmatizar el trabajo legítimo de derechos humanos de la Fundación San Alonso Rodriguez y sus integrantes;
3. Garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos en Honduras puedan seguir con sus actividades de defensa de los derechos humanos sin temor a represalias y sin restricciones.
