Tegucigalpa.- El estado de Honduras, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) anunció hoy que a mediados de 2021, contará con un “Registro Nacional de Detenciones”, en cumplimiento al Acuerdo de Solución Amistosa en el caso Dixie Miguel Urbina y a la sentencia del caso Juan Humberto Sánchez, que demandó al estado, la creación de dicho registro.
De igual forma, la PGR informó al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en su condición de representante de las víctimas y sus familiares, que proporcionará en el término de un año, avances investigativos sobre el caso de graves violaciones a derechos humanos cometidas por agentes del estado; en perjuicio de Dixie Miguel Urbina, que fueron dos de las demandas planteadas por el comité ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proceder a “homologar” el Acuerdo de Solución Amistosa.
Otros aspectos de cumplimiento por parte del estado, tienen que ver con la atención médica y psicológica hacia los familiares de las víctimas, que el estado deviene obligado a cumplir y por el que también anunció que reanudará las atenciones en marzo de 2021 en el Hospital San Felipe.
El director de Derechos Humanos y Litigios Internacionales de la PGR, Nelson Molina, señaló que tomó nota de las observaciones planteadas por las delegadas del COFADEH en la “reunión virtual” sostenida el viernes 11 de septiembre, con énfasis en la calendarización de la rehabilitación física y psicológica de los familiares de Dixie Urbina, así como asignar fechas intermedias durante el proceso, para informar sobre los avances del proyecto “Registro Nacional de Detenciones”.
Molina reiteró que dicho proyecto estará listo en un plazo de 12 meses y que contará con la asesoría del gobierno mexicano, con la supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la observancia del COFADEH.
En relación a la petición que hizo el COFADEH ante la CIDH sobre el nombramiento de un fiscal especial que investigue el caso y que informe sobre las diligencias investigativas cada 4 meses, el director de derechos humanos de la PGR dijo que “hemos hecho las consultas con el Ministerio Público (MP) y vamos a retomar el tema del nombramiento de un fiscal especial”.
Respecto al proyecto “Registro Nacional de Detenciones”, como lo ha llamado la PGR, la procuradora de derechos humanos del COFADEH, Mery Agurcia expresó que sería necesario “programar fechas intermedias con indicadores que vayan señalando los cumplimientos del registro”.
“Solo me queda valorar la voluntad del estado de avanzar en esto que en realidad es de interés nacional, como es el Registro Nacional de Detenciones, que es tan necesario y lo pudimos ver en este momento de la pandemia con los detenidos por el toque de queda, del cual sólo tenemos estadísticas”.
Son más de 30 mil detenciones en menos de 6 meses, y no se tiene otro tipo de información al respecto, comentó Agurcia.
El estado se comprometió a colocar los indicadores que medirán la ejecución del proyecto.
La Sub Procuradora General de la República, Marcia Núñez, agradeció la presencia de las procuradoras de derechos humanos del COFADEH, Mery Agurcia, Lorena Rubí y Karol Cárdenas a la reunión “virtual” sostenida y anunció que la PGR continuará en comunicación sobre los avances del proyecto anunciado y los otros aspectos en los cuales el estado se ha comprometido a cumplir.
“Les agradezco la participación y la buena voluntad de todos, de querer llevar a bien y a buen término este Registro Nacional de Detenidos, el cual es un esfuerzo enorme en el que estamos involucrados con el estado de Honduras”, sostuvo la funcionaria-
El estado de Honduras deberá informar el 18 de septiembre de 2020 a la CIDH, sobre los avances del cronograma de trabajo en torno al proyecto de Registro Nacional de Detenciones y otros compromisos para lograr finalmente la “homologación” del Acuerdo de Solución Amistosa en el caso Dixie Miguel Urbina.
La reunión virtual del viernes 11 de septiembre, obedeció a un compromiso establecido por el estado de Honduras y COFADEH con el acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), surgido de otra sesión virtual realizada el pasado miércoles 2 de septiembre de 2020, con el propósito de avanzar en el “Acuerdo de Solución Amistosa”.
Cabe señalar que en la reunión efectuada el pasado 2 de septiembre, la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva resaltó que el propósito de contar con un Registro de Detenciones, es “ir localizando quiénes son las personas detenidas, pero más que eso, conocer quiénes son los autores que cometen estos delitos; porque hoy en día, durante la pandemia, se han agudizado las detenciones ilegales y eso pasa también hacia las ejecuciones arbitrarias, y pero aún, a las desapariciones forzadas”.
Oliva añadió que si tuviésemos ese registro operando en todo el país, a estas alturas, no estuviéramos sin conocer sobre el paradero de 12 personas que en el marco del covid19 son desaparecidas, entre ellas los garífunas.
“No pretendemos enfrentar al estado, nosotras lo que pretendemos es que el estado reaccione ante las violaciones de derechos humanos, ante las desapariciones forzadas, ya que es muy fuerte la deuda que hay, y luego construir para que los hechos no se repitan”, sostuvo la reconocida defensora de derechos humanos.
En torno a las investigaciones, el estado afirma, que cuenta con información actualizada, en la que se muestra, que ha presentado un detalle de las diligencias realizadas referentes a solicitudes de órdenes de captura, solicitudes a Medicina Forense, movimientos migratorios, solicitudes de certificados de nacimiento, patrones dactilográficos e información de los agentes del estado involucrados en el caso.
El 17 de noviembre de 1995, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió la denuncia presentada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) por la desaparición de Dixie Miguel Urbina Rosales.
La organización peticionaria alegó, que en los hechos denunciados se configuraron varias violaciones a los derechos humanos enmarcadas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ejemplo el derecho a la vida (artículo 4), integridad física (artículo 5), garantías judiciales (artículo 8) y protección judicial (artículo 25).
Los hechos señalan que el 22 de octubre de 1995 una patrulla de la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP) detuvo a Abelardo Acosta Jiménez y a Dixie Urbina Rosales en la barbería “Charly” de Comayagüela, llevándolos a la Posta del barrio La Granja en Tegucigalpa.
Como Dixie portaba una partida de nacimiento a nombre de Ramón Antonio Ortega Vázquez, su detención se registró con ese nombre. Por su parte Abelardo Acosta Jiménez fue puesto en libertad el mismo día, pero Dixie Miguel permaneció detenido y fue trasladado al Séptimo Batallón de la FUSEP.
El 23 de octubre de 1995, en horas de la mañana, Dixie Miguel fue sacado de la celda número 3, donde permanecía detenido junto con otras personas, y nunca se le volvió a ver. Y hasta ahora, continúa “desaparecido”.
El Estado hondureño señaló que Dixie Miguel Urbina Rosales fue efectivamente detenido el 22 de octubre de 1995 por agentes de la Fuerza de Seguridad Pública, quienes lo condujeron primero, a la Base del Tercer Escuadrón Policial y luego al Séptimo Comando Regional (CORE 7) de Tegucigalpa, habiendo sido liberado al día siguiente, conforme consta en los registros de dicho comando.
Todas las diligencias practicadas en esta desaparición, tales como denuncias y recursos de “Hábeas Corpus”, practicadas por los familiares de Dixie Miguel como por el COFADEH, no tuvieron ningún resultado.
Tras estudiar los antecedentes de hecho y de derecho a su alcance, la CIDH resolvió declarar el caso “admisible” el 11 de enero de 1996.
El 9 de octubre de 2002, y de acuerdo con el informe número 46/02 de la CIDH, se estableció la “admisibilidad” del caso Dixie Miguel Urbina Rosales, versus el Estado de Honduras, de acuerdo con la petición número 11,562.
En 2017, durante el 161 Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Procuraduría General de la República de Honduras, suscribió un “Acuerdo de Solución Amistosa” en el caso 11.562 de Dixie Miguel Urbina Rosales.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso Dixie Miguel Urbina versus el estado de Honduras, está listo para ir a la etapa de homologación, lo que significa hacer público el acuerdo al que se ha llegado, y entrar a una fase de seguimiento, que implica que las materias pendientes de cumplimiento, son materias de tracto sucesivo y de implementación gradual.
Una vez que se hace la homologación, entonces la CIDH entra a la etapa de supervisión de esas materias y significa que el caso se da por cerrado.
