Por Marpa.
Tegucigalpa.- En Honduras hay un nivel de conflictividad socio-ambiental muy alta y que es producto de una dinámica intensiva de la explotación del territorio. Aquí aparece la fecha (del golpe de estado) de 2009 para poder entender cómo desde hace 10 años hay una expansión de los proyectos extractivos como minería, energía, forestal, con una aprobación masiva de concesiones a las grandes corporaciones y una entrega irregular de licencias ambientales a estas empresas; para que puedan operar”.
El párrafo anterior resume en parte, los hallazgos que la Misión de Observación Internacional de Derechos Humanos conformada por expertos y académicos de Guatemala, Ecuador, Perú y el País Vasco, encontró durante su visita a Honduras, para explorar la realidad de comunidades campesinas lencas que, como las del departamento de la Paz, enfrentan desafíos en su lucha contra los proyectos mineros y de generación de energía eléctrica, que atentan contra los bienes comunes y sus territorios.
“Tenemos ejemplos de compañeros y compañeras de la Paz quienes nos expresaron cómo se restringe el acceso al agua en las comunidades por el desvío de cauces, por la privatización de las cuencas, por la contaminación del agua por los proyectos mineros; la restricción del acceso a los recursos forestales por la tala masiva, entre otros”, señaló el académico Luis Miguel del País Vasco, que leyó los hallazgos en conferencia de prensa desarrollada el jueves 26 de septiembre en la sede de La Vía Campesina.
La Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos llegó al país gracias a la incidencia de la Fundación Mundubat, en coordinación con sus organizaciones socias en Honduras como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), La Vía Campesina y La Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, el Gobierno Vasco y la Cooperación Española.
Los observadores de derechos humanos se dividieron en dos grupos, para poder visitar simultáneamente comunidades indígenas de Guatemala y Honduras y permanecieron en la región del 19 al 25 de septiembre.
Durante estos días, la misión conformada por expertos y académicos del País Vasco, Guatemala, Perú y Ecuador, se reunió con diversas organizaciones de la sociedad civil, autoridades hondureñas y la delegación diplomática de España en Honduras.
La misión dijo que en las reuniones sostenidas con organizaciones de derechos humanos y comunidades campesinas lencas del departamento de La Paz dejaron en claro respecto al contexto político, que la ruptura del orden democrático que se produjo en 2009 supone un punto de inflexión en la historia de Honduras, y que ha sido el detonante para que se geste un escenario político con fuertes rasgos autoritarios.
El movimiento social hondureño denunció también que hay graves denuncias de fraude en los procesos electorales de 2014 y 2017
En el plano económico se está intensificando un modelo que está causando problemas estructurales que arrastra el país desde hace mucho tiempo, en donde se muestra la concentración de riqueza de la propiedad, la desnacionalización de la estructura económica, el incremento de la pobreza y la desigualdad, déficit en salud y educación, con una emigración acelerada.
En el campo de las vulneraciones de los derechos básicos la Misión destacó las vulneraciones de derechos humanos expresados en el ámbito social-económico-ambiental y las otras vulneraciones que se expresan en los ámbitos civil y político.
Partiendo de la idea que el derecho a la tierra y el territorio es un derecho humano, incluso reconocido por el estado de Honduras, la primera vulneración importante que “hemos reconocido ha sido que no se garantiza el derecho del acceso a la tierra, y que es un derecho que está restringido al campesinado y a los pueblos indígenas”.
La Misión registró que el Instituto Nacional Agrario, como ente encargado de la aplicación de la reforma agraria, cuya función ha sido reducida significativamente en la última década, no cumple sus funciones. Y que, ante esta falta de respuesta, las comunidades campesinas proceden a la recuperación de las tierras para construir de alguna manera un proyecto familiar y comunitario.
Cuando no se garantiza este derecho, lo que se ha producido es un incremento de la concentración de la tierra en Honduras, por lo que ha habido un incremento del flujo migratorio hacia el exterior.
“Hay una política gubernamental bien definida que se traduce en primer lugar, en un marco legal para favorecer la expansión de grandes empresas agroindustriales en el crecimiento de los cultivos de exportación y también una afectación en la soberanía y seguridad alimentaria que afecta un derecho básico que es el de la alimentación”, sostuvo la Misión
La Misión ubicó un segundo ámbito de vulneraciones, que tienen que ver con el derecho al disfrute de los bienes comunes de los recursos naturales y del medio ambiente.
En los ámbitos civil y político, la Misión encontró que la defensa de la tierra, el territorio y los bienes comunes está provocando una respuesta por parte del estado “en clave represiva y esto nos transmite que estamos ante un proceso de violación doble de derechos humanos, en primer lugar, hay una violación de derechos económicos y ambientales, y después una violación de derechos civiles fundamentales por defender derechos socio-económicos”, señaló Miguel.
Se violan derechos civiles y políticos utilizando el entramado legal, pero también se utilizan instrumentos ilegales. Para el caso se puede mencionar la represión de las fuerzas de seguridad del estado, con elementos como la militarización de la sociedad, con la creación de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) que sustituye a la Policía, de tal manera que las Fuerzas Armadas (FFAA) están destinadas a labores policiales.
Otras vulneraciones tienen que ver con los desalojos de tierras, dijo la Misión, donde “hasta las propias instituciones oficiales reconocen el excesivo uso de la fuerza para solucionar conflictos, grados de violencia excesiva, el uso excesivo de los gases lacrimógenos, el uso incluso de la bala viva, destrucción de cultivos, de viviendas y robo de herramientas”.
La Misión plasmó en sus hallazgos “el uso de figuras penales muy duras para reprimir a defensores y defensoras, como la figura de asociación ilícita, que se utiliza para criminalizar, y acusar incluso de terroristas; a defensores de la tierra y donde las penas son absolutamente desproporcionadas”.
Por otro lado, los observadores y observadoras de derechos humanos también criticaron la figura jurídica de la usurpación “que se usa de manera perversa y que termina criminalizando a personas que hacen bloqueos de carreteras”.
La Misión también habló del nuevo código penal que entraría en vigencia el 10 de noviembre de 2019, y expresó que “es muy represivo con defensores de la tierra y sin embargo es muy permisivo con corruptos y con los agresores contra mujeres”.
Los hallazgos revelan un incremento sustancial de personas que son enviadas a prisión por los procesos de recuperación de tierras. La Misión señaló que hay detenidos y presos por defender la tierra y que luego existen cárceles de máxima seguridad, donde normalmente se construyen para condenados por delitos graves, pero que en la práctica están siendo utilizadas para encarcelar a defensores de la tierra.
La Misión criticó que tal como establece la legislación internacional, no se aplica en muchas oportunidades, la consulta previa, libre e informada a que tienen derecho las comunidades indígenas, cuando se trata de la instalación de proyectos extractivos en sus territorios.
Finalmente, la Misión manifestó que “vemos como hay una estigmatización y criminalización social de defensores y defensoras a través de los medios de comunicación, caracterizándoles como criminales, terroristas, etc, que en el caso de las mujeres se hace uso de un discurso patriarcal estigmatizando su lucha y acusándoles de que no cuidan la familia.
Y luego las llamadas, los seguimientos y amenazas de muerte que generan altos niveles de estrés, asimismo la vulneración del derecho a la cotidianidad digna, cuando por las amenazas, los defensores se ven obligados a no salir a la calle; así que el derecho al ocio en la plaza, está limitado.
Ver Comunicado: Comunicado prensa Misión de Observación Honduras sept. 2019
