Choluteca, Honduras.- Por defender la tierra, cuatro hombres y una mujer mayor, miembros de la empresa campesina “Horizontes del Ayotal” en el sur del país, permanecen privados de libertad desde ayer, cuando la policía hallanó sus vivienda, golpeando y destruyendo todo a su paso.
Hasta la bandera que tenían en la entrada de los predios ubicados en la comunidad de El Carrizo, municipio de Marcovia, departamento de Choluteca, fue rota por el grupo de unos 15 elementos de la Policía Nacional, amenazaron a una mujer y golpearon a un niño de cinco años que lloraba al ver que se llevaban a su abuelo, abuela y papá.
De un total de 10 personas que fueron capturadas ayer 21 de octubre a las 4:30 p.m. cinco fueron dejadas en libertad al comprobarse que no forman parte del grupo campesino. Sin embargo, hay una lista de 19 personas demandadas por usurpación, entre ellas dos tienen orden de captura, declaró Dulce Núñez a Defensores en Línea.
Núñez suma a la lista de casi mil mujeres campesinas perseguidas en el país, en este momento habló desde la clandestinidad porque es una de las que tiene orden de captura. “Estoy como delincuente, escondida, huyendo, porque hay vigilancia policial permanente, el otro compañero también se vio obligado a estar fuera de las tierras”, confesó la defensora de la tierra.
Hace año y medio 44 socios de la empresa campesina “Horizontes del Ayotal” cuidan y cultivan 487.48 manzanas de tierra de carácter nacional, pero que desde 1942 el Estado se las dio en arrendamiento a la familia Mendoza, que ahora se nombra dueña de las tierras, cuando más bien tiene deuda por no pagar. Entonces nosotros decidimos recuperar las parcelas donde hemos sembrado maíz, tenemos ganado (reses) y pensamos implementar un sistema de cultivo, agregó la defensora de la tierra.
Las denuncias vienen de las supuestas dueñas de las tierras, Elizabeth Mendoza y Ana Rosa Mendoza, denunció el grupo campesino. Dicha familia se ha posesionado de tierras nacionales, no han demostrado lo contrario y nosotros primero averiguamos antes de iniciar el proceso de recuperación afirmaron integrantes del grupo.
Para esta tarde se tiene prevista la audiencia de presentación de imputados y también se presentarán otras personas quienes tienen orden de captura. Con ellos aumenta la cantidad de más de 5,200 campesinos y campesinas judicializadas por la defensa de la tierra en Honduras.
La zona sur del país vive una persecución constante contra defensores y defensoras de la tierra, las playas y los bienes comunes de la naturaleza, entre ellos Pedro Canales y 64 compañeros más en Zacate Grande, Amapala; el Padre Florentino Hernández en El Triunfo; y el crimen contra la campesina Iris Argentina Alvarado en Monjarás.
Cerca de mediodía, un grupo de la base campesina “Horizontes del Ayotal” se dispuso nuevamente a colocar la bandera nacional en la entrada de los terrenos, haciendo uso de sus derechos a la tierra, el trabajo y la alimentación. Además, exigen no más criminalización contra sus compañeros y compañeras, que deben enfrentarse a los Tribunales de Justicia de Choluteca y Valle, en uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos.
El 17 de diciembre de 2018, se adoptó en New York, Estados Unidos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas, durante la sesión 73 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Esta Declaración contempla el derecho de uso de los recursos naturales presentes en su comunidad que sean necesarios para gozar de condiciones de vida adecuadas, y a utilizarlos de manera sostenible, así como a la conservación y protección del medio ambiente.
Además, el derecho a la organización colectiva, fundar organizaciones, sindicatos, cooperativas o cualquier otra organización o asociación de su elección para proteger sus intereses y negociar colectivamente, y a afiliarse a ellas. Esas organizaciones tendrán un carácter independiente y voluntario, y no podrán ser objeto de ningún tipo de injerencia, coerción o represión.
Afirma que «Los campesinos y otras personas que viven en zonas rurales tienen derecho a la tierra, individual o colectivamente… y tienen derecho a las semillas «.
«A nivel mundial, los campesinos alimentan al mundo, pero el disfrute propio de sus derechos humanos se ve amenazado, incluyendo el su propio derecho a la alimentación», Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Según la declaración, los Estados respetarán, protegerán y harán efectivos los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Adoptarán sin demora las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo que resulten apropiadas para alcanzar progresivamente la plena efectividad de los derechos enunciados en la presente Declaración que no puedan garantizarse de forma inmediata. Cabe señalar que Honduras fue uno de los países se abstuvo de votar cuando se adoptó esta Declaración.
