El viernes finalizó en Nueva York una semana de juicio a Geovanny Fuentes, calificado como el líder de la producción de cocaína a gran escala en Choloma, Cortés, en sociedad con el Estado de Honduras.
El tiempo transcurrido ha sido intenso, es la primera aproximación en Corte abierta a la participación criminal directa del impostor presidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien ha intentado sacudirse la mosca a través del twitter.
Durante los días calientes para el clan criminal que incluye policías, militares, políticos, funcionarios públicos, empresarios, periodistas y religiosos, han tenido lugar las elecciones primarias de los partidos políticos que controlan actualmente los poderes constituidos.
Sin embargo, la población está en sospecha profunda que su opinión expresada masivamente ha sido traicionada una vez más. Y, por tanto, se prepara para desconocer los resultados.
Este problema de desconfianza aplica a los partidos Libre y Liberal, cuyas militancias enfrentan el gran dilema de confrontar en generales las planillas de Hernández, que son ganadoras a través de su testaferro Tito Asfura.
El momento es crítico, porque no solamente se trata de urnas con 30 mil votos sin votantes, se trata de plantillas enteras de diputados que van a llenar el Congreso Nacional para defender la continuidad del modelo narco, corrupto y criminal que opera actualmente.
Por eso el portavoz de la Conferencia de Obispos católicos de Honduras, el presbítero Juan Ángel López, ha maldecido el desorden perpetrado.
Los resultados de las primarias del domingo 14 huelen a azufre, en ocho días han sido divulgados apenas dos o tres boletines de prensa con datos parciales para los candidatos presidenciales.
Los candidatos ganadores, Rosenthal y Asfura, fueron inducidos en la víspera por los mismos medios de comunicación que figuran en las planillas de la dictadura como lavadores de dineros públicos. Xiomara era candidata previsible en Libre por tercera vez consecutiva.
Por su parte, los electores perdedores, los de Luis Zelaya, Nelson Ávila y Carlos Reina, no pueden evitar sentirse timados por una maquinaria cupular dispuesta a todo, menos a ponerle fin al golpismo. Menos a entregar el mango del sartén.
Todo esto ha ocurrido mientras el Consejo Electoral, que gastó más de mil 200 millones de lempiras en este simulacro electoral, prepara el último boletín para designar los candidatos presidenciales. Después, tendrá tres semanas para nominar diputaciones y alcaldías.
Durante estos días de densa neblina que alimentan la desconfianza se leerá finalmente el 30 de marzo la sentencia contra Tonny Hernández, hermano del impostor presidente hondureño, Juan Orlando Hernández. Posible cadena perpetua por mentir repetidamente sobre sus crimenes.
Ese día de la sentencia, antes o después, se juntarán los sentimientos de vergüenza y de cólera colectiva en un país empobrecido, desigual, sometido a la impunidad total por un Estado fraudulento que además de robarse los votos se roba la esperanza.
El último informe de Naciones Unidas sobre Honduras presentado esta semana en Tegucigalpa resalta que el 94% de la población percibe la corrupción del régimen y sufre una impunidad histórica, que es superior al 95 por ciento.
“Los altos niveles de impunidad por las violaciones de derechos humanos del pasado y del presente siguen siendo un desafío serio”, dice el documento. “Hasta la fecha no se han realizado avances significativos en la investigación y sanción de los delitos documentados” por el propio Estado a través del Comisionado de Derechos Humanos.
El texto del alto comisionado de derechos humanos de la ONU en Honduras remarca, por ejemplo, que al menos 179 personas que fueron detenidas, torturadas y desaparecidas forzosamente entre los años 1980 y 1993 por el Batallón 3-16 de las Fuerzas Armadas, no han sido honradas con la justicia. Y las nuevas desapariciones van por el mismo camino.
En relación a las decenas de asesinatos cometidos por las fuerzas armadas de la dictadura después del golpe de Estado de 2009, la ONU denuncia también su total impunidad y señala el contenido del nuevo código penal como inaceptable.
El informe subraya una protesta general: las Fuerzas Armadas siguen ejerciendo funciones de seguridad pública, lo que significa graves riesgos para los derechos a la vida y la seguridad de las personas.
Un elemento clave del documento de Naciones Unidas está referido al periodista David Romero Ellner, que había sido condenado a 10 años de prisión por los delitos de difamación y calumnia, falleció en prisión el 18 de julio de 2020.
“Las autoridades no proporcionaron información sobre la causa de su muerte a su familia y representantes legales”, destaca la oficina del alto comisionado de derechos humanos y agrega que “de acuerdo a estándares internacionales, se debe investigar de oficio la muerte de una persona bajo custodia del Estado”.
Entonces, si esta deuda enorme del pasado y del presente es sellada por las nuevas negociaciones políticas del crimen organizado a partir de las elecciones primarias del 14 de marzo, la ONU tendrá que salir de Honduras inmediatamente y el nuevo gobierno de Joe Biden nombrar un gobernador oficialmente en la avenida Los Próceres.
De todas maneras, la Corte Suprema ya funciona en Nueva York, el nuevo Congreso local será administrado por la misma gente que recibió sobornos del barrio criminal de Nueva York con el conocimiento de la DEA y el nuevo ejecutivo será solamente el testaferro de los lobos de la misma loma. You understand, mister?
Todo eso así será, al menos que ocurra una nueva marejada ciudadana que calcine las fuentes de esta rabia impotente que se siente en el ambiente.
¡Buenas noches!
Editorial Voces contra El olvido, sábado 20 de marzo de 2021
