El Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras salió el viernes a la plaza de los “pañuelos blancos” con una agenda nacional punzante, que merece ser resumida con detalles adicionales.
El primer tema de la plaza lanzado al viento asustó a los zanates del centro histórico de la envejecida capital, porque está relacionado a los cañonazos del 15 de septiembre cuando la élite pervertida incluidos los militares van a celebrar con cinismo los 200 años de la ex Honduras.
El Comité de victimas de la desaparición forzada responsabilizó de ese delito a los dos partidos siameses, el que representa el dictador Hernández y el otro siamés que representa Flores Facussé y Rosenthal Hidalgo, dos familias que se han repartido históricamente el control del poder judicial y el Congreso.
En complicidad con el gobierno de Estados Unidos, dijo el Cofadeh, esa élite vende-patria pretende celebrar el bicentenario de la República el 15 de septiembre al tiempo que dividen el territorio en 7 republiquetas llamadas zedes de lavado de dinero y paraísos de delincuentes organizados.
La organización, que perdió más de 200 familiares opuestos a la anexión de Honduras a Estados Unidos en 1980, cuestionó el papel servil de las fuerzas armadas que, a su criterio, se han convertido en unos perros guardianes de los capitales mal habidos y en cómplices de los traidores a la Patria.
Uno de los ejemplos recientes citados por el Cofadeh hace referencia a la invasión militar del municipio lenca de Reitoca, sometido el miércoles a ráfagas de artillería, gases lacrimógenos, allanamientos ilegales e insultos, para detener arbitrariamente a seis lideres comunitarios opuestos al represamiento de su río Petacón.
El Comité defensor de derechos humanos consideró la incursión armada de la dictadura como un acto de venganza contra los reitocas por haber expulsado el año pasado a la policía nacional, por abusiva, corrupta y cómplice de la empresa que insiste en cortar las aguas del Petacón.
Así como los ingleses y los franceses fascistas en 1800 trataron de someter a los pueblos originarios de Norteamérica robándoles el territorio, imponiéndoles una lengua invasora, declarándolos salvajes opuestos al desarrollo y violando sus niños y niñas, así mismo las fuerzas terroristas de la dictadura quieren matar el alma de Reitoca y de otros pueblos que resisten este modelo insaciable que destruye todo a su paso.
Por esta razón el COPINH, a la memoria de Berta Cáceres, ha pedido a la justicia esta semana ser admitido como víctima del segundo proceso penal que enfrenta el militar de élite David Castillo Mejía, participante junto al ex ministro de recursos naturales en el “fraude del Gualcarque”.
En ese fraude además deben salir a luz los alcaldes de Intibucá, de San Francisco de Ojuera, los diputados cachurecos de Santa Bárbara, el batallón de ingenieros de Siguatepeque y el Cohep, entre otros actores corruptos que enmarañaron las cosas para imponer sus intereses perversos sobre el sagrado río Gualcarque, por el que asesinaron a Berta.
La organización humanitaria en su plantón mensual el viernes declaró, también, la maldad del poder judicial dictatorial que pospuso una vez más la audiencia pública para los defensores de Guapinol, en una demostración de embuste para prolongar la privación de libertad de estos héroes ambientales de la nación.
En consecuencia, el Cofadeh hizo un llamado público a las Naciones Unidas y a una de sus agencias, la OIT, para documentar y denunciar estos abusos del Estado hondureño contra las convenciones que protegen los defensores del medio ambiente, los pueblos originarios y la Madre Tierra.
“Es intolerable lanzar balas, gases e insultos racistas contra poblaciones en resistencia que defienden sus bienes naturales desde hace más de 530 años”, dijo la organización al tiempo que condenó el falso discurso de seguridad que repite con frecuencia el impostor presidente del golpismo.
“El país no es ningún ejemplo de seguridad para el mundo”, subrayó el Cofadeh en un comunicado público y reveló que son los estados criminales de Colombia, Israel y Emiratos Árabes, aliados del proyecto de muerte y de separatismo territorial, los únicos países que preguntan al impostor de Lempira por su modelo exterminador.
En la línea de desmontar ese discurso falaz, el Comité condenó con vehemencia el asesinato político del abogado Héctor Margarito Medina en el Negrito, Yoro, un hombre valiente que fue protegido en la sede del Cofadeh en 2014 debido a la persecución lanzada por los amigos poderosos del clan Hernández en aquel departamento.
También en la plaza de los pañuelos blancos hubo una declaración de rechazo a la política de Estados Unidos de cancelar visas a mujeres y hombres serviles, corruptos y criminales de Honduras. “Esa gente sigue aquí en total impunidad y cometiendo corrupción a través de sus nóminas de diputados y alcaldes, que se van a reelegir por 4 años más, y les vale perder sus visas estadounidenses”, señaló el Cofadeh.
Entonces, cuestionó la organización, esa estrategia gringa de impedir el ingreso de sus alimañas al territorio norteamericano y presentarlo como una acción importante para la sociedad hondureña no tiene ningún efecto real, es una especie de juego naif para gente estúpida, una categoría que ofende al sufrido pueblo hondureño.
Una segunda referencia a Estados Unidos y a otros Estados cómplices del golpismo está contenida en el documento público del viernes anterior. “Esos Estados son cómplices de la desgracia que está sufriendo Honduras con millares de muertes por la Covid, pues son incapaces siquiera de organizar una vacunación total y gratuita para la población y siguen avalando un régimen que es a toda prueba negligente e irresponsable”.
En la parte final del documento publicado en la plaza, el Comité de familiares de detenidos-desaparecidos en Honduras hace suyas las preguntas de la familia de Keyla Martínez, cuyo asesinato fue cometido hace seis meses por la Policía Nacional de La Esperanza continía impune.
¿Por qué mataron a Keyla? ¿Por qué la acusaron de suicidio? ¿Por qué acabaron con la vida de una joven que servía a la sociedad desde su vocación y formación profesional? ¿Por qué le montaron expediente de escándalo en la vía pública y la sometieron sin reglas en privado? y ¿Por qué vigilar, perseguir y atacar a su familia que exige justicia? Estas son algunas de las preguntas que lanzó la familia de Keyla en el plantón del primer viernes de agisto 2021. Hasta ahora, nadie responde esas preguntas.
Por eso hubo en España, Costa Rica, Estados Unidos y Honduras una serie de acciones populares y virtuales para recordarle al mundo que el 7 de febrero de 2021, la Policía Uniformada aprovechó un toque de queda para estrangular la vida de una mujer que servía a la patria. Para decir claramente que es insuficiente el encarcelamiento preventivo del agente Jarol Perdomo en el Cuartel COBRAS y la suspensión temporal de dos agentes colaboradores entre una lista de 18 participantes, que incluye al suboficial Melvin Alvarenga. “Es como condenar a David Castillo a la pena máxima por el crimen de Berta Cáceres y dejar a la familia Atala Zabla sin probar el sabor de la justicia”, concluyó el texto del plantón del viernes.
Hacia el mediodía, los zanates regresaron a las copas de las viejas palmeras en el centro de Tegucigalpa, pero ellos saben que la madrugada del 15 de septiembre próximo tendrán que volar asustados en manada porque llegarán armados de pólvora, perfumados y con parlantes de patriotismo todos los cínicos vende patria que cantan el Himno Nacional mientras venden a su Madre a pedazos. Canallas!
Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 8 de agosto de 2021
