¿Por qué coinciden en Honduras tres instancias internacionales de derechos humanos en una semana? ¿El Alto Comisionado, el Grupo sobre desapariciones forzadas y la Comisión Interamericana de la OEA?
¿Es que Honduras está sumida en una crisis letal como Yemen, la Amazonía brasileña, la República Democrática del Congo, la frontera Estados Unidos-México o Ucrania?
¿Son los derechos humanos un instrumento político de los carteles lobistas de Washington para avanzar sus propósitos desestabilizadores en Honduras, el último reducto progringo anclado en la mente de sus élites mediocres?
Comencemos. Seguramente los oponentes políticos coaligados, pitiyankees como los bautizó Chávez, hombres y mujeres rabiosos, veletas del capitalismo armado, intentarán aprovechar estas visitas para cargar contra la verdad, la memoria y la reparación.
Dirán que la presencia coincidente de la ONU y de la OEA en territorio hondureño obedece al comportamiento radical del partido político que saltó de las calles al gobierno con un discurso de respeto, pero incapaz de transformar sus palabras en acciones.
O tal vez, a excepción de los oponentes invitados de piedra a los foros matutinos de la televisión comercial, profesionales de la vociferación amaestrada, el resto de sus colegas azules y colorados permanezcan en silencio ante un tema que los quema de cuerpo entero.
Entonces, de entrada y claramente, debemos decir de nuestro lado que los reportes preliminares de dos instancias de la ONU – el Alto Comisionado de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas — apuntan a la dictadura del partido nacional y liberal desde 1980 hasta nuestros días. Son informes de actualización de los hechos cometidos y de las acciones omitidas.
Por supuesto que hay referencias obligadas al actual período de transición que dirige Xiomara Castro, pero en su totalidad los hechos apuntan indirectamente a sectores privados del Bajo Aguán, a estructuras empresariales criminales del atlántico y a instituciones no saneadas de la capital como la policía militar y el ministerio público.
Vayamos al texto del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que tiene oficina instalada en Honduras desde los años finales de la dictadura del crimen organizado que dirigió Juan Orlando Hernández, el jefe de la manada azul y colorada prisionero en Nueva York por tráfico de cocaína y posesión de armas de guerra.
Este informe describe la situación de derechos humanos en Honduras desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022, destacando los principales avances y desafíos del país. En ese período, la Oficina de la ONU en Tegucigalpa realizó 95 misiones de verificación en el territorio, incluyendo visitas a centros de detención. Desarrolló 80 procesos de asistencia técnica a instituciones estatales y a más de 400 organizaciones sociales, además de observar 47 procesos judiciales, incluyendo casos emblemáticos como el de Berta Cáceres, Guapinol, Azacualpa y Locomapa.
Si tomamos el tiempo de leer con atención el informe presentado esta semana en Tegucigalpa – ojalá así sea — podemos constatar que se trata de una visión integral de la situación del país, además seria y propositiva. Con recomendaciones factibles.
Hablando para el Estado, la sociedad y la comunidad internacional, el documento de la ONU reconoce con objetividad que la primera presidenta mujer de la historia del país asumió funciones en un contexto de pobreza y desigualdad, de conflictos por la tierra, de violencia, inseguridad, impunidad, de debilidad institucional y en una cultura patriarcal que requieren soluciones de corto, mediano y largo plazo para resolverse.
Sin rodear, el texto afirma que la alta incidencia de conflictividad vinculada al acceso a la tierra y a los recursos naturales tuvo un significante impacto negativo en la garantía efectiva de los derechos humanos, particularmente para los pueblos indígenas, afrohondureños y campesinos.
El texto no lo dice, pero los actores privados generalmente asociados al crimen organizado usaron los tribunales y las policías, para imponer en los territorios sus negocios sucios usando la fuerza bruta. Sólo en 2022, 3 de cada 4 ataques fueron contra quienes defienden la tierra, el territorio y el medioambiente. Además, el impacto de esa violencia fue agravado sobre las mujeres, dice el informe.
El texto de Naciones Unidas subraya que los conflictos sociales y ambientales, junto con los conflictos agrarios desestabilizan el país, contribuyen directamente a la violencia, el desplazamiento y la migración forzada. De hecho, constituyen el origen principal de las violaciones producidas en el período.
Por ejemplo, la aplicación del Decreto 93- 2021, que habilita la práctica de desalojos preventivos e inmediatos sin control jurisdiccional, ha agravado la conflictividad vinculada a la tierra y el territorio. Nosotras lo decimos sin pelos en la lengua: ese decreto fue una concesión directa de la dictadura narcotraficante a sus socios del sector privado que producen desigualdad. Y la ONU recomienda cancelar esa herramienta de violencia.
De hecho, una de las principales recomendaciones del informe es la desmilitarización general de modo gradual, tanto a nivel operativo como de cultura institucional, promoviendo la visión y el liderazgo civil. O sea, los militares a los cuarteles. No puede seguir esa guardia pretoriana de la dictadura disparando sus riflotes contra la población, como hicieron en Marcovia y en Choluteca el año pasado.
En cuanto al sistema de administración de justicia el reporte afirma que continúa caracterizado por altos índices de impunidad, barreras estructurales y problemas sistémicos para el acceso a la justicia, principalmente por una debilitada independencia judicial, demoras procesales, y la limitada participación de las víctimas de violaciones de derechos humanos en el proceso penal.
Ese es un retrato de un poder del Estado controlado todavía por la estructura municipal y departamental de los dos partidos protagonistas de la impunidad criminal. Usaron el pretexto de la pandemia de la Covid para encerrar la justicia entre muros impenetrables, y redujeron las cifras de entrada de denuncias en materia de corrupción. Registraron solamente 306 de 889 denuncias presentadas por la sociedad hondureña. Eso está dicho en el informe de la ONU.
En febrero 2023 cambiaron los magistrados, incluyendo profesionales afines a la fuerza política de transición que representa Libre, pero los cuadros operativos del poder judicial son los mismos leales a los linchadores que usan el Derecho Penal para criminalizar a sus adversarios. Los fiscales siguen siendo los mismos. Y eso tiene que cambiar, incluyendo todo el ministerio público.
El informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos ilustra, por ejemplo, que la investigación efectiva de 14 casos de asesinatos de personas defensoras documentados en
2022, sólo dos han tenido sentencias condenatorias. ¿Ajá, entonces?
El texto es rico en detalles sobre la situación de las tres generaciones de derechos humanos – civiles y políticos; sociales, económicos y culturales, y del medio ambiente –, y podríamos alargar esta visión editorial, que nos demanda sin embargo una transición hacia el otro informe, el difundido también esta semana en Tegucigalpa por el Grupo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas.
Se reitera la preocupación por la impunidad de los casos de graves violaciones de
derechos humanos de los años 80, del Golpe de Estado del 2009 y de la crisis postelectoral
de 2017. La mayor parte de los casos continúan bajo investigación, sin avances concretos,
y las víctimas continúan sin acceder a la verdad, justicia y la reparación integral.
Se recomienda, en ese sentido, adoptar las medidas necesarias para garantizar la verdad, justicia, memoria y reparación para las víctimas de las violaciones de los derechos humanos de la década de los años 80, del golpe de Estado de 2009 y de la crisis por el fraude de 2017.
Así lo plantea la Oficina de Naciones Unidas que se instaló en Honduras en 2015 para acompañar a las comunidades y a las personas bajo amenaza de la dictadura criminal de los narcos políticos y empresarios corruptos que ahora no quieren pagar lo que deben al país.
En cuanto al informe sobre desapariciones forzadas concretamente realizado entre el 20 y el 29 de marzo de 2023, y que será presentado al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en septiembre próximo, destacamos algunos aspectos todos muy importantes para las familias que hemos sufrido esa práctica sistemática de la desaparición por razones políticas e ideológicas.
El texto entregado el jueves al gobierno de Honduras precisa tres fases en las cuales se han cometido graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas. Primero, el contexto de aplicación de la “doctrina de seguridad nacional”, impuesta por Estados Unidos entre 1980 y 1990. Luego, el contexto del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 también impuesto por Estados Unidos, para reemplazar unos carteles por otros en el liderazgo del crimen organizado, y por último el contexto actual de la batalla por la apropiación de los bienes naturales y la migración irregular hacia los países responsables del problema.
La “Doctrina de Seguridad Nacional”, dirigida por Ronald Reagan, John Dimitri Negroponte, la CIA con Papi Raymond y la perversa Asociación para el Progreso de Honduras, la APROH, integrada por los Vinelli, los Ferrari, los Callejas y Hawit, los Soto y los Álvarez, además de los asesinos del 3-16, todos amparados en las Fuerzas Armadas, desaparecieron más de 200 personas incluyendo 25 mujeres de diferentes nacionalidades. Son nuestros seres queridos.
En el contexto del golpe de Estado de 2009, ejecutado por el Comando Sur y gerenciado por el Departamento de Estado, fueron documentados 13 casos de personas desaparecidas después de haber sido detenidas por autoridades estatales, y otros casos todavía en subregistro ocurrieron durante la insurrección popular producida por el fraude electoral de 2017 avalado por la embajada de Estados Unidos a cargo de la teniente Heidy Fulton. Ellos también son nuestros seres queridos.
En la actualidad, el Grupo de Trabajo de la ONU recibió información relacionada con desapariciones forzadas, incluso de corto plazo, que se están produciendo en operativos policiales contra personas residentes en barrios marginalizados, así como menores de edad y adultos jóvenes en el contexto de las actividades del crimen organizado, las disputas de tierras y la migración forzada. Ellas y ellos igualmente son nuestros seres queridos.
Como era esperado, el Grupo de Trabajo conoció sobre la desaparición forzada de cuatro miembros de la comunidad Garífuna en Triunfo de la Cruz, que hasta la fecha siguen sin resolverse.
Por primera vez, a 40 años de ocurridos los hechos, las Naciones Unidas reconoce en sus registros 210 casos de desapariciones forzadas relativos a Honduras, de los cuales 80 han sido clarificados de acuerdo a los métodos de trabajo del Grupo. Todos esos casos ocurrieron antes de 1990 y sólo 14 después de ese año. Actualmente, el Grupo de Trabajo mantiene 130 casos pendientes, lo que considerando el nivel de impunidad observado en el país y otros factores observados durante la visita representa sin duda un subregistro.
La ONU reconoce la voluntad política del gobierno actual de retomar con seriedad el tema histórico y la situación posterior al golpe de Estado. Enumera las acciones positivas tomadas a nivel del Congreso y del Poder Ejecutivo entre marzo 2022 y esta fecha de 2023.
Reconoce los avances logrados hasta el momento por el compromiso profundo y la valentía de las víctimas, de sus familiares y de las organizaciones solidarias de la sociedad civil.
El texto destaca claramente que Honduras debe asumir su responsabilidad y liderazgo para redoblar sus esfuerzos a fin de satisfacer los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas en los ámbitos de la verdad, la justicia, la reparación y la memoria.
Luego de señalar vacíos en el código penal de la impunidad sobre la definición del delito de desaparición forzada con carácter autónomo, las Naciones Unidas proponen una agencia especializada para investigar todos los casos cometidos hasta ahora.
El Grupo de Trabajo de nuevo se encontró con la impunidad. Casi la totalidad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenan investigar, juzgar y sancionar a los responsables han sido incumplidas. El Ministerio Público fue hallado debilitado, con investigaciones paralizadas o inclusive ni siquiera iniciadas. Frente a ese cuadro grotesco, propone el Grupo servicios legales gratuitos y garantizar la capacidad de los acusadores privados de impulsar las investigaciones desde un inicio.
Responsabilizar a los autores materiales e intelectuales de las desapariciones forzadas – subraya el informe — no sólo es esencial para satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, sino que también es clave para garantizar la no repetición de este crimen atroz.
Al final del informe preliminar se hace un reconocimiento importante al «Día Nacional por el Derecho a la Verdad, la Memoria y la Justicia» el 24 de marzo de 2023. Se reconoce como un paso positivo la adopción del Decreto Ejecutivo Número 13-2023, con el objeto de crear un programa integral de reparación por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en las distintas fases desde los años 80’ hasta el 2021.
El Grupo de Trabajo señala la voluntad del Estado de Honduras de enfrentar una deuda de larga data para garantizar el derecho de las víctimas y de la sociedad en su conjunto a la verdad, la justicia, la reparación y la memoria. El Grupo espera con interés conocer los detalles del programa de reparación, así como su aplicación efectiva, con la esperanza de que aborde la reparación de forma integral e inclusiva.
En la visión de la ONU el programa deberá incluir indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición para todas las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas. El Grupo fue informado de reparaciones parciales en cumplimiento de algunas decisiones del sistema interamericano – de la Comisión y de la Corte – por sentencia o solución amistosa. Sin embargo, enfatiza el reporte, dichos procesos de reparación se han centrado principalmente en la compensación económica y no han abordado otros aspectos de la reparación que son primordiales para la reparación integral.
Como bien sabemos, ese tipo de reparaciones parciales lo que ha provocado hasta ahora es una serie de campañas contra las víctimas y la organización que las representa de parte de los culpables y sus voceros perversos.
Los familiares, ya de por sí victimizados por la situación vivida y por las campañas de odio luego de las sentencias, no recibieron asistencia psicológica, social o médica por parte del Estado, quedando solamente a la mano solidaria entre las propias víctimas que en innumerables ocasiones han expresado que la difícil situación de uno es la difícil situación de todos.
Este sentimiento de unidad entre las víctimas de las diferentes comunidades es reconocido por la misión de la ONU como el único consuelo y fortaleza hasta nuestros días, el factor que ha contribuido a soportar la sensación de desamparo, penuria, negligencia y abandono por parte del Estado.
También reconoce la ONU en su informe de esta semana que los pocos sitios de memoria encontrados durante su visita corresponden al contexto de la doctrina de seguridad nacional y han sido establecidos por iniciativa propia de las familias y sus organizaciones, en lugar de ser consecuencias de una política estatal de memoria.
El gobierno de Honduras debe tomar acciones concretas para rendir tributo a las víctimas de desapariciones forzadas a través del establecimiento de sitios conmemorativos y monumentos que simultáneamente rechacen y repudien las violaciones pasadas y actuales, recomienda el documento.
Al encontrar formas de entender su pasado y su presente a través de la memorialización, la sociedad hondureña estará lanzando una base sólida para la prevención de futuras violaciones y garantizar la no repetición.
Hasta aquí, por ahora, las valoraciones generales de los dos informes de Naciones Unidas divulgados esta semana en Tegucigalpa.
No tenemos ninguna duda que, tras su difusión, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro se reunirá con la dirigencia de este Comité, para impulsar sin dilaciones y con apoyo internacional todas las acciones de reparación establecidas.
Repetimos ese párrafo final del Grupo de la ONU, por su fuerza conceptual: “Al encontrar formas de entender su pasado y su presente a través de la memorialización, la sociedad hondureña estará lanzando una base sólida para la prevención de futuras violaciones y garantizar la no repetición de esas violaciones”.
Buenas noches
