Tegucigalpa.- “Hemos sido acusados por parte de la Fundación contra el Terrorismo de los delitos de asociación ilícita, conspiración, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, violación a la Constitución Política de la República, tráfico de influencias, denegación de justicia, obstaculización de la acción penal y simulación de delito, entre otros”, denunció el director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) de Guatemala, Mario Polanco.
Polanco fue el invitado especial del programa radiofónico “Voces contra el Olvido”, que en su edición del sábado 3 de junio de 2023, dedicó su espacio para conocer ampliamente la grave denuncia expuesta por el defensor de derechos humanos y miembros de su organización, que sufren la criminalización promovida por una organización de ultraderecha de Guatemala con el apoyo de operadores de justicia.
El GAM es una organización que une a los familiares de personas detenidas ilegalmente y desaparecidas forzosamente en Guatemala durante el conflicto armado interno entre 1960-1996, y trabaja activamente con el objetivo de contribuir a la construcción del Estado de Derecho en Guatemala a través del acceso a la justicia que es respetuoso por todos los ciudadanos y la defensa de los derechos humanos
Mario Polanco inició su participación comentando sobre la experiencia del GAM a través de la historia y cómo en los últimos años, Guatemala ha experimentado un grave retroceso en materia de derechos humanos.
Polanco señaló que en el caso de Guatemala hemos tenido durante el período en que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, uno de los ejércitos más represivos de todo el hemisferio occidental.
“Con una población que en su momento no alcanzaba ni siquiera los 7 millones de habitantes en el país, se cometieron alrededor de 200 mil violaciones a la vida y a la libertad”, aseguró el defensor de derechos humanos guatemalteco.
Dentro de estas violaciones se cometieron cerca de mil masacres en las que perecieron miles de personas entre masacres y ejecuciones extrajudiciales con 150 mil víctimas, más de 45 mil personas fueron detenidas ilegalmente y desaparecidas. Y se estima que al menos 5 mil niñas y niños fueron sustraídos, separados de sus familias de manera violenta y muchos de éstos niños pudieron haber sido muertos o también pudieron haber sido dados en adopción, informó Polanco.
Se ha sabido de niños, que son adultos en la actualidad que residen fuera de Guatemala. En algún momento encontramos parte de estos niños ya adultos, incluso viviendo en Honduras, entre otros casos que hemos llevado, reveló el entrevistado que participó en el programa radial “vía zoom”.
“Durante algún tiempo tenemos que reconocer que se produjo un avance significativo en materia de justicia transicional. Se avanzó enormemente en lograr llevar por primera vez a algunos generales, un número mayor de coroneles y a un número significativo de comisionados militares y de policías, llevarlos a juicio, por cometer diversas violaciones a los derechos humanos”, detalló el director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) de Guatemala.
Lo que nosotros como GAM estamos enfrentando en la actualidad tiene que ver en buena medida con ese esfuerzo que hemos hecho durante décadas en favor de la justicia transicional.
“La memoria de las víctimas y todo su esfuerzo por mantener vivo ese recuerdo y esa lucha de quienes en algún momento soñaron con una Guatemala diferente, ese esfuerzo se continúa desarrollando. En medio de mucha adversidad pero se continúa desarrollando”, enfatizó el defensor de los derechos humanos.
Polanco indicó que hay algunas organizaciones que están trabajando estos esfuerzos de memoria, se han creado unos centros de memoria, algunos museos también en diversos puntos del país y durante algunas décadas se logró que se crearan algunos sitios de memoria en cada uno de los departamentos del país.
Se estima que puede haber más de 3 mil sitios de memoria entre monumentos, plaquetas, lugares para recordar a las víctimas y solamente dentro de la Universidad de San Carlos debe haber unos cientos de estos sitios de memoria, puesto que muchos estudiantes fueron víctimas y en algunos casos incluso, dentro del campus universitario.
“El aparato represivo en su momento fue tan violento que no le importó violentar la autonomía de la universidad, penetraron el campus universitario y mataron y capturaron estudiantes”, recalcó.
El director del GAM dijo que así como ha habido avances para buscar la justicia transicional, para buscar la verdad y mantener viva la memoria de las víctimas, también tenemos que reconocer que durante poco más de una década, los que cometieron graves violaciones a los derechos humanos en el pasado, crearon a través de algunos de sus familiares una serie de estructuras, vamos a llamarles sociales. Fueron unas 32 agrupaciones.
“Yo creo que ellos estaban viendo a futuro cómo cambiar aquella práctica de terror que en algún momento impusieron sobre la población, por otro tipo de lucha que estuviera encaminada a promover sobre todo el odio contra quienes hemos trabajado en favor de la justicia y la verdad y en su momento también trabajar en favor de la impunidad”, comentó.
Polanco indicó que las condiciones que tuvieron fueron muy favorables porque con la llegada del presidente Jimmy Morales, tuvieron un acceso directamente al Ministerio Público y ya con la llegada del actual fiscal han tenido puerta abierta, en algunos casos, de manera sorprendente estas agrupaciones se han ido concentrando en una sola.
Esta organización o Fundación contra el Terrorismo sabe cómo un juez, en determinado momento, decidirá sobre algún proceso contra alguien que es odiado por ellos. Parece que esta organización tiene la información antes de que ocurra, saben cuándo alguien va a ser detenido y lo dicen hasta en tono de broma. Y se ha producido desde hace algún tiempo para acá, la judicialización de las luchas sociales o la criminalización de las luchas sociales, denunció Polanco.
Añadió que hay persecución contra fiscales y jueces honestos y valientes, y que muchos de ellos han tenido que salir de Guatemala, así como muchos activistas sociales han decidido abandonar su patria, debido a la criminalización de que son víctimas y porque temen por su vida y por su libertad.
Con todo esto el director del GAM afirmó que en Guatemala se ha tenido lo que llamó un retroceso total. Lo que está ocurriendo en contra mía, en contra de Inés Montenegro del GAM y en contra del juez Miguel Ángel Gálvez” en materia de derechos humanos.
“Hemos sido acusados por parte de la Fundación contra el Terrorismo de los delitos de asociación ilícita, conspiración, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, violación a la Constitución Política de la República, tráfico de influencias, denegación de justicia, obstaculización de la acción penal y simulación de delito, entre otros”, denunció.
“Quiero señalar que algunos de esos delitos son imposibles de legalizar por parte de un particular, porque sólo los podría realizar un funcionario del estado. O sea, uno como ciudadano no puede negar justicia a alguien. Pero a pesar de lo ridículo de esas denuncias, inmediatamente el Ministerio Público les dio trámite, y no la trasladaron a una fiscalía, sino a dos”,
Nosotros estamos con el serio temor de que en algún momento estas denuncias avancen y se produzca lo que decimos. Estamos casi seguros que lo que buscan, más que privar de la libertad, en este caso a mí y a otras personas y a los integrantes del GAM, de que lo que buscan es apropiarse de la documentación que está resguardada en el Grupo de Apoyo Mutuo, sostuvo.
Polanco añadió que el GAM cuenta con miles de expedientes en los que constan las desapariciones forzadas de miles de personas por razones políticas, cuyos familiares han buscado durante años la verdad, justicia, memoria y reparación sobre sus casos.
El director del GAM dijo que la raíz de las denuncias en su contra, de sus compañeros y de algunos jueces, se origina en la desclasificación de un documento que se produjo en Estados Unidos en 1999. La desclasificación de estos documentos recibe el nombre de “Diario Militar” que contiene 283 casos, la mayoría de desaparición forzada.
“Lo que argumenta la Fundación Contra el Terrorismo es que nosotros junto con el juez Miguel Angel Gálvez y otros activistas de derechos humanos, nos dimos a la tarea de fabricar el Diario Militar, de elaborarlo y ya elaborado, de que fuera embalado de manera apropiada para que fuera utilizado como prueba legal y que lo hicimos público, pero que en realidad nunca existió, sino que fue algo montado”, comentó.
Entonces creemos nosotros que si están atacándonos usando ese argumento de que no existe el diario, sino de que es producto de la mente nuestra según ellos, lo que buscarían en algún momento es que el Diario Militar pierda validez jurídica, por eso es que están usándonos de esa manera y de esa forma poder aprovechar para desarticular totalmente al GAM. Ellos no han tenido presente que en caso del Diario Militar ya hubo una sentencia condenatoria contra el estado de Guatemala en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), subrayó.
Al respecto la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva expresó su enorme preocupación y a la vez manifestó su plena solidaridad con el GAM, porque consideró que lo que vive esta reconocida organización de derechos humanos es de alta gravedad.
Por último Oliva señaló que en Honduras, apenas se está avanzando en el tema de la justicia transicional, “hay esperanzas, pero también hay enormes preocupaciones, y una de esas preocupaciones es el tema de la aplicación de justicia en nuestro país”.
El GAM ha estado recibiendo una serie de muestras de apoyo y solidaridad de diversas organizaciones de derechos humanos del continente y del mundo entero, frente a la persecución y criminalización que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos de esta organización.
El 26 de mayo de este año, la Agencia Francesa de Prensa (AFP) informó que el exjefe de la Fiscalía contra la Corrupción de Guatemala, Stuardo Campos, fue arrestado bajo una acusación «espuria» de «abuso de autoridad e incumplimiento de deberes», en un nuevo caso de detención de un operador de justicia, que fue confirmado por las autoridades.
La televisión local mostró al exfuncionario siendo trasladado a la judicatura con grilletes en las manos y, mientras caminaba escoltado por agentes, afirmó ante las cámaras que se le acusa de «abuso de autoridad e incumplimiento de deberes».
Se trata, añadió, de «una denuncia espuria presentada por la (derechista) Fundación Contra el Terrorismo (FCT), que sistemáticamente se ha dedicado a la persecución de operadores de justicia».
Estados Unidos describió a la FCT como «una ONG conocida por tomar como blancos a defensores de los derechos humanos y (luchadores) anticorrupción».
La fiscalía confirmó a la AFP la detención de Campos, sin precisar los cargos en su contra. Campos se convierte así en el más reciente operador de justicia detenido durante la gestión de la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, en una serie de detenciones que ha generado críticas de la comunidad internacional.
El año pasado fue detenida y sentenciada a cuatro años de prisión conmutables la jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virgina Laparra.
Además, entre los perseguidos figura el jefe general de la FECI, Juan Francisco Sandoval, quien fue separado del cargo en 2021 tras investigar al presidente Alejandro Giammattei por supuesta corrupción.
Sandoval se exilió en Estados Unidos, país que lo considera un «campeón anticorrupción».
Todos los sindicados trabajaron junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU que entre 2007 y 2019 desbarató redes de corrupción estatal.
Campos fue jefe de la fiscalía encargada de perseguir la corrupción hasta 2021. Luego fue removido por Porras a la fiscalía de tráfico ilícito de migrantes, señaló el cable noticioso de la AFP del pasado 26 de mayo de 2023.
