A juzgar por los hechos, el vecino pueblo guatemalteco se hartó de Sandra Torres y su estructura corrupta, y exige con un paro nacional en progreso que se vayan su fiscal general Consuelo Porras, el jefe anti-impunidad Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana, porque judicializan adrede las últimas elecciones para dejar sin partido al nuevo presidente Bernardo Arévalo y permitir la continuidad de la dictadura criminal de los últimos 70 años.
Actuando en nombre del interés nacional como les encanta blofear a los pícaros, obedientes a los principios de la democracia oligárquica, simplemente disfrazados de mandaderos de los corruptos, los miembros de esa triada del juez, fiscal general y defensor tienen a los chapines arrechos, bien encachimbados.
Y pensar que, mientras allá el pueblo exige a los criminales la salida de los fiscales por protectores de corruptos, aquí el Bloque de Oposición Criminal exige al pueblo representado en el Congreso que le nombre sus fiscales de la impunidad. ¡Qué enorme contraste!
Chapinlandia está auto convocada en las calles de casi todos los departamentos de GuateMaya, paralizando progresivamente las principales arterias del país y haciendo sentir la presencia punzante del soberano. Honduras observa.
El contexto allá está caliente. La toma de posesión de Arévalo en enero y el futuro de su Movimiento Semilla están en ascuas. Sigue gravitando la orden del juez Séptimo Penal Fredy Orellana en julio pasado de cancelar la personalidad jurídica de su partido ganador, bajo alegato de falsificación de firmas de ciudadanos en 2017. Las hienas del poder acechan. La OEA de Almagro espera luz verde de la Casa Blanca para intervenir a petición del propio Arévalo. !Qué ironía!
En medio de esa incertidumbre de por sí ya inflada, la Corte de Constitucionalidad viene de agregar esta semana un puño de sal a la herida opinando que si un juez penal tiene evidencias concretas entonces tiene facultades para suspender o cancelar una organización política reconocida por la Ley Electoral.
Guatemala es el único país de la región centroamericana que continúa bajo la tutela directa de Estados Unidos, encerrada en la ruta crítica de la migración masiva entre Honduras país expulsor y México país tránsito, hacia el enorme muro racista de los republicanos y demócratas.
Convertida en socavón vacío de las empresas mineras canadienses y campo agrícola de monocultivos, Guatemala es un país cautivo de las estructuras represivas de Ríos Mont, de los carteles de Otto Pérez Molina y de las redes de corrupción de Sandra Torres. Con ellos de nuevo este hermano país está expuesto al asalto brutal de su pueblo mayoritariamente indígena maya.
La experiencia de Guate debe enseñar a Honduras una nueva lección. Sin la presencia organizada del pueblo en las calles ningún proyecto político tendría futuro frente a los grupos criminales que acceden al Estado para robar, masacrar y enmierdar la dignidad del pueblo.
Ante ello, sin ruborizarse ni agüevarse, el partido Libre y una amplia red social deberán organizar desde ya la estrategia para ganar y defender los resultados electorales de las próximas contiendas y de las próximas batallas políticas, priorizando los gobiernos locales y el Congreso Nacional. Y la opinión pública y la estrategia internacional. No hay tiempo que perder.
Arévalo puede gobernar Guatemala sin partido, pero no puede hacer nada sin pueblo. De ahí que la relación del gobierno de Xiomara con nuestro pueblo debe avanzar hasta la intimidad profunda del alma nacional, sin dejar un día de tejer fino para que al momento preciso sea la gente quien decida y mande.
Honduras puede enseñarle a Guatemala, igualmente, que la Organización de Estados Americanos no es el actor interamericano llamado a resolver en nombre de Washington su conflictividad nacional ni mucho menos su crisis de gobernabilidad política actual.
La OEA mostró con Insulza en 2009 y con Almagro en 2015 que no es interlocutora de los pueblos de las Américas, sino un enorme cascarón burocrático actuando al servicio de la geoestrategia estadounidense en el continente.
La suspensión formal de Honduras como Estado miembro de la Asamblea General no significó la restitución real del hilo constitucional roto por los militares hondureños, el cartel empresarial latinoamericano CEAAL y el Comando Sur de Estados Unidos. Hilary y Obama se negaron a llamar golpe al golpe. Insulza y Almagro hicieron ganar tiempo a los golpistas locales e internacionales, no detuvieron la represión contra el pueblo en resistencia, no acompañaron el castigo a los asesinos, y desarmaron ellos mismos la estructura anticorrupción de la MACCIH en complicidad con el preso de Nueva York. La OEA es cómplice de 14 años de narco dictadura en Honduras. Y de la corrupción profundizada.
Arévalo hace mal en pedir a Estados Unidos que mande su chien de garde a apaciguar la marea del pueblo guatemalteco y hace mal confiar las soluciones institucionales a un organismo que acompañó el golpe a Evo en Bolivia, que consciente el golpe a Castillo en Perú, deja hundirse a Haití en la violencia, justifica el embargo a Cuba y ataca caninamente a Venezuela. Mal por Arévalo, hijo del revolucionario Juan José Arévalo, quien exigió a la OEA hace 70 años que impidiera la intervención militar de Estados Unidos en Guatemala.
Guatemala, sin embargo, nos muestra hoy que el pueblo de Honduras no está equivocado al rechazar que Juan Orlando, Zambrano, Yany Rosenthal y Carlos Flores elijan su Cabañas para el Ministerio Público de la Impunidad. Dejarles hacerlo sería impedir la exigencia colectiva de justicia. Sería aceptar el veredicto de los canallas. Los guatemayas lo entienden perfectamente: dejar que la fiscal Porras, el juez Orellana y el acusador Curruchiche continúen en su plan desestabilizador sería regresar otros 70 años al punto cero.
Hermanas y hermanos de Guatemala, nuestro abrazo resistente a su lucha de coraje y dignidad. Ni un paso atrás.
¡Buenas noches!
