Por: Sandra Rodríguez
La Paz, Honduras.- Desde el 2012 y 2015 un grupo de 22 indígenas defensores del territorio cumplen medidas sustitutivas a la prisión, acusados de usurpación y tala del bosque, en la comunidad indígenas Los Laureles en Arenales, municipio de Santa María, ubicado a 137 kilómetros de Tegucigalpa.
El 18 de junio del 2015, a las cinco de la mañana llegó la policía a bordo de varias patrullas a Los Laureles. La población se sorprendió ante la irrupción sin previo aviso.
Uno de los procesados es Francisco Vásquez, quien aseguró que “sin decir por qué nos detenían nos subieron a las patrullas”. Les comentaron que era para una investigación, pero no se ahondó en la información.
Desde entonces, va a firmar cada quince días a los juzgados de Santa María, para respetar la ley, misma que considera le violenta sus derechos ciudadanos, ya que ha pasado mucho tiempo sin una revisión de medidas sustitutivas que los coarta de sus derechos a la libertad de locomoción, trabajo y económico entre otros.
Pedimos que actúen con justicia no nos han comprobado los hechos de los que nos acusan, afirmó a Defensores en Línea, el dirigente indígena, quien al igual que 300 mil familias hondureñas de vocación campesina no tiene acceso a tierras para cultivo.
Entre el grupo hay cuatro mujeres criminalizadas. Apolonia Vásquez, Aleyda Díaz, Marcelina Aguilar y Lucia Vásquez, no olvidan como la policía las sometió a la impotencia, subieron a una patrulla y sus hijos quedaron abandonados aquella madrugada.
Lucia, actualmente de 52 años, dejó a sus cipotes sin saber que sucedería con ellos, se quedaron en ayunas, pues ni café les había hecho. Incluso, su hija mayor que tenía un niño de dos años y aún lo amamantaba, fue llevada en la patrulla y acusada injustamente, declaró.
“A una la levantan de su casa, sin saber. A un sobrino lo sacaron desnudo de la casa para que les enseñara las casas de quienes les preguntaron”, agregó la campesina criminalizada.
¿Usted es Lucía Vásquez? -preguntó la policía
Sí –respondió- me pidieron el número de cédula y me dijeron que no me fuera porque iba para Marcala. Cuando íbamos a mitad de carretera nos decían ¿saben para dónde van ustedes? ¿Y saben que van allá a estar encerradas?
Y les dije que no sabíamos por que nos fueron a sacar a media madrugada, mis hijos se fueron a la escuela sin tomar café, sentí tristeza por mis hijos, reiteró, durante una visita que realizó el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) en el marco de documentación de casos con la Red de Defensores de Derechos Humanos Indígenas Lencas de La Paz (REDHIL-Paz).
El dirigente campesino, Carlos Argueta, tiene dos procesos por la misma lucha. Él fue requerido en 2012, donde le dieron medidas sustitutivas a la prisión, acusado de usurpación; En 2015 estuvo seis semanas en privado de libertad, en esta ocasión acusado por dos delitos.
Su petición a las autoridades judiciales es en favor del colectivo criminalizado, «queremos que nos quiten las medidas, ante las acusaciones por usurpación de tierras y aprovechamiento de madera, algo falso porque ni hemos cortado ni un árbol ¡Éso es mentira!
Declaró que «entre el grupo había una muchacha recién criando (parido) como de dos días, se lo hice ver a la policía, pero no me hicieron caso.
Cuando la policía llegó a su casa, Argueta recuerda qué abrió la puerta y le preguntaron ¿usted es Carlos? Si respondió.
Nos agarraron a los dos con la compañera (su pareja) y nos llevaron en la patrulla. A un compañero le golpearon la cabeza con un casco, porque dijo que él no estaba en la tierra, lo que era verdad.
Estuve mes y medio preso, con mucho sacrificio pagamos un abogado y llevo sobre siete años firmando y no vemos nada, lamentó el campesino criminalizado.
Según datos de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), regional La Paz, hasta el 2016, unas 700 personas habían sido criminalizadas por la defensa de la tierra, suma que ha aumentado cada año.
Para cada personas criminaliza es un sacrificio cumplir con las medidas impuestas por los jueces, según Luís Alberto López, coordinador de la comunidad indígena Los Laureles, además de la pobreza, deben perder su día de trabajo.
Aunque unos van a pie, recorriendo largas distancias hasta el casco urbano, ninguno ha dejado de ir a firmar, y se han pasado de tiempo, por lo que queremos que nos solucionen esta situación, puntualizó.
El proceso de recuperación de tierras, lo iniciaron en el 2011, cosechában frijoles, plátano y demás productos locales, pero desde las capturas del 2015 ya no cultivan nada, los predios están abandonadas para cumplir con las medidas de los compañeros.
