Tegucigalpa.- El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), solicitó hoy al Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada o Involuntaria de Naciones Unidas, que demande del estado hondureño la creación de una unidad especial de búsqueda de los detenidos desaparecidos y que cese esta práctica.
La petición se realizó durante el 124° período de sesiones que se ha desarrollado del 10 al 19 de mayo, donde los familiares de los desaparecidos en el marco de la suspensión de las garantías constitucionales como medida preventiva por el contagio de covid-19, expusieron sus casos ante los miembros del Grupo de Trabajo.
Los familiares y el Cofadeh expresaron a los miembros del Grupo de Trabajo que cuando acuden al Ministerio Público a denunciar los casos, no se los quieren recepcionar, y les manifiestan que no lo pueden hacer porque la desaparición forzada no es un delito.
“Es muy doloroso, muy desesperante porque ellos no comprende el dolor que uno tiene, y si eso se hubiera corregido, en esta etapa en el país no seguirían dándose tantas desapariciones”, les expresó Karla Maldonado, hija de Jorge Alberto Maldonado, desaparecido en septiembre de 1983.
En 1995, cuando comenzaron a realizarse las primeras exhumaciones, Karla y su madre acudieron al Ministerio Público con la documentación, registros y todo lo necesario para ver si alguno de aquellos cuerpos que exhumaban pertenecía a su padre, pero nunca recibió respuesta.
“Pasaron bastantes años y no le daban seguimiento y entonces con mi mamá íbamos al Ministerio Público y cada vez que íbamos nos volvían a pedir toda la documentación, porque nos decían que los habían extraviados”, les contó Karla.
“Cada vez que vamos al Ministerio Público nos ven con desprecio, no son conscientes del dolor que se siente en el transcurrir de los años”.
También denunció que las mismas personas involucradas en aquel tiempo, también están involucradas en las desapariciones actuales y que por eso no existe ningún interés en investigar.
Asimismo indicó que debido a las causas de la desaparición forzada y la persecución que se tuvo, su madre hace dos años comenzó a padecer de problemas mentales.
Por su parte Geovanny Aguiluz denunció ante los miembros del Grupo de Trabajo que su hijo Cristian Javier Aguiluz Melgar, de 20 años, desapareció después ser detenido por agentes de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) en San Pedro Sula. Indicó que los agentes allanaron la casa donde vivía su hijo sin ninguna orden y que de ahí se lo llevaron.
Señaló que él ha ido al Ministerio Público y a las diferentes posta policiales del Valle de Sula a interponer la denuncia y que no ha tenido ninguna respuesta-
Asimismo expuso que en la policía le han manifestado que ese día no realizaron ningún allanamiento, versión que no cree porque él está convencido que fueron las Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas que se llevaron a su hijo, por el tipo de armas que usaban y en los carros en que se conducían, donde uno de esos vehículos él lo ha visto en una de las postas de San Pedro Sula.
Susana Vásquez, defensora de los derechos humanos en el departamento de La Paz, madre de Osman Daniel Vásquez Martínez, desaparecido el 27 de julio de 2020 luego de ser detenido por agentes policiales en el municipio de Marcala, denunció que acudió a la posta policial para verificar la detención de su hijo pero no la dejaron entrar.
Susana al ver que no le aceptaban la denuncia y que su hijo seguía sin aparecer, acudió al COFADEH a denunciar la desaparición, esta organización de inmediato interpuso un habeas corpus ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, seguidamente envió una acción urgente al Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, ubicado en Ginebra, Suiza.
El 30 de julio, tres días después de la desaparición, Susana recibió un video donde su hijo lo estaban subiendo a la patrulla con registro PN-089.
“Necesitamos que nos ayuden porque para los parientes es muy triste, muy doloroso que nuestros seres queridos hayan desaparecido, y el estado de Honduras no se preocupa por nosotros, no le interesa y no nos escucha”, señaló Vásquez.
Janeth Mejía expuso ante los miembros del Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada que el 22 de junio de 2020, en medio de la implementación de la suspensión de las garantías constitucionales, su hijo César Roberto Haddid Ortiz Mejía desapareció luego de salir de su casa para ir a buscar unos medicamentos para su abuelo.
Relató que su hijo pasaría por el trabajo de ella para ir a comprar los medicamentos, pero que esté nunca llegó. Preocupada llamó a casa de su padre en donde le dijeron que César Roberto ya había salido. Transcurrió el tiempo y ya alarmada, pidió ayuda a su hermana y cuñado para que indagaran en postas policiales para averiguar si el joven estaba detenido. Dijo que visitaron varias postas policiales sin obtener resultados.
Asimismo señaló que hasta en marzo de este año asignaron un fiscal al caso de su hijo y que dos días después de haberse contactado con la fiscal, la asaltan. Dos individuos se acercaron al vehículo donde se transportaba, sacaron las pistolas y le hicieron tres disparos; le llevaron la cartera con todas las pertenencias.
Denunció que en esta búsqueda por encontrar a su hijo, aparte de ser asaltada, también ha sido víctima de persecución y chantaje.
La coordinadora general del Cofadeh, Berta Oliva, manifestó que en Honduras hay una política de estado que atenta contra la ciudadanía, especialmente contra la juventud, tal como sucedió en la década de los años 80, y que el punto es de atacar, eliminar y por eso se ha puesto en práctica la desaparición forzada como un método de aniquilar el pensamiento y la demanda crítica.
“Creemos que hay una nueva misión del pasado traída al presente, producto de los altos niveles de impunidad, donde las desapariciones forzadas es puesta en práctica, porque es la forma de aterrorizar a toda la población”, señaló Oliva.
“Es comprensible que nosotras los familiares nos pongamos híper angustiosas cuando nos toca hacer denuncias ante organismos como ustedes, porque como estamos en Honduras, sabemos que podemos enfrentar nuevas represalias de las que ya se han venido diciendo”, manifestó la defensora de los derechos humanos.
En sus peticiones, la coordinadora del Cofadeh solicitó a los miembros del Grupo de Trabajo que le pidan al estado hondureño la creación de una unidad especial de búsqueda de los detenidos desaparecidos en el país y que debe ser como punto de partida los desaparecidos de los años 80.
También demandó que se le pida al régimen el cese de la práctica de la desaparición forzada, ya que en estos momentos se está aplicando como método de terror y que es un método que les ha servido para mantenerse plenamente en impunidad.
En las desapariciones forzadas en Honduras se ha identificado cinco contextos distintos, las desapariciones de los años 80, en el marco de la doctrina de seguridad nacional aplicada en Honduras como en el resto de las Américas; luego en los años 90 con la aplicación de la Cero Tolerancia a la delincuencia, donde también ocasionaron desapariciones forzadas con patrones similares y aplicado en la década de los 80; con el Golpe de Estado de 2009 se reactivaron las desapariciones por razones políticas; también se produjeron desapariciones por el conflicto de la tierra y finalmente a finales de marzo de 2020 con la suspensión de las garantías constitucionales como medida preventiva por el contagio de covid-19.
En el encuentro, realizado vía virtual, por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas participaron Luciano A. Hazan, Aua Balde y Bernard Duhaime, mientras que por los familiares de los nuevos desaparecidos estuvieron Karla Maldonado, Geovanny Aguiluz, Susana Vásquez y Janeth Mejía. También participó la coordinadora general del Cofadeh, Berta Oliva, y Mery Agurcia.
